Durante un acto que se realizó ayer en el barrio Pereyra Rozas, en el que entregaron 83 viviendas, el gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que en poco más de un año de gestión “ya cumplieron el sueño de la casa propia más de 1.200 familias”. Y recordó que en enero se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación para encarar la obra de otras 2.500 nuevas casas.

Tanto él como el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, pusieron énfasis en el retraso que tenía la provincia en materia habitacional y subrayaron que están trabajando para revertir “la curva del déficit habitacional”. Sáenz subrayó que algunas familias llevaban esperando más de 30 años y dijo que instruyó al IPV para que priorice a las que tienen mayor antigüedad.

Camacho también recordó que la provincia no recibía cupos para licitar la construcción de viviendas desde 2017, y que este año, además de las 2.500 anunciadas, se reactivarán 841 más que se levantaban en Capital, Metán, Cerrillos y Orán y que estaban paralizadas. Lo que según el funcionario “se trata de un valor histórico en cuanto a la cantidad de unidades habitacionales”. El convenio que firmó la provincia con Nación en enero de este año destina además $500 millones en obras para el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA).

Sin embargo, para el director general de la ong Techo en Salta, Carlos Durán, dijo que aún faltan políticas públicas especialmente pensadas para incluir a los más de 70 mil salteños que aún esperan una solución habitacional, según datos del INDEC.

Durán explicó que el último relevamiento que realizaron en 2016 lanzaba que había más de 20 mil familias en los 154 barrios populares que registraron, unas 100 mil personas, que vivían con déficit habitacional. Pero aclaró que ese estudio no tomaba en cuenta nuevos asentamientos que se fueron generando en los más de cuatro años.

El referente de Techo hizo mención a la Ley Nacional 27.453, “Para la integración socio urbana de los barrios populares”, sancionada en 2018 y reglamentada en 2020 y que asigna fondos provenientes de la compra de dólares y del aporte extraordinario a las grandes fortunas.

“Sabemos que existe la normativa y que debería llegar para ese déficit que hay en Salta pero a la fecha desde la provincia no se ha presentado ningún proyecto a la Secretaría de Integración Socio urbana, que es la encargada de llevar adelante esta ley”, explicó. Esa ley define claramente qué obras se deben realizar en los barrios y asentamientos que aún no tienen servicios básicos y que tienen problemáticas dominiales, detalló Durán. Y agregó que esa herramienta, “que cuenta con un presupuesto importante, debería ser tomada por la provincia y los municipios”, para mejorar la calidad de vida y desarrollar los barrios más precarios.

Si bien reconoció que es muy bueno lo anunciado, Durán sostuvo que con ese ritmo será difícil atender el déficit tan retrasado que se generó por la falta de políticas públicas históricas. Y asumió que la ley 27.453 va a ayudar en ese sentido pero serán necesarias otras acciones y medidas para verdaderamente revertir la necesidad habitacional y de suelo.

“Desde Techo lo que sí podemos decir es que la problemática es estructural, no es de un gobierno, sino que viene de muchos años”, dijo, y contó que los asentamientos que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares tienen en promedio 30 años de existencia, “y hay algunos con 60 años”.

Por último, mencionó que programa Mi Lote, que anunciaba la entrega de lotes urbanizados “aún no entregó ni un solo terreno”, algo que, según el gobierno, comenzaría a realizarse a finales de 2020. Y añadió que los requisitos para acceder “son bastante excluyentes y dejan afuera a mucha gente”. Entre ellos, detalló que solo está destinado a “argentinos nacidos”, por lo que excluye a residentes permanentes que hoy también incrementan los bolsones de pobreza.

“También se pide un certificado de ingresos formales, cuando sabemos que el 70% del trabajo al que acceden las familias de barrios populares proviene del sector informal”, destacó el dirigente social de la fundación Techo. Lo mismo indicó sobre las viviendas que se entregan a través de los institutos provinciales de viviendas, “que fueron pensados con otras dinámicas, y la realidad es que a nivel social, hoy no están preparados para abordar las problemáticas complejas que sobrellevan las familias de los barrios populares y que son los que están en mayor vulnerabilidad”.

Asimismo, sostuvo que muchas veces no se contempla el arraigo que las personas tienen en sus barrios y sus regiones y que las alejan al postularse en esos programas, por lo que volvió a insistir en la posibilidad que otorga la ley para la integración socio urbana de los barrios populares.

Morosidad en el IPV

Hace unos días se conoció un estudio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de diciembre que da cuenta de la alta morosidad que existe de aquellos que fueron beneficiados con la casa propia. Solo en el último año, la demora en los pagos pasó del 40 al 47%. Esta alta morosidad se vio reflejada en el discurso que dio ayer el gobernador, quien convocó a los nuevos propietarios a seguir pagando sus cuotas porque “este es un sistema solidario que permite que otras familias puedan acceder a sus viviendas”.

“El nivel de morosidad es de un 47%. Estamos trabajando con nuestro sector financiero para ver cómo hacemos para que cumplan con sus cuotas. Entiendo totalmente la situación que vivimos todos, pero el beneficiario tiene que saber que esto es un aporte totalmente solidario”, dijo a El Tribuno el presidente del IPV, Gustavo Carrizo.