El “Quinto informe sobre el sector” presentado por la Asociación de Revistas Culturales Independientes (Arecia) es oportuno para analizar la situación de los editores autogestivos que hace años denuncian que la “ley del más fuerte” atenta contra la pluralidad.
La caída en la cantidad de publicaciones (menos 28% en dos años) es una señal de alerta; al tiempo que la persistencia de proyectos que tienen más de 15 años –la cuarta parte nacieron antes de 2001– y la visible actividad de revistas gestadas en el último lustro, revela que el sector de revistas culturales tiene historia y vigencia. Arecia señala como dato positivo el avance de las cooperativas, si bien aún predominan los monotributistas. El panorama de conjunto también es alentador: el sector nuclea a más de 1000 trabajadores y tiene unos 5 millones de lectores por mes.
Esos lectores son la principal fuente de sustento de las revistas, aunque es interesante analizar los datos publicitarios. Entre las pautas oficiales, la principal es la del gobierno nacional y alcanza al 30% de los títulos, gracias a las negociaciones colectivas que ha sostenido Arecia. Pero esa pauta representó, en el primer semestre, apenas el 0,057% del total otorgado por el Estado nacional. El grupo Clarín recibió 350 veces más que el conjunto de las revistas independientes.
Un dato significativo es que, por primera vez en un censo de revistas culturales, son más las  digitales que las gráficas (la mayoría, no obstante, utilizan ambos soportes). La tendencia se acentúa al observar las nacidas en los últimos 5 años, de las cuales sólo un 20% apuesta exclusivamente al papel. Esta migración a lo digital expresa en parte formas de edición y lectura de la época, pero también es sintomática del carácter expulsivo del sector gráfico, donde la idea de un Estado prescindente no es nueva. 
El informe da cuenta de dos problemáticas básicas: el papel y la distribución. Los costos de impresión registran un aumento del 30,4% en sólo 9 meses y representan una porción creciente del precio de tapa de las revistas. Mientras tanto, los circuitos tradicionales de distribución están controlados por las corporaciones y cada vez menos editores acceden a ellos. Hoy, los kioscos y las librerías son los puntos de circulación menos elegidos por las revistas culturales, que optan por estrategias múltiples donde combinan suscripción, presencia en centros culturales, asistencia a eventos y, por supuesto, el mano en mano.  
La presencia del Estado nunca estuvo en discusión en el ámbito del audiovisual y las telecomunicaciones (salvo por las poco auspiciosas declaraciones del ministro Aguad), aunque sea como mínimo regulador, ya que el espectro radioeléctrico es finito. La edición continua sí ha quedado librada a la ley de la selva, en especial a partir del 2000 cuando un decreto de Bullrich y De la Rúa desreguló la comercialización de diarios y revistas. Sin embargo, tanto el papel como los sistemas de distribución pueden ser considerados “facilidades esenciales”, como propuso este año la Coalición por una Comunicación Democrática en sus “Nuevos 21 puntos”. Aquella expresión, que tiene más de 100 años en la doctrina antimonopolio norteamericana, llama la atención sobre los abusos en relación a activos e infraestructuras que son indispensables.
A partir del caso Papel Prensa se habló del acceso al insumo básico, aunque se hizo poco. La “cartelización” de distribución, en cambio, es un tema prácticamente ausente en nuestras agendas. ¿Acaso no podríamos asimilar la superficie finita de los kioscos amarillos al espectro? ¿Por qué no proyectar, pues, un 33% para las publicaciones autogestionadas?
Por otra parte, la ejemplar Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –hoy atacada por el oficialismo– incluyó dimensiones que no tienen que ver con la regulación del aire, que bien podrían pensarse para el sector editorial, como la Defensoría del Público o los fondos de fomento para los medios comunitarios. Un televidente tiene a quien recurrir ante un discurso sexista; un lector, no.
En lo que refiere a las políticas de fomento, Arecia impulsa desde 2013 una ley que todavía espera tratamiento en el Congreso nacional. Mientras tanto, han surgido algunas iniciativas locales: en junio se presentó una ordenanza en Rosario y este mes se lanza un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentran el 54,3% de las revistas registradas. Financiamiento para la adquisición de papel, compra pública de ejemplares y concursos para estimular nuevas publicaciones son algunos items de esta iniciativa que busca saldar una deuda histórica.

* Docente-investigador, UNQ.