La Misión Argentina por los Derechos Humanos viajó a Paraguay buscando respuestas frente a crímenes de Estado, pero volvió con más preguntas y un cruel hostigamiento del gobierno de Mario Abdo Benítez. La comitiva integrada por organizaciones sociales y feministas, médicos, abogadas y periodistas visitó el país vecino entre el 17 el 23 de marzo para exigir justicia por Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las niñas de 11 y 12 años asesinadas el pasado dos de septiembre en un operativo de la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También se movilizó para activar la búsqueda de Carmen Elizabeth, alias "Lichita", la adolescente que permanece desaparecida desde el 26 de diciembre en el mismo lugar en el que murieron sus primas.
La misión argentina focalizó su trabajo en la capital de Paraguay, Asunción, y mantuvo reuniones con funcionarios a quienes pidieron explicaciones sobre los casos. También conocieron a familiares de las niñas ejecutadas y se trasladaron al norte del país para acercarse a comunidades originarias y campesinas. Se reunieron con el senador Pedro Santa Cruz, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, con la Fiscalía de Derechos Humanos, y con el director de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Hugo Samaniego.
El martes al mediodía la Misión convocó a una conferencia de prensa en el barrio porteño de San Telmo para dar a conocer la experiencia del viaje. En la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) estuvo presente el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel. Acompañaron de manera virtual el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la abogada Gabriela Conder y Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "A Lichita se la llevó el Estado y el Estado tiene que devolverla", aseguró Cortiñas.
Fuera de algunas excepciones, desde el gobierno paraguayo salieron a denunciar que la comitiva argentina ingresó al país para hacer "injerencia interna". Incluso la Gremial de Abogados, que desde Argentina colabora legalmente con la familia Villalba, fue acusada de formar parte del EPP. Pimentel aclaró que nunca fue idea de los 11 miembros de la misión opinar sobre política interna y repudió el papel de la prensa local, que propaló el mensaje gubernamental. "Los medios de comunicación hacen una campaña del terror y estigmatizan a organismos de derechos humanos de la Argentina", aseguró.
El referente de la APDH recordó que durante el viaje visitaron a comunidades originarias que viven con mucho miedo. Y destacó que denunciaran los aprietes de los militares a través de "un video que muy valientemente hicieron porque el Ejército después de nuestra visita recorrió el lugar y los amenazó para que no hablen". Pimentel aclaró que en la lógica del gobierno paraguayo, todo el que llega al territorio "es apoyo logístico del EPP, son impresentables y no vamos a permitir que nos incluyan en una ley antiterrorista para no poder entrar al país".
Pimentel destacó que "el gobierno de Paraguay ha implementado una política de exterminio infanticida, agarrándosela con los hijos de militantes políticos", y agregó que no hay que naturalizar esa dinámica. "Detienen a dos niñas, las torturan, las violan. Luego las desvisten con sus ropitas de niñas para vestirlas con ropa que usa el ejército o los grupos armados", recordó.
Ante la consulta de Página/12, la abogada Gabriela Conder aseguró que no tuvo acceso a la causa que investiga la muerte de las dos niñas, aunque dijo que "por lo que se informa al respecto, no están permitiendo la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)". Además, Conder planteó que desde el principio Paraguay destruyo pruebas fundamentales. "Hay algo que está blindando y no sabemos qué está pasando en esa causa. De todas maneras entiendo que el Estado argentino tiene que pedir explicaciones por este crimen horroroso y se tiene que abrir una investigación independiente", agregó.
Además de reclamar justicia por el asesinato de las dos niñas argentinas, la comitiva exige que se busque a Lichita, la niña de 15 años desaparecida desde diciembre pasado en el mismo campamento guerrillero en el que fueron ejecutadas sus primas. Conder remarcó en ese sentido que "la desaparición forzada no tiene nacionalidad" y que desde la misión enviaron "dos cartas a Alberto Fernández pidiéndole que intervenga".
La abogada que formó parte del viaje a Paraguay también se refirió a Carmen Villalba, la madre de Lichita que se encuentra detenida hace 18 años por pertenecer al EPP. "Durante su cautiverio Carmen sufrió la muerte de su hijo que tenía 13 años, en septiembre mataron a sus sobrinas argentinas de 11 añitos e hirieron a su hija que aún sigue desaparecida", recordó Conder.
La misión argentina logró visitarla en la "Casa del Buen Pastor", la cárcel de mujeres ubicada en Asunción. No pudieron hacer lo mismo con su hermana Laura, presa en un cuartel del ejército con diez militares que la observan y acompañan continuamente. A Laura la acusan de prestar servicios de enfermería a miembros del EPP, pero su familia asegura que hace años estudia y trabaja en la ciudad de Puerto Rico, Misiones.
A sus 96 años y con un hilo de voz apenas audible, una de las primeras 14 Madres de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, no quiso perderse la conferencia vía Zoom. "Hay un gobierno tirano que no cuida a su pueblo", expresó. Recordó que cuando las Madres salían al exterior a pedir ayuda era distinto porque el pueblo ignoraba lo que pasaba o tenía miedo. "Ahora esto se está difundiendo en el mundo, entonces esta comitiva abre una esperanza más de que el mundo ponga los ojos en ese gobierno tan perverso", manifestó.
Por su parte, Nora Cortiñas condenó "al estado paraguayo por el secuestro y desaparición de Lichita, a quien esperamos para recibirla con los brazos abiertos" y manifestó que "no pueden haber más secuestros en América latina ni en ningún país del mundo". Elia Espen, también de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró: "No puedo perdonar al gobierno paraguayo y argentino que se quedan callados". Además se preguntó: "¿Qué culpa tenían esas criaturas? Nadie tiene el derecho de matar y hacer desaparecer a nadie".
En su intervención, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel exigió "esclarecer los crímenes cometidos en Paraguay como también la desaparición de Lichita". Pérez Esquivel pidió "insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que mande lo antes posible una misión a Paraguay, y también reclamar a UNESCO y Naciones Unidas porque son menores de edad".
Lejos de ablandarse frente a la ofensiva del gobierno paraguayo, Pimentel ya planea un nuevo viaje y convoca a quienes quieran unirse a la cruzada: "Hay que juntar vehículos especializados, hombres y mujeres que puedan trasladarse y acampar cerca del Cerro Guazú. Hay que hablar con las comunidades originarias, establecer esa confianza que rompe el ejército todos los días con balas y buscar a Lichita".