La defensa del empresario Lázaro Báez pidió ayer la declaración de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de otros funcionarios y policías por lo que consideraron una maniobra que llevó a la detención del constructor santacruceño. Como se recordará, el juez Sebastián Casanello argumentó que Báez viajó en su avión desde Río Gallegos, el 5 de abril pasado, sin plan de vuelo. No obstante, como estaba previsto llegó al aeropuerto de San Fernando y había una multitud de medios esperándolo, con el dato de que sería apresado. Es decir que no existió –dice la defensa– ningún plan de fuga ni incertidumbre sobre el destino final del avión. El argumento de la defensa es que Báez fue apresado sobre la base de una mentira y piden que se investigue. 
Los abogados de Báez, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se presentaron ayer ante Casanello para cuestionar, de hecho, la detención del constructor. El magistrado tiene la causa por lavado de dinero cuya pieza central es aquel video en que se ve el conteo de dinero en la financiera SGI. La otra causa contra Báez está en manos de Julián Ercolini y es la que tiene que ver con obras públicas. 
En las 18 páginas del escrito, los abogados enumeran lo que ellos llaman “hechos raros”. Empiezan por mencionar que hubo una especie de informe de inteligencia en el que se sugiere que no se sabe adónde se dirigía el empresario en el avión privado, cuando era público que viajaba a Buenos Aires porque al día siguiente debía declarar ante Casanello. Pero para los letrados es más “raro” todavía que cerca de las 18, supuestamente, un secretario del juez se comunicó con un oficial de la Federal que estaba en San Fernando para ordenar la detención. Sin embargo, antes de esa hora ya dos medios de comunicacion habían adelantado que Báez sería apresado: para Rusconi y Palmeiro, eso demuestra que no había ni plan de fuga ni inexistencia de plan de vuelo porque policías y periodistas estaban esperando en el lugar prefijado para el aterrizaje: San Fernando. 
Los abogados piden por eso que declare la ministra Patricia Bullrich, como responsable del operativo y de los policías que actuaron, y además solicitan que se verifique en los aeropuertos patagónicos que en ningún momento el avión cambió de rumbo ni tenía otro destino que el prefijado.
El escrito de Rusconi y Palmeiro sugiere que hubo una gran operación del Ministerio de Seguridad para convencerlo al juez de que Báez podía escaparse y luego, desde la misma cartera, se les transmitió a los medios que el avión llegaría a San Fernando y que el constructor sería detenido. 
Para redondear, aquella jornada terminó sometiendo a Báez a una exposición grotesca: lo llevaron de San Fernando a una comisaría de Plaza Italia, donde lo ingresaron ante las cámaras, para después sacarlo otra vez hacia una dependencia policial en la General Paz. El plan de la defensa del empresario es seguir cuestionando la detención, reiterar el pedido de libertad o de prisión domiciliaria y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.