A tres años de las agresiones policiales que sufrieron siete jóvenes en las Cuatro Plazas, la querella representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exige que avance la investigación contra 24 agentes y se presente la acusación. "Hace más de un año que la fiscal Karina Bartocci no genera ningún movimiento en la causa para llegar al esperado juicio oral y público", reprocharon sobre el expediente en el que todavía esperan resultado de pericias a algunos celulares y de una cámara de seguridad. Ante la preocupación, le enviaron una nota a la fiscal regional María Eugenia Iribarren, "para una mayor celeridad y un trabajo serio para estos casos en los que el Estado tiene la obligación de investigar de manera objetiva, eficaz y seria, hechos delictivos cometidos por agentes estatales. No podemos tolerar la lentitud, las permanentes dilaciones y la falta de respuesta", señaló el querellante Federico Pagliero.

Sobre las últimas presentaciones que hicieron como querellante en julio de 2020, aseguran que "resulta de gravedad institucional que se solicitó a la fiscal (Bartocci) la constitución como parte en el proceso de una de las víctimas (formalmente representan a cuatro) y se radicó una denuncia por el incumplimiento de medidas cautelares de una de las imputadas, sin respuesta formal alguna", en el caso de una de las agentes que concurrió al bar donde trabaja una de las víctimas, cuando existe una prohibición de acercamiento. "Al día de hoy, nuestros planteos no fueron formalmente contestados", lamentó Pagliero.

En ese sentido, desde APDH expresaron: "Como organismo de Derechos Humanos, nos vemos preocupados ante esta situación que genera dilaciones e impide el derecho de acceso a la justicia a las víctimas. Exigimos celeridad en esta causa de represión estatal", lanzaron.

El viernes 23 de marzo de 2018, siete jóvenes --seis varones y una chica-- se encontraban en Las cuatro plazas, en la zona oeste, cuando dos agentes policiales en un patrullero, primero y varios patrulleros y chatas policiales, luego (al menos 20 en total); se acercaron a ellos y "con violencia física e insultos los aprehendieron, los golpearon y los requisaron contra los móviles". En ese momento, uno de los chicos pidió explicaciones sobre los motivos sobre la violencia que estaban ejerciendo, lo que generó "que se ensañen especialmente con él", lamentaron desde APDH: "Le dispararon con balas de goma, una de las cuales impacta en su gemelo izquierdo". El muchacho logró correr dos cuadras, hasta que se vio rodeado de móviles y agentes. "Lo redujeron violentamente, lo esposaron y una vez en el piso lo golpean brutalmente y le cortaron las rastas con un cuchillo", recordaron. 

Luego del traslado a la Comisaria 14, "las agresiones continuaron: los varones fueron depositados en una especie de patio, donde los mantuvieron esposados, sometiéndolos a golpes, insultos, vejaciones y tratos degradantes". También "recibieron amenazas" de muerte y abuso. "La chica fue alojada en un pasillo de la seccional, esposada con los brazos en la espalda mientras era insultada y maltratada, y ajustadas sus esposas con fuerza con el fin de causarle dolor", detallaron.

En la primera audiencia, realizada unos días después del hecho denunciado, fueron imputados siete uniformados del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica (PAT), por apremios y falsedades en el acta. Luego, con el correr de la investigación se sumaron otros agentes por haber estado en el lugar y no haber actuado ante las agresiones de los demás. Para los querellantes, el hecho configura el delito de tormentos. "Basta de represión. Fue tortura", expresaron.