En una audiencia clave donde se empieza a jugar la posible quiebra del Correo Argentino, del Grupo Macri, la propia empresa fue la única que se presentó para su salvataje. Los otros cinco oferentes que se habían postulado en un comienzo, algunos cuestionados por la Inspección General de Justicia, se retiraron. La firma, cuyas acciones hoy no valen nada y solo acarrea una deuda con el Estado nacional que supera los 5.000 millones de pesos, ofreció pagar una quinta parte o menos de ese monto. 

Lo hizo, para colmo, con una advertencia: si no es aceptada, pedirá que el Estado sea declarado "acreedor hostil" y excluido de las votaciones del concurso de acreedores, que es desconocerlo como tal. Al Banco Nación y a la AFIP, les ofreció pagar lo adeudado en 10 cuotas anuales, que se terminarían de abonar dentro de 29 años. Lo más probable es que la respuesta sea el rechazo. Si Correo quiebra deberá afrontar la deuda Socma.   

El escándalo de la deuda del Correo Argentino salió a la luz en 2017, cuando la fiscala Gabriela Boquín se opuso al acuerdo que celebraron el Correo y el Estado, por entonces representado por el gobierno de Mauricio Macri, que como es evidente estaba de los dos lados del mostrador. 

Su dictamen denunciaba que la empresa se veía favorecida con un 98,7 por ciento de la deuda. Tomaba una tasa de interés pasiva y planteaba un esquema de pago hasta el año 2033. 

En el interin, Boquin denunció graves maniobras de vaciacimento. Después de 19 años, se abrió el proceso de salvataje, que es el que precede a una posible quiebra. Esa intancia debió haber ocurrido en 2004, pero el Correo consiguió ir dilatando todo el procedimiento hasta estos días. 

Para que se concrete el salvataje tiene que aparecer un oferente que haga una propuesta para hacerse cargo de la deuda y la empresa con lo que tiene. En una resolución que dictó antes de esa convocatoria, la jueza Marta Cirulli dijo que las acciones del Correo, que además una empresa supuestamente sin actividad, tienen valor nulo. 

En la antesala de la audiencia por el salvataje, el Correo presentó un escrito donde decía que la deuda que reconoce es de 1.000 millones de pesos. La Procuración del Tesoro, como representante estatal, rechazó ese cálculo e incluso pidió que se "desglose" ese planteo, es decir, que se lo quite del expediente por considerarlo improcendente. 

Aun así, la empresa de los Macri insistió y dijo que ofrecía los 1.000 millones cash. Para llegar a ese número, solo aplican lo que se llama "interés punitorio", que es una multa, pero no contembplan el "moratorio" después de tantos años de concurso de acreedores. Un dato no menor, es que ese monto implicaría, en buena medida, un reconocimiento de que lo que ofrecían en 2016 era "abusivo". 

Por ese entonces tomaban el monto original de la deuda, de 296 millones de pesos, pero ahora admiten una suma mayor. 

Hecha la ley

Hay dos cuestiones que surgen del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras que muestran que Correo Argentino está en aprietos: la empresa concursada solo se puede presentar con una nueva propuesta para pagar la deuda en caso de que haya oferentes, pero resulta que todos dieron marcha atrás. Y si no hay acuerdo se declara la quiebra. 

La Procuración del Tesoro ya había rechazado el cálculo de deuda planteado por la firma postal. Tiene cinco días para dar una nueva respuesta que parece cantada. Luego la jueza Cirulli debería decidir si acepta el pedido de declaración de "hostilidad", lo que parece poco viable. 

También tienen que decir la AFIP y el Banco Nación si aceptan. Con este último la deuda es de 5 millones de dólares más otros monotos en pesos, que superan los 30 millones de pesos (en total en pesos son cerca de 588 millones más los intereses). El Nación no suele aceptar propuestas que incluyan quitas. Con la AFIP la deuda es de unos 5,3 millones más intereses. 

Las empresas que se habían presentado para "comprar" o salvar al Correo fueron Transportes Chimiray SRL, de Ramón Puerta (de conocida relación con los Macri), la Organización Courier Argentino SA (OCASA), que maneja Héctor Colella, MV Cargo SAS, Valuaciones SA, dedicada a la actividad inmobiliaria y un particular, Jorge Anselmi. 

También se postulaba la propia firma Correo. 

MV Cargo es una sociedad de acciones simplificadas, un tipo societario creado durante el gobierno de Cambiemos para armar empresas en 24 horas sin muchos requisitos. Uno de sus titulares es un simpatizante macrista, Mariano Moiraghi. 

Como la firma no registraba actividad societaria ni actividad vinculada a la prestación de servicio postal, la IGJ le abrió una investigación. Lo mismo respecto de Valuaciones SA, que no habría presentado estados contables de 2008 a 2019. Lo cierto es que, menos el propio Correo que fue a la audiencia para "autosalvarse", las demás empresas se retiraron.

A menos que la jueza tome alguna determinación contraria al Estado, nada parece indicar que el Correo tenga éxito con su oferta. El camino sería la quiebra, que debería afrontar Socma, empresa pilar del grupo Macri.