Dos hombres fueron imputados por la justicia federal, acusados del "transporte de materia prima para la elaboración de estupefacientes". Fueron descubiertos cuando llevaban 4 toneladas de hojas de coca, en la localidad de Joaquín Víctor González, departamento de Anta. Pero luego fueron dejados en libertad por el juez de garantías Julio Bavio, quien les impuso medidas sustitutivas.

Los acusados fueron aprehendidos en el sur de la provincia de Salta, cuando trasladaban la carga "camuflada" entre cajones de verduras y otras mercaderías. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NOA) está a cargo de la investigación.

Bavio hizo lugar a la imputación presentada por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, en contra de los dos hombres por el delito de transporte de materia prima para la elaboración de estupefacientes. 

Los imputados fueron detenidos el martes pasado, alrededor de las 3.30, en la ruta 16, kilómetro 605, y según manifestaron pretendían llevar la carga hasta el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Los acusados trasladaban las hojas de coca en un camión Mercedes Benz con acoplado, en el que también transportaban 16 bultos de medias, uno de cierres y tres con frascos de medicina natural. Para evitar ser descubiertos, además de realizar el viaje de noche, llevaban las hojas de coca, distribuida en 182 bultos, camufladas entre cajones de verdura, informó la justicia Federal.

Villalba indicó que lograron este secuestro por un llamado anónimo a la policía de la provincia que permitió conocer la ruta de la carga ilegal. El fiscal general calificó el hecho como grave, ya que se trata de un secuestro "inédito en la provincia", en lo que respecta a hojas de coca. También resaltó "la necesidad de investigar si la carga, en realidad, tenía como destino ser utilizada como materia prima para la elaboración de estupefacientes”. Además planteó de manera subsidiaria el delito de encubrimiento de contrabando, contemplado en el artículo 864 del Código Aduanero.

El fiscal solicitó un plazo de investigación de 60 días y requirió autorización para una serie de pericias técnicas, entre ellas a los teléfonos celulares secuestrados.

Villalba pidió la prisión preventiva de los acusados esgrimiendo la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal. Sostuvo la hipótesis de que la carga debe ser analizada como materia prima y no como mercadería a ser comercializada para el consumo. 

“Entre los operadores del sistema con más años no recordamos un caso de tanta cantidad, lo cual, por cierto, nos obliga a efectuar un análisis más severo, en especial, por la responsabilidad que tenemos frente a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Nacional en la lucha de este flagelo”, manifestó.

“En este caso, la carga iba dirigida al sur, lo que también no debe pasar por desapercibido, ya que, si bien no tenemos hipótesis de la existencia de cocina en el país, debido al costo e infraestructura que demanda, igualmente se trata de una posibilidad que no podemos descartar”, añadió Villalba.

El defensor oficial Agustín Mogaburur rechazó el pedido de prisión preventiva manifestando que ésta debe ser de carácter excepcional. También discrepó de la calificación de la causa y propuso que fuera de encubrimiento de contrabando, que prevé una escala penal mínima que no contempla la privación de la libertad.

Mogaburur para defender a los acusados, dijo que eran oriundos de Tucumán y Colonia Santa Rosa, que no tenían antecedentes penales y consideró que "no existen elementos suficientes para establecer que sus defendidos podrían ser parte de una organización de narcotráfico. En vista de ello, solicitó la libertad bajo otras medidas de coerción, como el compromiso de no entorpecer la investigación".

El juez aceptó la calificación penal requerida por la fiscalía, pero rechazó la prisión preventiva esgrimiendo que no vislumbra elementos para sostener la hipótesis de que los acusados sean integrantes de una organización delictiva mucho más compleja. Les impuso a los acusados otras reglas de conducta, como la obligación de presentarse ante la dependencia policial, la comunicación periódica con la fiscalía y la prohibición de salir del país.