Argentina está entre los diez países del mundo donde hay más pornografía infantil, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía General porteña, Enrique del Carril, al analizar un informe que muestra que en el país el 40 por ciento de los casos de pedofilia se concentra en la provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento en la Ciudad y el resto se distribuye entre las distintas provincias.

Si bien el CIJ funciona desde 2004, recién en 2012 la Fiscalía porteña creó la unidad Especializada en Delitos Informáticos, y en 2013 firmó un convenio con la National Center of Missing and Exploited Children (Ncmec) –ONG norteamericana que recibe pistas y denuncias sobre delitos de explotación sexual infantil en todo el mundo– lo que permitió ampliar la cobertura de denuncias investigadas. A partir del acuerdo, los datos en la Ciudad son crudos: 65 reportes en 2012; 186 en 2013; 1197 en 2014 y 3174 en 2015. El 88 por ciento de los delitos informáticos en la capital son por infracción al artículo 128 del Código Penal: producir y distribuir pornografía infantil.

El titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 29, Martín López Zavaleta, quien el año pasado intervino, entre otros casos, en la detención de un oficial de la Armada pedófilo y abusador, explicó a PáginaI12 que “somos tres las fiscalías que recibimos las denuncias y notamos que el caudal no baja sino que va en aumento. Por un lado, recibimos los reportes que envía la Ncmec, y por otro, las denuncias de grooming que suelen hacerlas las propias víctimas o familiares”.

La ONG estadounidense en recibe información de las redes sociales de todo el mundo y la envía a cada país. En Argentina los avisos llegan todos los días, y a partir de esas alertas la Unidad Tecnológica analiza el grado de urgencia con que debe ser tratada.

En este sentido, el director del CIJ explicó que “todos los días recibimos los reportes con lo ocurrido en el país en estos temas, a partir de esa denuncia tenemos una Unidad que los analizan y si es urgente, es decir que hay un niño en peligro, intervenimos nosotros y si no la Fiscalía de la provincia correspondiente”.

Del Carril detalló que “los reportes vienen categorizados en cuatro niveles: 1, 2, 3 y E”. Con respecto a las tres primeras que son específicas del tema, “la 1 es la más urgente y se aplica cuando hay un abuso en ejecución; la 2 cuando hay un indicio de relación con menores y la 3 cuando hay imágenes que parecerían ser inéditas, porque en esto hay mucha viralización”, señaló.

Por su parte, el fiscal explicó el mecanismo que se empieza a mover a partir del ingreso del alerta en la fiscalía: “Una vez que ingresa el reporte empezamos a investigar para dar con la persona que transfirió el archivo, el video o la foto. Porque lo que a nosotros nos llega es una IP, es decir un número que identifica un dispositivo en una red y una imagen”.

“Lo primero es determinar esa IP desde donde se conectó la persona y para eso nos conectamos con las prestadoras de servicio de Internet para que nos digan a quién pertenece esa transferencia realizada. Y acá es fundamental el día, la hora, los minutos y los segundos porque equivocarse en eso puede confundir a dos inmuebles distintos, y llevarnos a allanar un lugar que no fue responsable”, advirtió el fiscal.    

Con esos datos, los investigadores realizan una tarea de campo para verificar quién vive en el lugar, los horarios, si hay redes Wifi abiertas que pueden confundir la información, el tipo de vivienda, en definitiva: asegurarse de que el perfil se corresponde con los informes reunidos para luego poder allanar. “No podemos equivocarnos porque allanar con una denuncia de pornografía es una estigmatización tremenda para un vecino” remarco el fiscal. 

“En los allanamientos secuestramos los equipos informáticos, de telefonía, videos, para cotejar que la imagen que recibimos salió de alguno de los aparatos. Además, buscamos más elementos que pueden indicar la tenencia de material para distribución. Como ya ha pasado, la búsqueda también puede darnos lugar a encontrar abusadores sexuales, como ocurrió con el caso del marino el año pasado, que a partir de una imagen de producción casera en 48 horas lo investigamos, lo detuvimos y determinamos que abusaba de la hijastra con la que vivía. También allanamos el edificio de la Armada porque utilizaba la computadora del trabajo”.

El organismo que detectó el año pasado a través de la Operación “Angel Guardián” a un hombre que acosó a 100 menores por Facebook, al que le encontraron más de 1000 imágenes y videos de las víctimas, lleva procesados 25.000 reportes de pedofilia, pornografía infantil, acoso sexual, abuso y violaciones desde 2013.