Pese al reclamo de organizaciones sociales e inquilinos, este miércoles llega a su fin el decreto que mantenía congelados los precios de los alquileres, prorrogados los contratos, y suspendidos los desalojos. El principal pedido de la Federación de Inquilinos era que se mantenga la prohibición de desalojos ante la crisis económica y el aumento sostenido de casos de coronavirus. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue la creación de un protocolo de alerta temprana de desalojos.

De esta manera, después de un año pueden volver a hacerse efectivos los desalojos, que podían tramitarse en la justicia, pero ahora se podrá hacer efectiva la sentencia. En cuanto a precios, el valor del alquiler que se mantuvo congelado pasará a lo que está registrado en el contrato, y las deudas por diferencia de pago podrán pagarse en hasta 12 cuotas sin interés. Para quienes se les terminó el contrato entre los meses de marzo pasado y abril de este año, y se les extendió automáticamente por el decreto, deberán realizar uno nuevo, o proceder a mudarse.

Hay distintas versiones entre propietarios e inquilinos sobre cómo se verán impactados los inquilinos cuando deje de estar vigente el decreto. Desde la Federación Nacional de Inquilinos aseguraron que el 40 por ciento se endeudó en el último mes para poder pagar y el 37,5 por ciento no pagó, o lo hizo parcialmente. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios informaron que casi el 90 por ciento pagó en término el alquiler. 

Desde las asociaciones de inquilinos cuentan con un estudio realizado por investigadores de ocho universidades de Estados Unidos que analizan el impacto del coronavirus en los estados que prohibieron los desalojos. Allí encontraron que los que dispusieron la prohibición de menos tiempo (10 semanas) tuvieron mayor cantidad de contagios y muertes. Los investigadores explicaron que esto se debió a que las familias desplazadas acuden a familiares o amigos por lo que hay más contactos en un mismo hogar, o en general en los refugios hay hacinamiento. En Estados Unidos, la prohibición de desalojos, que vencía el 31 de marzo, fue extendida hasta junio.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no esperan una situación de inminentes desalojos, debido a las tardanzas de estos procedimientos, donde tiene que haber sentencia firme, orden de lanzamiento, un oficial de justicia y toda una serie de pasos. Mientras tanto, trabajan a contrarreloj en un protocolo para asistir a las familias. Consiste en recabar información sobre el riesgo concreto de desalojos, para generar una “segmentación de priorización para una solución habitacional”, explicó a este diario Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial.

Para contar con mayor información, desde el Gobierno promueven la registración de los contratos en la AFIP. “Es difícil caracterizar un universo si no hay ni un contrato firmado”, afirmó Scatolini sobre la dificultad de llegar a los alquileres informales. Además, se dispondrá de un porcentaje de las viviendas del programa Casa Propia para que “las viviendas sean destinadas a personas que queden en situación de desalojo”, agregó. Si bien el Estado no cuenta con un parque habitacional, como ocurre en otros países, realizarán un relevamiento para ver el stock de viviendas estatales, y así poder “unir la demanda con la oferta”.

Desde el CELS elaboraron un documento señalando que la falta de registro en la AFIP para los contratos firmados bajo la nueva ley de alquileres “podrá retrasar los desalojos algunas semanas, pero no los detendrá”. Como medidas urgentes de corto plazo, el CELS solicitó la extensión del decreto, prorrogado en dos oportunidades. Pero además, solicitó instrumentos de ayuda económica, como créditos y subsidios, para que las familias puedan desendeudarse y pagar el alquiler.