El Ejecutivo Municipal ordenó un sumario para determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa que podría caberle al ex director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Municipal, Rodolfo Paz Moya.

La decisión se adoptó a través de una resolución, fechada el 11 de marzo, de la Secretaría Legal y Técnica, a raíz de la notoria tardanza en que el funcionario incurrió en su momento ante el pedido que se le hizo para cargar altas catastrales, es decir la incorporación como contribuyentes de un importante número de barrios e inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, que estaban sin tributar la Tasa General de Inmuebles y el Impuesto Inmobiliario Urbano.

Esa situación fue planteada inclusive por la intendenta Bettina Romero, en el discurso de apertura del año legislativo municipal, el 1 de marzo último.

Dijo en esa ocasión que la Municipalidad tiene "una bajísima capacidad de recaudación, con altos costos operativos, dentro de un contexto donde existen innumerables irregularidades relacionados con la falta de pago de tributos de inmuebles, edificios y barrios privados que no se encuentran registrados dentro del sistema de recaudación fiscal”.

En otro tramo de su exposición la intendenta expresó entonces que “la recaudación se vio afectada por la crisis económica y porque además, por citar un ejemplo, la ciudad contaba con más de veinte barrios -no precisamente populares- que no pagaban impuestos por la desactualización de los registros municipales”.

Cuando la intendenta habló ante los concejales, hacía un par de días que el director ejecutivo de ARMSa, Rodolfo Paz Moya, que ocupaba esa función desde 2017, había renunciado a su cargo.

El 1 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el decreto reglamentario 571/2020, del 28 de agosto de 2020, por el que se designó al contador Rodolfo Paz Moya en el cargo de Auditor Líder de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia, a partir de la toma de posesión de sus funciones, con retención de su cargo de planta permanente en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El 10 de febrero había renunciado también el subdirector Ejecutivo de Recaudación y Fiscalización, el contador Ariel Zelaya, a quien se le venció una licencia que tenía en su cargo de planta permanente en la Dirección de Rentas de la provincia.

Jamás contestó

Como argumento del sumario que se inició contra el ex funcionario municipal y actual Líder de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia, se cita un expediente del 20 de noviembre del año pasado, mediante el cual (sic) “se solicitó al contador Rodolfo Paz Moya, quien fuera en ese momento Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Municipal de Salta, la inmediata carga de expedientes de alta catastral de diferentes barrios e inmuebles afectados al régimen de Propiedad Horizontal y la realización de las investigaciones correspondientes a los efectos de conocer las razones por las cuales se produjeron las importantes demoras y determinar las responsabilidades debidas, solicitando además informar el monto en dinero que la Municipalidad dejó de percibir en razón de la tardanza en el proceso de las altas catastrales referidas”.

Se indica luego que “el pedido pese a ser recibido por el Director Ejecutivo, jamás fue contestado, ni tratado, desconociendo hasta el momento, esta Administración cuáles fueron las razones de la tardanza en la carga de altas catastrales y cuál fue el monto dejado de percibir por la Municipalidad en virtud de ello”.

“Tal falta de acción de funcionarios y agentes municipales, pudo traer aparejada no solo su responsabilidad penal, civil o administrativa, sino también un gran perjuicio para el fisco municipal”, se afirma en la resolución que dispone el sumario administrativo contra Paz Moya. 

Apunta que “el objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones” y que se ordena “a los fines de realizar la investigación tendiente a la comprobación de las faltas denunciadas, reunir los elementos de prueba conducentes a esclarecer la misma, individualizar a los responsables y proponer sanciones, pudiendo ordenar el traslado judicial de lo actuado”.