Concejalas impulsan un pedido de informes sobre la disponibilidad y uso de tobilleras electrónicas duales como herramienta judicial contra la violencia machista. Los dispositivos apuntan a un control sobre los agresores denunciados que representan un riesgo. La iniciativa tiene que ver con la escalada de femicidios/travesticios, por lo que las edilas Luz Olazagoitía, Jésica Pellegrini y Caren Tepp piden información sobre la implementación del sistema en Rosario. "Estos dispositivos --existentes a nivel nacional-- suponen una mejora en cuanto a las herramientas que el Poder Judicial puede tener para ofrecer seguridad a víctimas de violencia de género; complementa el botón de pánico y sin lugar a dudas es muy superador ante las prohibiciones de acercamiento, porque el número creciente de femicidios da cuenta de que eso no alcanza", señaló Olazagoitía.  

En el proyecto que promueve el pedido de informes, las concejalas plantean que "la violencia de género es una problemática con la que convive gran parte de las mujeres e identidades feminizadas de la ciudad". En ese sentido, este diario pudo saber que en cada uno de los cuatro tribunales de Familia de Rosario se dictan cada día unas 15 órdenes de restricción --prohibición de acercamiento o exclusiones del hogar--, en causas de violencia familiar, de las cuales en su mayoría son por violencia de género. 

En la iniciativa, las edilas apuntan a que "los dispositivos --que constan de dos unidades de rastreo-- permiten realizar una vigilancia sobre agresores denunciados". Se trata de una herramienta dual "porque se destinan a la víctima y al agresor, que lleva un transmisor (brazalete o tobillera) para supervisar de manera permanente. El sistema monitorea la ubicación del agresor y fija zonas de exclusión o de peligro como el domicilio o lugar de trabajo de la víctima, el colegio de les hijes, entre otras. Y, ante una violación del perímetro se emite una alerta para proteger a las víctimas y a su vez tiene valor probatorio en causas judiciales", un dato que no es fácil de demostrar, ya que en las audiencias los agresores suelen decir que no estaban notificados de que no podían acercarse, y muchas veces son las propias víctimas quienes debe poner en conocimiento a la comisaría de la zona.

En ese sentido, buscan saber si los dispositivos se están usando en la ciudad, ya que --según indicó Olazagoitía-- "de manera informal, tuvimos oportunidad de preguntarle a miembros de la Justicia si les parece que sería útil y dijeron que no hay disponibles; queremos saber por qué", ya que “deberían ser parte de las medidas que disponga la Justicia para protección de quienes denuncien y que se encuentren en contextos de alto riesgo". 

Además, el proyecto menciona una nota publicada semanas atrás por Página/12 que dio cuenta de que “la Justicia usa menos del cincuenta por ciento de las pulseras o dispositivos duales disponibles actualmente en el país para monitorear a varones denunciados por violencia de género. Los jueces y juezas son quienes deben pedirlos y ordenar su colocación en los agresores para controlar si violan una restricción perimetral. Pero no lo hacen en la medida en que deberían: quedó en evidencia con los femicidios de Úrsula Bahillo, el 8 de febrero en Rojas, provincia de Buenos Aires, y (...) con el de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, Neuquén. Aunque la justicia les había dictado prohibiciones de acercamiento a sus ex parejas (...), ninguno tenía una tobillera”, reza la nota.

En suma, para las concejalas resulta vital "contar con información precisa y circunstanciada de cuáles serían los alcances de este dispositivo en la ciudad. A fin no sólo de contar con datos certeros sino de elaborar políticas públicas en consecuencia. Contar con información colabora a ofrecer posibilidades de generar cambios estructurales que conlleven al pleno goce y respeto de los derechos", expresa el texto en el que piden tratamiento y aprobación para que se solicite un informe a los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos provincial; al Poder Judicial provincial y a la Fiscalía.