La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la Asociación Civil Memoria Activa, que agrupa a víctimas y familiares de las víctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 voló en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

En su Informe de fondo sobre ese hecho que dejó 85 muertos y 151 heridos, la CIDH "valoró que en el año 2005 el Estado aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva".

La Comisión consideró, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado "conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, particularmente después de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992".

En el documento se sostiene que "dicho riesgo era real e inmediato", y una muestra de ello es que "existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA".

En función de ello, la CIDH estableció que "el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio".

Aunque la comisión concede que no se probó que las omisiones tuvieran "un carácter deliberado" contra la comunidad judía, esas falencias prueban que las autoridades argentinas se abstuvieron de tomar medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio".

Respecto al proceso judicial, la Comisión concluyó que los órganos estatales "cometieron graves irregularidades", y observó que hubo una "deficiente preservación de la escena del crimen e interrupción irracional de determinadas líneas lógicas de investigación". 

En ese marco, la CIDH recomienda tomar "medidas para que los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas con el atentado a la AMIA puedan contar con toda la información relevante para conocer la verdad y juzgar y sancionar a los responsables".