Una mujer que era utilizada por una organización narcotraficante para el transporte de drogas desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán a Salta capital acordó con la Unidad Fiscal de Salta una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por su responsabilidad en este traslado. 

Su historia, sin embargo, no se destaca por haber sido "mula", como se llama a los transportadores de droga en la jerga, sino porque había sido captada por una organización dirigida desde la cárcel de Orán, porque esa captación se hizo aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad debido a que es adicta y porque, una vez detenida, prefirió seguir en esa condición con tal de poder continuar la rehabilitación. 

En la audiencia de acuerdo pleno, realizada el lunes de la semana pasada ante la jueza federal de Revisión Mariana Catalano, la mujer se mostró contenta por el proceso de rehabilitación que ya lleva cuatro meses y agradeció la ayuda que recibió una vez detenida en la cárcel federal de General Güemes. "Cuando vine estaba muy mal, sin embargo, ahora me siento bien y quiero dar mi testimonio. La droga es lo peor, uno pierde todo, incluso hasta la familia”, sostuvo. 

En la audiencia la Unidad Fiscal de Salta y la Defensa Pública pusieron de resalto la recuperación de esta mujer. “En este caso, cabe destacar el proceso de recuperación de la imputada, quien fue captada dado su extremo grado de vulnerabilidad, pues se trataba de una mujer adicta a las drogas, situación de la que se valieron para usarla en esta empresa delictiva”, dijo el fiscal general Eduardo Villalba.

Y enfatizó que la mujer se sometió al tratamiento de rehabilitación “con una firme determinación, lo cual incluso ya nos sorprendió, cuando en una audiencia previa (de prórroga de medidas de coerción), optó por seguir privada de la libertad, pues no quería perder el proceso de recuperación bajo el cual se hallaba”.

Villalba señaló que, a cuatro meses de la detención, la recuperación de la mujer "avanzó de manera notable" y destacó que en eso "influyeron muchísimo las gestiones de la Defensa Pública y otros organismos públicos siempre presentes en estos casos”.

Las defensoras oficiales Clarisa Galán y Ximena Colombres resaltaron la historia de vida de la mujer, quien “se hallaba en situación de calle, ya que sus familiares, debido a su alto grado de adicción a las drogas, no aceptaban darle asilo". En cambio, "ahora, una hija, al ver su cambio, aceptó tenerla en su casa”.

Las defensoras contaron que en coordinación con la Secretaria de Salud Mental de Salta y el equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario Federal, la mujer pudo acceder rápidamente a un tratamiento de rehabilitación en un instituto ubicado en General Güemes.

Al momento de definir la acusación, el fiscal Villalba entendió que, si bien la mujer fue detenida con la droga adosada a su cuerpo, “no estaba al tanto de los movimientos de la organización, ya que sólo era un medio utilizado con el único fin de llevar la droga de un lado a otro”. Por ello acordó con la defensa una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más la aplicación de reglas de conducta, que incluyen la prohibición de consumir drogas y alcohol, y el deber de seguir el tratamiento de rehabilitación.

Y ante su recuperación, la fiscalía consideró valioso que la mujer pueda relatar su situación a otras personas que luchan por salir de las adicciones, por lo que también se acordó que participará en distintos grupos de rehabilitación.

En la audiencia de acuerdo pleno la Fiscalía también presentó las condenas acordadas para otras tres mujeres y un hombre, acusados de ser parte de la organización. En este caso las penas van de los 3 a 6 años de prisión, bajo la modalidad de prisión domiciliaria o en suspenso, aplicación de reglas de conducta y, en un caso, la realización de tres horas semanales de tareas comunitarias durante año. La jueza aprobó el acuerdo y el caso quedó cerrado. 

Jefe narco desde la cárcel 

Ese mismo lunes, se realizó otra audiencia, esta vez de control de acusación, en la que la jueza Catalano aceptó el pedido de juicio realizado por el fiscal Villalba respecto de Sebastián Policarpio Flores, el hombre que está acusado de ser el jefe de la organización de narcotráfico que dirigía desde su lugar de detención en la Unidad Carcelaria N° 3, de Orán, donde ya cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes. 

Si bien el total de droga secuestrada de operaciones comandadas por Flores puede considerarse no cuantiosa (en comparación con otras incautaciones), esta causa se destaca por dos características especiales: el hecho de que fuera dirigida desde la cárcel y la forma en que quedó expuesta la utilización de personas en estado de vulnerabilidad extrema para el transporte de los estupefacientes. 

Sobre todo, la organización captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, pero en la audiencia el fiscal también resaltó la captación de un hombre analfabeto para acopiar la droga en su casa y dijo que éstas son muestras claras de que el narcotráfico impone su interés por encima de cualquier condición humana: “No les importa nada ni nadie”, aseguró.

Villalba acusó a Flores de ser autor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y estimó que la pena requerida en 10 años de prisión. El fiscal lo señaló como “jefe” de la organización que llevó a cabo distintas operaciones de transporte de drogas desde su celda. Para eso, su pareja, Gisella Marisol Diego, era el “brazo ejecutor” fuera de la unidad carcelaria. Esta mujer seguía sus instrucciones, captaba a las mujeres y conseguía los permisos de circulación de las transportadoras, que generalmente llevaban la droga adosada a sus cuerpos y viajaban en remises con el sistema de posta.  

Flores se había organizado de tal manera que dirigía la logística del traslado de la droga y también “operaba” para adquirirla en Bolivia.

El fiscal recordó que esta acusación surgió “de una investigación que demandó un año y estuvo a cargo de la PROCUNAR NOA” y se inició en el marco de la tarea conjunta que promueve el Código Procesal Penal Federal con las fiscalías provinciales, en este caso con la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta, que ya contaba con distintos reportes respecto a los “movimientos” de Flores.

Las medidas para colectar pruebas confirmaron las sospechas y hasta permitieron identificar al resto de participantes de la actividad. Con escuchas telefónicas se determinó que “Flores, desde la cárcel, gestionaba la adquisición de cocaína, coordinaba su acopio y daba instrucciones a Diego para lograr el transporte a Salta”.

Flores le detallaba a su pareja todas las gestiones que debía realizar, tanto para la obtención de la droga desde Bolivia como para su traslado a Salta. Incluso hablaba con otros integrantes de la organización.

En el transcurso de la investigación se secuestró un total de 7 kilos y medio de cocaína, en distintos procedimientos, entre ellos uno realizado el 16 de octubre de 2020 en un control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el acceso a la capital salteña.

En este caso la carga era de 1 kilo y medio, iba adosada al cuerpo de dos mujeres que viajaban en un remise con permisos de circulación tramitados por Diego.

Ese mismo día se secuestraron otros 5,375 kilogramos de cocaína y 140 gramos de marihuana, droga que fue incautada en un allanamiento en una vivienda donde la organización acopiaba el producto.

En la casa de Diego se encontraron otros 800 gramos de cocaína, mientras que otros 40 gramos fueron hallados en la casa de otro integrante de la organización, en el barrio Jaime Dávalos, de la ciudad de Salta.

El fiscal también le imputó a Flores responsabilidad por otros 260 gramos de cocaína secuestrados en un procedimiento de Gendarmería Nacional en la localidad jujeña de Chalicán.