“Es una operación nacional que excede a Salta”, contestó a Página/12 Gonzalo Quilodrán, uno de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), al que el diario La Nación apuntó supuestamente por haber entregado unos $1600 millones “entre empresas, cooperativas y grupos militantes”, publicación a la que se sumaron medios salteños para dar detalles de los beneficiados en la provincia.
Quilodrán contó que cuando conocieron de la existencia de la investigación invitaron al periodista José Crettaz para contestarle cualquier tipo de dudas. “Uno de los planteos era que entre los diez proyectos más grandes, tres eran Pymes unipersonales de Salta y ninguna cooperativa”, prosiguió el funcionario.
Dijo que respondió que hasta ahora son tres “pero van a ser muchos más" porque se trata de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que brindan conectividad en lugares que hoy no la tienen o que pueden mejorarla a través de la fibra óptica.
Lejos de excusarse, afirmó que ese será el rumbo, y que incluso les gustaría apretar aún más el acelerador para llegar a más territorio a través de quienes son los únicos prestadores zonales y que no solo inyectan ese dinero en sus comunidades, sino que generan nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, indicó que esos $1598 millones representan el doble de lo que invirtió el macrismo en sus cuatro años para desplegar redes en internet. “No nos van a correr con suspicacias”, sostuvo, y aclaró que todas las empresas que están prestando servicios en la provincia “están en regla y ganaron esos concursos como corresponde”, a través de los programas de subsidios para desarrollar la conectividad de regiones alejadas, inaccesibles o empobrecidas, de menos de 30.000 habitantes, en donde no haya más de un licenciatario, y “donde el mercado no ve rentabilidad pero las pequeñas empresas familiares sí”. El programa financia a través del Fondo Fiduciario de Servicio Universal el 80% de la inversión, mientras que el 20% restante le corresponde a la empresa desarrolladora.
Con respecto a la ausencia de cooperativas entre las adjudicatarias de los proyectos, el director del ENACOM explicó que se debe a que en Salta no existe ninguna cooperativa de telecomunicaciones, “no hay cultura cooperativa”, por lo que reiteró que no hay lugar para las suspicacias y que no dejarán de lado la decisión de seguir apoyando a los emprendedores y haciendo crecer la conectividad en todo el territorio nacional.
Aseguró que los tres beneficiarios de los aportes no reembolsables están trabajando y sus obras son tangibles, “se está por terminar el tendido en Cachi para Semana Santa, con todo lo que implica tecnológicamente ese impacto en el sector turístico y vitivinícola”. Añadió que seguirán por otros pueblos como Payogasta, Seclantás, Molinos, Angastaco y La Poma, así como se está avanzando con el tendido en Santa Victoria Oeste y en la Puna. “Y vamos a financiar proyectos en el Chaco salteño, en Anta, en el Valle de Lerma, no nos va a amedrentar con una operación mediática”, ratificó.
Los casos cuestionados
Sobre los privados apuntados por el periodismo, Quilodrán aclaró que Javier Cardozo, un empresario Pyme de los Valles Calchaquíes, es cuestionado por una causa previa por presunta estafa a la AFIP en 2013 pero de la cual fue sobreseído, por lo que argumentó “que hoy el estatus jurídico de esa persona es tan normal como el de cualquiera”.
Cardozo recibió $60 millones para el tendido de fibra óptica en los valles ya que presta servicios en Cafayate y Cachi desde hace 13 años. “Donde él prestaba internet de manera inalámbrica, se está haciendo un recambio tecnológico para migrar hacia la fibra óptica en seis municipios de la zona”, detalló Quilodrán.
El otro pequeño empresario, Ariel Peloc, provee conectividad en las localidades de Santa Victoria Oeste, “lo hacía de manera muy precaria y es un tipo oriundo de allí”, indicó el funcionario salteño. Y agregó que Peloc y su gente “pusieron todas sus antenas y postes a lomo de hombre y entre los cerros”.
Peloc recibió $27 millones, “que si tuviera que ponerlos él no los recupera nunca en su vida, y es la única forma de hacerles llegar ese derecho a esos salteños que viven en esa región para que tengan las mismas posibilidades que todos nosotros”. Por lo que consideró “muy mezquinos” a quienes cuestionan este tipo de inversiones, “que para nosotros son motivo de orgullo”.
El último emprendimiento criticado es el que se está realizando en el departamento Los Andes, allí Hernán Rodríguez López, un prestador de servicios para la minería, recibió $39 millones para hacer llegar la fibra óptica desde San Antonio de Los Cobres hasta las localidades de Santa rosa de los Pastos Grandes, a través de la ruta provincial 129; Olacapato, por la ruta nacional 51, y desde allí por la ruta 27 hasta Tolar Grande.
“Es un anillo que nos va a permitir dar solución a los más de 8.000 pobladores que viven en la zona pero a su vez tiene un impacto tremendo en el sector minero, el turístico, la seguridad vial, porque se van a instalar postes de SOS a lo largo de esas rutas”, fundamentó Quilodrán, quien subrayó que principalmente fomentará el potencial científico, tecnológico y astronómico de la puna.
Por último, fue taxativo al aclarar que así como en Salta, se están financiando proyectos en por lo menos 20 provincias más, y llegarán a las 24 jurisdicciones, “hay 73 proyectos más”. Aunque los salteños son los que precisaron de mayor inversión “por el desafío que representa la geografía en estos lugares”. “En Santa Victoria son $27 millones, pero porque hay 116 kilómetros desde esa localidad hasta el nodo más cercano de ARSAT en La Quiaca y todo por arriba de los 4.000 metros de altura”, explicó. Mientras que para los Valles Calchaquíes, el dinero invertido abarca a seis municipios “mucho más grandes” sobre la ruta nacional 40.
Por último, Quilodrán reconoció que esperaban este tipo de embates, dijo que sabe que “esto recién arranca y estamos calentando motores”, y subrayó que “no hay nada qué ocultar” al respecto.