La oferta de la semana no fue de ningún supermercado, de una tienda de ropa o un perfume. Tampoco es para todos. Es una oferta tentadora, pero para poder aprovecharla hay que tener un patrimonio de 200 millones de pesos como mínimo, a valor fiscal. Hay que estar alcanzado por el aporte extraordinario de grandes fortunas y considerarlo una injusticia. Que no corresponde hacer un desembolso de 4 millones de pesos por única vez, si se tienen 200 millones, por más calamidades que la pandemia haya provocado, a nivel nacional y mundial, y a la cual todavía le quedan demasiados capítulos.

La oferta de la semana la presentó el estudio de consultoría líder de la Argentina entre las firmas nacionales: Lisicki Litvin, con 32 años de experiencia, 8 oficinas y 350 empleados, según destaca en su página en internet. También dice que está sexto en el ranking general del sector, donde compite con multinacionales como KPMG o Ernst&Young, que en este nuevo negocio de representar a millonarios que no quieren pagar el aporte extraordinario de grandes fortunas se han convertido en duros oponentes.

La oferta de la semana fue bajar en un 50 por ciento el cobro inicial a sus clientes para hacer la presentación en Tribunales en contra de la aplicación de la ley. De los 4000 dólares que el estudio Lisicki Litvin estaba cobrando por ese servicio, lo redujo a 2000 dólares. Esa es la nueva tarifa para arrancar una demanda entre quienes tienen patrimonios de 200 a 500 millones de pesos. Para fortunas de 500 millones en adelante, el fee o pago inicial avanza hasta los 10 mil dólares en la siguiente escala.

Ese movimiento provocó reacciones similares en otros estudios dedicados al mercado de millonarios contra el aporte solidario. También tuvieron que bajar sus cotizaciones firmas líderes como Bertazza Nicolini Corti, BDO, Marval O'Farrell Mairal, Bruchou y Beccar Varela.

Los acuerdos de representación consisten generalmente en un pago inicial, que ahora está de oferta, un abono mensual hasta la finalización del proceso y el saldo en función del resultado del litigio. Los estudios jurídicos, contables, de auditoría y consultoría como los mencionados plantean a sus clientes que la movida les costará alrededor de un 25 por ciento de lo que deberían pagar a la AFIP.

Si el millonario tuviera que tributar 4 millones de pesos, con 1 millón en honorarios a su estudio amigo lograría esquivar el compromiso, si todo sale bien y entre ambos consiguen torcerle el brazo al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a través del Poder Judicial.

La expectativa de mínima es ganar tiempo, estirando el momento de liquidación del aporte ante la AFIP a la espera de un mejor escenario político para sus intereses de millonarios. Un cambio en las relaciones de poder, se ilusionan, que tal vez hasta los libere por completo del gasto o por lo menos lo reduzca de manera significativa. Es decir, que sea mejor opción pelear en los juzgados que pagarle a la AFIP.

Un gran contribuyente llegó a abonar 50 mil dólares por una acción declarativa, que el estudio que lo patrocina presentará una vez que haya vencido el plazo para el primer pago ante la AFIP, que el organismo prorrogó ayer del 30 de marzo al 16 de abril.

Sin embargo, casos como ése tienden a ser la excepción. La decisión o la estrategia dominante entre los más ricos alcanzados por la contribución es pagar y no litigar. En todo caso, observarán la resolución de las demandas en curso, que plantean la inconstitucionalidad de la ley.

Otra señal de disposición a cumplir con el aporte fueron las cartas que las principales cámaras empresarias le enviaron al Gobierno para pedir más plazo para el primer vencimiento.

La AFIP lo explicó en un comunicado: “Desde distintas entidades como la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio solicitaron una prórroga del vencimiento de la presentación de la declaración jurada y pago del aporte solidario y extraordinario. Las misivas enviadas a la AFIP hacen referencia a la necesidad de un plazo más extenso para que sus representados alcanzados puedan producir la documentación e información de respaldo necesarios para concretar el pago del aporte”.

En resumen, si están pidiendo más tiempo, es porque la voluntad mayoritaria del empresariado es pagar. “También es cierto que el miedo reputacional existe. Es un riesgo ser catalogados como insolidarios”, señala un dirigente industrial.

La concesión de la prórroga por parte de la AFIP hasta el 16 de abril muestra, a su vez, que el Gobierno también busca facilitar cuestiones operativas para el cumplimiento de la norma. Otro ejemplo es el plan de facilidades de pago en cinco cuotas para efectivizar el aporte, tras una primera liquidación del 20 por ciento del monto total a pagar, que ahora se corrió para esa fecha.

En la misma línea, el Banco Central tuvo que intervenir ayer para destrabar la transferencia de un contribuyente que quiso efectuar el aporte, remitiendo el dinero a la AFIP, y el banco se lo impidió porque excedía los límites autorizados de movimiento de capitales.

El Central emitió por la tarde un comunicado en el que recordó que frente a esa situación, “los bancos tienen que elevar temporalmente los montos de transferencia para facilitar los pagos”, sin ningún costo para el contribuyente.

Más allá de la cuestión burocrática, todos esos movimientos anticipan que la contribución de los millonarios será una realidad.

Quienes se oponen son minoría. Por eso el estudio jurídico líder bajó de 4000 a 2000 dólares el costo de presentación de la demanda. En su columna en el diario BAE, Alejandro Bercovich contó que “estudios como Lisicki Litvin organizaron tours por countries y barrios cerrados para compartir con sus habitantes estrategias para eludir el pago del aporte extraordinario”.

De acuerdo a estimaciones del mercado, entre 400 y 800 millonarios elevarán el reclamo judicial contra la ley. La gran mayoría lo hará después de pagar, mediante acciones declarativas.

Hasta el momento la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre otorgó tres amparos a empresarios y ejecutivos de grandes empresas, una de ellas Globant, que se oponen al aporte solidario. En cambio, el juez Sergio Pinto se lo rechazó a un cuarto. Quedan dos por resolver de los seis reclamos iniciales de los que se notificó el Gobierno.

La vía del amparo, sin embargo, no es la favorita de los millonarios que van a litigar. La razón es que consideran probable que la medida sea anulada en segunda instancia tras la apelación de la AFIP. Por lo tanto, la mayoría irá por la acción declarativa, que es una maniobra ex post, después del pago.

La AFIP, además de apelar aquellos fallos, está realizando fiscalizaciones a unos 1000 contribuyentes que no presentaron las declaraciones juradas de Bienes Personales de 2019, que son las que se utilizan de base para determinar cuánto deben pagar por la nueva ley. El organismo advirtió que si no se presentan el 16 de abril, les iniciará querellas por evasión agravada, con penas de hasta nueve años de prisión.

De todos modos, la visión en el gabinete económico es que el aporte extraordinario de grandes fortunas tiene una alta aceptación en la opinión pública y la mayoría de los empresarios acompañará el pago correspondiente. Si eso ocurre, será una victoria resonante del campo nacional y popular.