Los tribunales de Comodoro Py siguen tironeando para quedarse con la investigación sobre el espionaje macrista que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otros querellantes para llevar la discusión sobre la competencia a la Corte Suprema. Sin embargo, podrán acudir en queja al máximo tribunal y, hasta que quede firme la decisión, el caso seguirá en manos del juez de Lomas Juan Pablo Augé. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, confirmó a Pagina/12 que insistirán con el planteo ante la Corte. En tanto, los casadores confirmaron los procesamientos de los jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista por el espionaje a CFK en el Instituto Patria.

La Sala IV -- con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo -- había resuelto en febrero que la investigación de Lomas debía pasar a los tribunales de Comodoro Py, como reclamaban dos de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su secretario privado Darío Nieto.

Contra esa decisión, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, interpuso un recurso que frenó el traspaso a los tribunales de Retiro. Fue entonces que el juez Juan Pablo Augé decidió procesar a Arribas y a otros 37 imputados por el espionaje sobre dirigentes políticos -- incluso sobre quienes estaban detenidos en la cárcel federal de Ezeiza.

Ahora, la Sala IV sostiene que el recurso de CFK no es admisible, pero concede que esta decisión no es definitiva. Beraldi confirmó a este diario que CFK irá en queja a la Corte, por lo que la causa debería continuar tramitando ante Augé. La camarista Ángela Ledesma, que en febrero se había pronunciado porque la causa continuará en Lomas de Zamora, también sostuvo que los recursos eran admisibles, pero volvió a quedar en minoría.

Tanto Nieto como el fiscal ante la Casación Raúl Pleé le habían solicitado a la Sala IV que denegara los recursos de CFK para llevar el tema a la Corte, donde inevitablemente aterrizará en las próximas semanas. 

Si la causa pasara a Comodoro Py, todo indica que debería entender la jueza María Eugenia Capuchetti, que el año pasado, cuando se inició la puja entre Retiro y Lomas, compartía el turno con el fiscal Carlos Stornelli, procesado él mismo en la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora. En un acto de arrojo no exento de dobleces, Stornelli se excusó de intervenir en la investigación. No lo hizo por estar procesado por sus vínculos con el espía Marcelo Sebastián D'Alessio, sino que porque sostuvo que es querellante en la causa del Operativo Puf, originada en base a desgrabaciones de escuchas ilegales -- presuntamente filtradas por la propia AFI -- que llegaron a manos del propio Stornelli y de Elisa Carrió para torpedear la investigación que iniciaba el juez federal Alejo Ramos Padilla. La semana pasada, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir esa investigación con los votos de los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.

Malas noticias para la AFI macrista

La Cámara de Casación, además, rechazó los planteos de Arribas y compañía contra el primer procesamiento que había dictado Augé sobre el espionaje a CFK en su departamento de Juncal y Callao y en el Instituto Patria. De esta forma, el máximo tribunal penal convalidó el procesamiento de Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el director operacional de Contrainteligencia Martín Coste, que ya había sido revisado por la Cámara Federal de La Plata. Los casadores no revisaron el fondo, sino que rechazaron por inadmisibles los recursos de los máximos jerarcas de la AFI y de Coste.

En los tribunales de La Plata también están los procesamientos que dictó Augé el mes pasado contra Arribas, Majdalani, Ruiz, el antecesor de Coste -- Diego Dalmau Pereyra--, el exdirector de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stefano, los célebres Súper Mario Bros y el exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco. Esa resolución está pendiente de revisión por parte de la Cámara Federal, que, hasta ahora, siempre convalidó lo resuelto por Augé.

En Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide están investigando el rol desplegado por la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI tanto en el espionaje penitenciario como en la justificación en distintos expedientes del espionaje que hacían otras áreas de la exSIDE. Parte de la tarea está centrada en el análisis de las escuchas ilegales que se hicieron sobre los presos kirchneristas y que involucraron a sus abogados. Esas escuchas, se sospecha, son las que nutrieron la causa conocida como el Operativo Puf en un circuito que mostraría el maridaje entre servicios y Poder Judicial.