La jueza federal María Romilda Servini le prohibió la salida del país a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el principal operador judicial del Gobierno de Mauricio Macri, acusado de la persecución a los accionistas del Grupo Indalo para forzar el desprendimiento de sus empresas y lograr que sus medios (Radio 10 y C5N) modificaran su línea editorial con el obejtivo de "meter presa" a Cristina Kirchner. La decisión de la jueza habría llegado tarde: el lobbista judicial habría salido del país. Las presiones de Simón eran desembozadas como dejó en evidencia el fiscal Gabriel De Vedia, quien contó que el diputado del Parlasur por Cambiemos le advirtió en su momento que si la procuradora Alejandra Gils Carbó no renunciaba iban a ir presas primero sus hijas y luego ella.

La medida de impedirle salir de la Argentina había sido solicitada la semana pasada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apoderados del querellante Carlos Fabián de Sousa, víctima de los aprietes que se investigan en este expediente, en el que se encuentran imputados otros miembros de la llamada mesa judicial, como el extitular de la AFIP, Alberto Abad. 

Servini no se equivocó al considerar que existía "un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente". Por eso decidió suspender la salida del país de Rodríguez Simón. Pero la resolución se habría demorado demasiado.

Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo, mientras que la citación de Abad estaba prevista para inicios de marzo y fue postergada para el 28 de abril a las 15.30, según indicaron a la agencia estatal Télam fuentes judiciales.

En el texto de 8 páginas, la magistrada reseñó que "durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente en nuestro país, Rodríguez Simón habría podido viajar al exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional".

En este expediente "se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional", según sostuvo la jueza.

En ese marco, "se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos".

Cabe recordar que el el juez de Casación Eduardo Riggi fue denunciado en su momento ante el Consejo de la Magistratura por la querella de De Sousa, ya que habría intentado retener todo lo posible el expediente para obstaculizar la causa.

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por de Sousa cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles, caso que ahora está en juicio. Los empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.

Cuando declaró ante la jueza Servini como testigo, Cristóbal López describió los aprietes y diálogos incluso con el propio Macri. "'Necesito el canal para ir por Cristina', me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. 'Hay que meterla presa', dijo. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró", fue parte del relato del empresario que describe un encuentro entre ambos el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, antes de las elecciones.

El primer listado con un entrecruzamiento de llamadas, que son 10.738 en total, que entregó el año pasado la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) a Servini muestra 59 comunicaciones de "Pepín" Simón con el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (que se extienden hasta 2018 inclusive), 38 con su ex socio en el estudio jurídico, Gabriel Bousat, 17 con el supremo Horacio Rosatti (estos llamados serían en los meses previos a su nombramiento en el alto tribunal), 160 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 50 con Presidencia de la Nación, 20 con la secretaría Legal y Técnica, 40 con el exsecretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, 18 con el Consejo de la Magistratura (no se sabe aún con qué consejero/a), el exjefe de asesores José Torello, 15 con el estudio Tonelli, 140 con un número que estuvo a nombre de la jefatura de Gabinete, que podría haber utilizado Mario Quintana.