A dos días de que concluya la vigencia del DNU 320/20 que suspendió los desalojos, prorrogó los contratos y congeló los precios de los alquileres, distintas organizaciones de inquilinos se manifestarán en la ciudad para pedir que se prorrogue el decreto y para visibilizar una situación que afecta a un 30 por ciento de la población rosarina, según sus cálculos. Para hoy a las 20 está previsto un ruidazo organizado por la Federación de Inquilinos Nacional, mientras que el Frente Nacional de Inquilinos convocó para mañana a la misma hora un “Inquilinazo” en la Plaza de la Cooperación, en donde darán a conocer los distintos puntos que le reclaman al gobierno nacional. A su vez, hoy está prevista una reunión de la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat en la que los distintos actores buscarán encontrar una salida progresiva para que quienes alquilan no sufran un golpe tan fuerte a partir del 1º de abril.
El inminente final del decreto nacional, ya anunciado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, tuvo efectos dramáticos en una gran parte de la población que debe sostener el alquiler de una vivienda o de un local comercial. "La situación en las últimas semanas se ha vuelto crítica para los inquilinos. Hubo una catarata de cartas documentos planteando que el 31 de marzo tenían que dejar el inmueble", planteó Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino, que forma parte de la Federación de Inquilinos Nacional. Paralelamente, Ferraresi también anunció un protocolo de desalojo, una herramienta que Artola considera necesaria: "Hay una actitud casi mafiosa de buena parte del mercado inmobiliario. Por eso este llamado que hacemos a una presencia activa del Estado en el cumplimiento de la ley de alquileres y la regulación del mercado”.
Según las consultas que reciben en la Defensoría del Inquilino, el 40 por ciento tiene deudas de uno, dos y hasta seis meses de alquiler. "El decreto plantea que a partir de abril lo adeudado se salda en 12 cuotas, pero hay inmobiliarias y propietarios que están exigiendo el pago completo antes del 31 de marzo", sostiene Artola. "De hecho, desde los organismos estatales nos derivan la consulta a nosotros, que somos una Defensoría autogestiva. Si el Estado no está presente con un compromiso activo, la ley es letra muerta y las inmobiliarias hacen lo que quieren. En el mercado inmobiliario predomina el apriete, la amenaza, la extorsión, la patoteada", señaló Artola.
A su vez, afirmó que el incremento de los precios de los inmuebles "es una maniobra especulativa del mercado, que busca poner la responsabilidad de estos aumentos en la sanción de la nueva Ley de Alquileres", y sostuvo que "el precio inicial lo siguen definiendo los propietarios y el mercado. Según Artola, "el objetivo es producir incertidumbre y miedo en los inquilinos, como argumentos para decir que el problema es la ley sancionada el año pasado". La semana pasada, la Cámara de Inmobiliarias y Juntos por el Cambio plantearon la necesidad de derogar la ley: "Quieren volver a la desregulación total del mercado inmobiliario, que los precios los definan las inmobiliarias, que los contratos no tengan un piso de tres años, que los ajusten no sean anuales sino semestrales y hasta trimestrales", consideró Artola.
Por eso, desde la Federación de Inquilinos reclaman que se prorrogue el decreto porque "la crisis sanitaria sigue vigente" y alertan que "hay muchísimos inquilinos y familias al borde de quedar en la calle". En ese marco, convocaron para hoy a las 20 un ruidazo para que "cada uno desde su departamento o su casa haga ruido en el balcón, la terraza, la vereda, con lo que tenga a mano, para que se escuche muy fuerte y así lograr la continuidad del decreto, un plan de desendeudamiento y el cumplimiento pleno de la nueva ley de alquileres”. Además, habrá una concentración en la plaza Pringles.
Otra de las organizaciones que puso el grito en el cielo ante la inminente caducidad del decreto es el Frente Nacional de Inquilinos que hoy planteará sus reclamos ante el ministro Ferraresi en una nueva reunión de la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat, de la que también participan las cámaras inmobiliarias del país. Nire Roldán, referente de Concejalía Popular, es uno de los integrantes del Frente que defiende los intereses de los inquilinos y estará presente en el encuentro virtual previsto para las 16. “Vamos a volver a plantear fuertemente las propuestas que ya le enviamos a Ferraresi hace 60 días porque nos llama poderosamente la atención que van tomando respuestas que son segmentadas”, manifestó Roldán.
En ese marco, el titular de Concejalía Popular adelantó a Rosario/12 las cinco principales medidas que le exigirán al gobierno nacional: 1. La puesta en vigencia total del Programa Nacional de Alquiler Social; 2. Utilizar ese programa para consolidar el registro de contratos de alquiler, sobre todo el de los contratos informales; 3. Instrumentar nacionalmente las mediaciones obligatorias gratuitas que actualmente solo se aplican en Capital Federal; 4. Darle tiempo a todas las familias y locales comerciales del país para salir del endeudamiento que tienen actualmente; 5. Evitar los desalojos en todo el país utilizando uno de los artículos del decreto que planteaba que hasta el 1° de septiembre de este año estaban prohibidos todo tipo de desalojos, lo que daría tiempo para implementar el protocolo de actuación que proponen para evitar una medida tan extrema.
Paralelamente, desde el Frente que integra Roldán organizaron para mañana a las 20 un “Inquilinazo” en la Plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), que consistirá en un acto en el que visibilizarán este reclamo y manifestarán el apoyo a todas las luchas que vienen llevando adelante las distintas organizaciones de inquilinos de la ciudad y del país. El encuentro contará con bandas en vivo y la participación de organizaciones sociales y dirigentes políticos de distintas fuerzas con los que vienen trabajando.
