La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa del exvicepresidente Amado Boudou en el que solicitó continuar en detención domiciliaria después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia a cinco años y diez meses en el caso Ciccone sin siquiera analizar el fondo del fallo.

Los casadores Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma decidieron reenviar las actuaciones al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 para que dicte una nueva resolución, con la debida intervención de todas las partes en una audiencia oral. Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían reclamado que el exvicepresidente continúe cumpliendo la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario junto con su compañera y sus dos pequeños hijos.

El día 6 de abril de 2020, el TOF 4 otorgó a Boudou su detención domiciliaria porque, en ese entonces, su condena no había adquirido firmeza. También tuvo en cuenta el contexto de emergencia a raíz de la pandemia del Covid-19 y las singularidades del caso en relación con su núcleo familiar.

En diciembre, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena, el Tribunal Oral revocó la detención domiciliaria de Boudou y dispuso su alojamiento en una cárcel federal.

Ledesma sostuvo que en el caso se vulneró el derecho de defensa de Amado Boudou en tanto el tribunal no garantizó una adecuada contradicción entre las partes, privando a la defensa de la oportunidad de contradecir los argumentos expuestos por los f iscales vinculados con que el nombrado vuelva a ser alojado en un establecimiento penitenciario.Carbajo adhirió al voto de Ledesma.

Borinsky, por su parte, sostuvo que en la resolución del juez de ejecución no surgían cuáles habían sido los motivos legales por los que se revocó la detención domiciliaria de Boudou y resaltó que el exvicepresidente se encontraría próximo a cumplir el requisito temporal para la libertad condicional.

Con estos lineamientos, el TOF 4 debe dictar un nuevo pronunciamiento. El juez de ejecución en este caso es Ricardo Basílico, que reemplazó a Daniel Obligado.

Mientras estuvo detenido, Boudou fue víctima del espionaje ilegal orquestado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). También surgió que el gobierno de Mauricio Macri benefició con el pago de un hotel al arrepentido del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y que el juez Pablo Bertuzzi fue trasladado sin mediar concurso a la estratégica Cámara Federal porteña después de la condena al exvicepresidente.