“Es una injusticia. Acá se usa madera seca. Y nadie se fijó en los camiones que se llevaron el palo santo”. La síntesis de (por lo menos), la disparidad del trato que hay hacia los integrantes de los pueblos originarios con su producción de carbón, y quienes talan árboles en los bosques, y que suelen ser finqueros o empresarios, es otorgada a Salta 12 por una mujer wichí de Misión Carboncito, ubicado en Embarcación, municipio del departamento San Martín. 

Hizo su reflexión ante lo ocurrido entre el miércoles y jueves pasado cuando la Policía de Padre Lozano (localidad de paso entre Misión Carboncito y Embarcación), quiso detener por la fuerza al cacique de la comunidad y presidente de la Asociación Nueva Integridad, Ceferino Vallejo.

La contravención (dado que según explicaron desde la misma fiscalía, no constituye un delito penal), fue el traslado de carbón sin el remito, un papel que otorga la Secretaría de Ambiente de la provincia, para dar un viso de legalidad a la producción de carbón. La actividad es la que permite a las comunidades contar con una forma de trabajo en una zona donde es generalizada la informalidad laboral, cuando no la desocupación.

Ceferino junto a su hermano, Gavino Vallejo, iban el miércoles de viaje a Embarcación para pagar el saldo adeudado de la compra de una camioneta. Llevaban además un tráiler con 50 bolsas de carbón. Fue entonces que la Policía de Padre Lozano los detuvo para hacer controles, cuestionar sobre los papeles de la camioneta y directamente secuestrarles el vehículo. 

La denuncia de ellos es que debajo de uno de los asientos quedaron 130 mil pesos. Además, su accionar estaba enmarcado en un acta de julio de 2020, firmada por policías de Padre Lozano, y que indica la posibilidad de las comunidades de la zona de producir carbón. Pero para el Ministerio Publico Fiscal (MPF), ahora (a 9 meses de su firma), el acta no se enmarca en la legalidad.

El comprador de carbón, también

Tras lo sucedido con los Vallejo, al día siguiente se citó a la comisaría al vendedor de la camioneta, Patricio Alarcón, habitante de Embarcación, para que presente pagarés, documentación, título y todo papel que tenga que ver con la compra-venta del vehículo a Gavino. 

"Como me faltaba documentación que tenía Vallejo, me fui a buscar a Carboncito eso y de paso cargué 37 bolsas de carbón”, dijo Alarcón a Salta 12. Al volver presentó todos los papeles, el remito de las bolsas de carbón, y lo dejaron ir, pero bajo la condición de que no se pare en ninguna parte hasta llegar a Embarcación. 

A unos 500 metros de la comisaría, cuando se aprestaba a salir de Padre Lozano, vio ingresar al pueblo a Ceferino con su familia “en otra camioneta”, explicó. Siguiendo las órdenes policiales no se detuvo. “Pero llamé por teléfono a Ceferino para explicarle por qué”.

Inesperadamente, antes de llegar a la salida del pueblo fue interceptado por un Corsa blanco con cuatro uniformados que le indicaron (recién), que iban a secuestrar el carbón y su camioneta porque era ilegal llevar esa mercadería. Entonces custodiado por la policía, Alarcón, fue obligado a volver a la comisaría. Fue entonces que se apersonó Ceferino con su familia, e impidieron el paso de la camioneta de Alarcón (quien era el que manejaba), para que no la secuestren, por entender que se trataba de una injusticia más. 

Alarcón, al ver a los Vallejo cortando el paso, frenó “y un policía me dijo que les pase por encima”. “Yo le dije que no iba a hacer eso. Entonces me pidió que dé marcha atrás para ingresar por otra parte”, contó. Fue entonces que se generó un forcejeo de Ceferino con cinco policías que intentaron detenerlo sin orden alguna, y motivó la intervención de su hija y su mujer en defensa de su pariente.

“Hay un policía que anda mostrando una filmación diciendo que yo me quise ir y no es así”, contó Alarcón al explicar que la marcha atrás fue por indicación de los uniformados.

Al llegar al destacamento lo hicieron bajar del vehículo, que tome sus pertenencias, y sin bajar las bolsas de carbón cerraron la camioneta. “Les pedí el papel de decomiso y no me quisieron dar nada. Entonces saqué fotos al acta porque quedaban como diez renglones en blanco y no sé qué puedan hacer ellos”, dijo Alarcón al sospechar del presunto mal accionar policial al momento de explicar su accionar. En el caso de Vallejo, aseguró, “no le dieron acta ni nada del secuestro del vehículo”. Este lunes Alarcón está citado a declarar ante la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto.

La vara desigual

Vallejo y Alarcón señalaron como el oficial a cargo de estos procedimientos a un uniformado de apellido Arévalo. “Ayer Arévalo pidió licencia, entonces no va a estar tampoco para aclarar el tema”, dijo el comprador del carbón.

Contó que alguna vez le sucedió lo mismo por trasladar la mercadería pero entonces no le secuestraron el vehículo aunque si le hicieron pagar una multa.

Los dos vehículos quedaron secuestrados con el carbón que Alarcón explicó, lleva a Embarcación para fraccionarlo. La disposición en bolsas queda a cargo de otros vecinos, para luego venderlo en el mismo pueblo. Es decir, se convierte en un ingreso para otras familias más.

“Esto para nosotros es como una burla”, analizó la habitante wichí consultada por este medio (y de quien se resguarda identidad por la observable persecución policial), quien testimonió (como suelen hacerlo muchos otros), que hay quienes talan árboles de territorios originarios y hacen pasar los rollos con las guías que da Ambiente de la provincia, como oriundas de un lugar distinto (y en el que se autoriza la explotación forestal). Recordó que un finquero de la zona realizó esta maniobra “y había cantidad de palo santo y eso pasaba por cerca de la Policía y nunca pasó eso”, es decir, lo que le sucedió a los Vallejo y a Alarcón.

El repudio de DDHH

Desde la Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Salta, se repudiaron los “hechos de violencia institucional por parte de la Policía de Salta hacia miembros de la Comunidad de Misión Carboncito”.

Tras tomar conocimiento de los relatos de Ceferino Vallejos, desde la APDH se entendió que existieron actos de “persecución, extorsión, violencia institucional y de género hacia las mujeres”. Recordaron que este accionar violento de la Policía se ha puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades.

“Sumado a este último hecho de violación a los Derechos Humanos, en un contexto de pandemia, persiguiendo a hermanos y hermanas que realizan prácticas de economía comunitaria como medio de subsistencia para familias vulnerables, decomisando la producción de carbón y vehículos que se utiliza como herramienta para transportar dicho producto”, indica el documento.

Recordaron que dos vehículos y la producción del carbón están secuestradas, y en una de las camionetas además el dinero con el que se preveía pagar uno de los rodados.

“Efectivos de la Policía persiguieron al hermano Ceferino, cuando se encontraba conduciendo la camioneta, argumentando que tenían orden de la jueza para detenerlo. Orden que nunca fue exhibida, sino que se lo detuvo de manera arbitraria y violenta. Cuando las mujeres de la Comunidad deciden defenderlo y filmar estos hechos aberrantes, perpetrados por un grupo de efectivos de la policía, cometiendo además actos de violencia física sobre las cuerpas de mujeres hermanas y cuerpos de hermanos”, indicó el comunicado. 

Ante ello exigieron "justicia por los hechos aberrantes de la policía machista y patriarcal de Salta”, y “la devolución inmediata de los vehículos a los miembros de la comunidad Misión Carboncito”. Terminaron su comunicado bajo el lema “¡Basta de persecución y armado de causas a líderes indígenas! ¡A 45 años del Golpe decimos Nunca Más!”.