Con la asunción de Martín Soria en el ministerio de Justicia, el Gobierno nacional volverá a insistir con los proyectos de reformas al sistema de Justicia que quedaron frenados en el Congreso. Temas sobre el que Soria deberá trabajar junto a la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados –de la que fue parte hasta su renuncia de este sábado para sumarse al Gabinete nacional– en busca de alcanzar las mayorías que destraben las iniciativas que el presidente Alberto Fernández envió al Parlamento, como parte de sus promesas de campaña y sobre las que volvió a insistir el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias. 

Entre las prioridades están la reforma al Ministerio Público Fiscal, que reduce la mayoría necesaria para el nombramiento de un nuevo procurador general, que sigue en manos interinas y sin aval del Congreso desde que la embestida del macrismo forzó la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017. Además de la reforma a la Justicia federal, para avanzar en la implementación en todo el territorio nacional del sistema acusatorio. Ambas con media sanción del Senado.

No será una tarea fácil para el flamante ministro, aunque su misión será no dejar a la deriva las promesas para mejorar el sistema de administración de justicia. "El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único que pareciera vivir en las márgenes del sistema republicano”, sostuvo el Presidente el 1 de marzo, donde pidió al Congreso tratar los proyectos del Ejecutivo. El dirigente del peronismo rionegrino será ahora el articulador con el bloque oficialista de trabajar –abierto a posibles modificaciones– para vencer la resistencia de algunos sectores de la oposición que bloquean las iniciativas.

En la lista de prioridades está la reforma al Ministerio Público Fiscal, que reduce de dos tercios a la mayoría absoluta de los miembros del Senado (la mitad más uno de su integrantes) para el nombramiento del procurador, cuyo mandato ya no será vitalicio sino de 5 años, con posibilidad de un segundo mandato siempre con el acuerdo de la Cámara alta. Aunque su posible destitución deberá contar con dos tercios de los senadores.

El proyecto tiene media sanción del Senado pero quedó empantanado en Diputados. Allí, el interbloque macrista de Juntos por el Cambio se niega a tratar la iniciativa (tomada de proyectos de senadores de su propio espacio), con el argumento que serviría para dar “impunidad judicial” a la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras sostienen el statu quo que construyó el gobierno de Mauricio Macri en el Poder Judicial. Entre ellos, la defensa acérrima del procurador interino Eduardo Casal, que reemplazó a Gils Carbó sin acuerdo del Senado, al tiempo que acumula pedidos de juicios políticos por mal desempeño en el cargo, que JpC también frena.

Desde el Gobierno insisten en que su candidato a la procuración sigue siendo Daniel Rafecas, aunque el magistrado puso en dudas su postulación si se modificaba la mayoría para su designación. Su pliego está frenado en el Senado hace más de un año, porque JpC se niega a convalidad como jefe de los fiscales al juez que desestimó la denuncia del fallecido ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, contra CFK por la firma del memorándum con Irán, que aprobó el Congreso y que nunca llegó a aplicarse.

La reforma al fuero federal es otro de los proyectos frenados en el Congreso que figura entre las prioridades de Soria. El texto de la iniciativa del gobierno que tiene media sanción del Senado busca reformular y agilizar el fuero de la justicia penal federal y crea nuevos juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias. Además de unificar los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico porteño, bajo la denominación de fuero Penal Federal. Y establece un plazo de dos años para implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales, entre otras modificaciones. Un tema también resistido por el interbloque macrista.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el Presidente planteó otras iniciativas sobre la justicia, que todavía no existe un proyecto definido y que por ahora quedarían más relegadas: que el Congreso asuma su rol cruzado sobre el Poder Judicial; cambiar el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y la creación de un Tribunal Federal de Garantías que cumpla ese rol; así como la modificación del Consejo de la Magistratura.

Propuestas que deberían esperar hasta las elecciones parlamentarias de este año, en el que el oficialismo buscará ampliar su representación en el Congreso para avanzar con sus propuestas.