El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se aleja cada vez más de las planillas de excel y los cálculos numéricos para situarse en terreno 100 por ciento político. La orden es no resignar crecimiento económico ni prioridades sociales para cumplir con el pago de los 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri, un desembolso record que está siendo investigado puertas adentro del organismo que conduce Kristalina Georgieva. 

A tales fines, en la Casa Rosada entienden que la única solución es ampliar a más de 10 años la reestructuración, con otro condimento imprescindible: una negociación perjudicial condicionaría a este y a los gobiernos siguientes, por lo tanto se buscará un apoyo público y legislativo que le de cuerpo al planteo. Un proyecto de ley de respaldo que empezará a discutirse y que será la antesala del aval con los votos del Parlamento al convenio, una vez que esté rubricado. 

La postura de pelear por modificar plazos se definió dos meses atrás y empezó a verse en mensajes del propio presidente Alberto Fernández, que viene refiriendo a prioridades locales antes de cumplir con los pagos al FMI. Luego, haciendo gala de su tono contundente, la vicepresidenta Cristina Fernández lo expuso en un acto del 24 de marzo en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Mencionó que Argentina no tiene hoy el dinero para cumplir, para precisar luego que el país precisa más tiempo y apoyo de todo el arco político para una negociación que reclama más plazo y menos tasas de interés. 

El articulador más activo de esa movida es el diputado nacional Máximo Kirchner, que ya charló el tema con el Presidente, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. En paralelo, entabló vía intermediarios acercamientos con los que en el Frente de Todos consideran dos líderes opositores posibles en las próximas generaciones: el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora María Eugenia Vidal. 

Máximo tiene diálogo directo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, la espada encargada de una parada compleja: conseguir un acuerdo ampliado con el FMI por fuera del normas. Técnicamente, Guzmán sabe que la meta es difícil pero no imposible y que sus maneras son diferentes a las de CFK. Si bien Argentina había elegido un plan de Facilidades Extendidas, que prevé un acuerdo de plazo máximo de 10 años, los gestores locales también expresaron en charlas con el FMI que el préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri fue irregular y violatorio de normas internas del organismo, tanto que además de cargarse a directivos y hasta a la propia Christine Lagarde, se encararon dos pesquisas internas por ese crédito.

Cuando empezó a circular la idea de modificar los tiempos se promocionó el objetivo de de ampliar el plazo a 20 años, pero ese número hoy es más un símbolo que una obsesión: aliviar la carga para próximas gestiones, dado que, si se tomara el programa tradicional a 10 años se patearían los pagos los primeros años pero para los siguientes quedaría una pesada carga. 

Según contaron fuentes oficiales a PáginaI12 , la propuesta no va en contra de cerrar un acuerdo este año, dado que esa sigue siendo la premisa del gobierno de Alberto Fernández. De hecho, la lectura de las palabras de Cristina Fernández lejos están de una postura de no pagar de Argentina, sino más bien la de graficar que, aunque hoy se quisiera hacerlo, no estaría el dinero. 

Fue esta meta de extender plazos la que demoró el acuerdo más que ruidos puntuales existentes con el FMI. Por eso sigue hablándose de una firma del pacto luego de las elecciones legislativas. “Poco a poco lo está conversando”, dijeron en el Gobierno sobre la tarea de hormiga de Guzmán con los técnicos del Fondo. Pero hay hermetismo y, hasta ahora, el vocero del FMI, Gerry Rice, negó tener información respecto a un acuerdo de más de 10 años. 

Guzmán, las giras y los mensajes

Contrariamente a lo que difunden en el mercado y voceros del poder económico local, Guzmán aborda en las giras cuestiones más estructurales que persiguen el objetivo de mostrar que, sin crecimiento, Argentina no podrá pagar. Esa explicación es en la que se sienta el reclamo por años extras para los pagos al Fondo. 

En este escenario, el funcionario logró consenso en su última visita sobre el carácter multicausal de la inflación, corriéndose del foco del tema monetario histórico en el FMI; y resaltó además que la exportación será clave para el modelo económico argentino. Unas horas después, la comunicación del tono del encuentro se refrendó con un parte oficial del organismo y un tuit de Georgieva. El ministro habló también de la sostenibilidad de la deuda, siendo además una carga que no tomó la administración Fernández pero que sí quiere negociar y empezar a pagar en unos años. 

La movida política está pensada para negociar una salida conveniente para casi todos, dejando afuera al sector ultra del PRO que no acepta posturas negociadoras. En el Gobierno creen que hay un alineamiento de los economistas responsables del crédito junto a Mauricio Macri de negar, incluso off the record, la inconveniencia de haber tomado ese dinero. 

En la otra esquina de los ultras están los negociadores. Algunos ya tuvieron debates directos con Guzmán por otras cuestiones. Hace cerca de un mes, el ministro se reunió, por separado, con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli para hablar de temas económicos. El jefe de Gobierno porteño fue uno de los que estuvo en la mesa de la foto que validó la renegociación con el Fondo Monetario, que integraron varios gobernadores, el Presidente y CFK en el inicio de la pandemia. Sergio Massa también trabaja en contactos y nexos posibles con la oposición posible. 

El pedido de CFK de un gesto público del arco político está en línea con la ley sancionada en el Congreso para que cualquier toma de deuda por parte de Estado sea respaldada por el parlamento.