La jueza a cargo del tribunal de Nueva York Loreta Preska, quien lleva adelante causas muy importantes en términos económicos y políticos para el país, decidió este lunes que la Argentina deberá afrontar un juicio por la demanda de algunos fondos en torno a los pagos de los bonos atados al PBI que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, los "Cupones PBI". En un fallo publicado este lunes, la jueza no hizo lugar al pedido de desestimación que la República Argentina había realizado en junio del año pasado. 

Preska no se pronunció ni dio señal alguna que tenga que ver con que Argentina vaya a perder el juicio una vez iniciado, aunque sí le dio lugar a la demanda de los fondos (entre los que se encuentra Aurelius Capital) sosteniendo que habían alegado suficientes hechos que justificaban continuar con el proceso e ir a juicio. Concluyó que el caso no puede desestimarse en este momento con argumentos exclusivamente jurídicos y ordenó que se realice el juicio.

La demanda tiene que ver con la negativa del país a pagar los Cupones PBI del año 2013, por que la tasa de crecimiento verificada no fue tal para activar las condiciones requeridas para el pago. Los fondos rechazan el cálculo realizado ese año porque se modificó el año base (de 1993 a 2004) y están convencidos de que el país creció más de lo que Argentina dice que creció, por lo que correspondería pagar el cupón. Alegan que el cálculo se hizo de mala fe y que la Argentina tenía la obligación de hacer que el Indec siguiera publicando los datos del PBI real a precios de 1993 durante la vigencia de los títulos (hasta 2035). 

La defensa en cambio explica que el año base se cambió por un criterio estrictamente estadístico (los organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años y habían pasado ya veinte) y especifica que en ningún lugar del contrato se encuentra tal obligación (es decir, de seguir calculando al año base anterior para respetar la serie hasta 2035).

De hecho, a pesar de considerar que los reclamos de las demandantes no podían ser desestimados en este momento, la jueza estuvo de acuerdo con la opinión de la Argentina de que no existía un deber implícito bajo los Cupones PBI de que el Indec siguiera publicando el PBI real en precios de 1993.

Con este resultado, los fondos demandantes deberán presentar pruebas idóneas durante la etapa de "discovery" para luego comenzar el juicio. Será en esa instancia donde se resolverá si los demandantes o la Argentina tienen razón.  La Argentina sigue negando ser responsable de haber omitido pago adeudado alguno bajo los Cupones PBI y tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa a medida que avance el proceso. Si los hechos probaran ser ciertos, podría concluirse que la Argentina implementó el cambio de año base para privar a los tenedores de los cupones del pago del año 2013. La audiencia del juicio no ocurrirá antes de 2022.