Martín Soria destinará su primera actividad pública a discutir la reforma judicial con perspectiva de género, en lo que es un mensaje sobre cuáles serán las prioridades del Ministerio de Justicia, que conduce desde el lunes. Entre los objetivos de Soria estará también avanzar con la reforma a la ley del Ministerio Público y con la designación de un nuevo procurador que ponga fin al interinato de Eduardo Casal, cuya situación definió como "insostenible" el nuevo ministro.

El flamante ministro compartirá este miércoles una mesa de debate con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que viene impulsando una reforma estructural al sistema de justicia. Para eso es fundamental el Consejo de la Magistratura, encargado de la selección de jueces y juezas. Con Soria y con Gómez Alcorta estarán en la actividad, el presidente de ese cuerpo, Diego Molea, y la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley. Ambos impulsaron una serie de medidas con perspectiva de género en el Consejo de la Magistratura el pasado 8 de marzo, entre las que se cuentan la creación de un registro para seguir cómo jueces y juezas instruyen las causas de violencia de género.

Un poder desigual

"Los procesos de selección de magistrades, fiscales y autoridades judiciales están fuertemente sesgados en función del género y restringen el acceso a mujeres y LGBTI+", dice un informe elaborado por el Ministerio de Mujeres al que tuvo acceso Página/12. En este trabajo, la cartera que dirige Gómez Alcorta hace un diagnóstico, coincidente con el mapa de género que anualmente hace la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema, y promueve una serie de cambios al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura en pos de avanzar hacia esquemas de paridad.

Según la OM, las mujeres representan un  56 por ciento de quienes se desempeñan en la administración de justicia, pero sólo son un 31 por ciento de quienes ocupan los lugares más altos de la pirámide. La mayoría de las mujeres se concentran en las tareas de funcionariado o de administración pública. Menos de un 45 por ciento de los juzgados, fiscalías y defensorías son ocupados por mujeres.

La disparidad es clara desde la cima del Poder Judicial. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay una única mujer, Elena Highton de Nolasco, frente a cuatro jueces varones. Las cosas no son mucho mejores en la justicia nacional y federal. Sólo un 25 por ciento de los cargos de camaristas son ocupados por mujeres, y hay tribunales -- como dice el informe del Ministerio de Mujeres -- en los que esta tendencia es aún a la baja. Un caso conocido es el de la Cámara Federal porteña, integrada únicamente por jueces varones.

El equipo de Gómez Alcorta trabajó en una serie de recomendaciones que la ministra expondrá frente a su par de Justicia y a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entre las ideas está regular por ley que el proceso de selección de magistrades garantice el acceso y la paridad de género así como impulsar el ingreso del colectivo LGBTI+ a la administración de justicia. 

Pensado en quienes trabajan al interior del sistema de justicia, se propone la adopción de protocolos contra la violencia por motivos de género, la capacitación permanente, la creación de áreas temáticas -- que involucren, por ejemplo, la puesta en marcha de observatorios de buenas prácticas -- y la incorporación de perspectiva de género en los procesos disciplinarios o de destitución de quienes ejercen la magistratura. 

Las reformas centradas en quienes acuden al sistema de justicia van desde crear o fortalecer áreas dedicadas a la atención con perspectiva de género a garantizar el patrocinio gratuito o el beneficio de litigar sin gastos. También que en las resoluciones judiciales se utilice un lenguaje claro e inclusivo.

Un caso testigo

El año pasado, la ministra le reclamó a la Corte porque no cumplía con la capacitación que establece la Ley Micaela para quienes ejercen la función pública en los distintos poderes del Estado. Los supremos y la suprema respondieron que ellos se capacitaban a sí mismos. La Corte es parte de la agenda urgente de Soria, al igual que la situación en Casación y en la Procuración.

El 19 de marzo, Gómez Alcorta se interesó en uno de los escándalos que mantiene en vilo al máximo tribunal penal del país. Además de la disputa por las visitas de Gustavo Hornos a Mauricio Macri, en la Casación sigue sin resolverse qué hacer con Juan Carlos Gemignani, que el 8 de marzo pasado les dedicó una serie de mensajes misóginos a sus colegas mujeres.

Las camaristas Ana Figueroa y Ángela Ledesma pidieron a Hornos, que en tanto presidente de la Casación, certificara los chats de Gemignani. Nada de eso ocurrió, según le terminó contestando Hornos a Gómez Alcorta en un breve oficio. Lo que sí sucedió es que Gemignani terminó saliendo del chat que comparten los casadores y amenazó con iniciar acciones legales contra todos ellos si se avanzaba con la certificación.

Tanto Hornos como Gemignani son investigados por el Consejo de la Magistratura. Un grupo de jueces viene reclamando hacer un plenario para discutir la situación en el tribunal. Este martes, el camarista Alejandro Slokar volvió a reclamarle a Hornos que convocara a ese acuerdo. Como no hubo definición, pidió al secretario que dejara constancia en el acta.