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La familia de Guadalupe Curual, la joven que murió tras ser acuchillada por su ex pareja, Bautista Quintriqueo, en el centro de VIlla La Angostura, denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público al ex juez Jorge Videla, a Roberto Yevenes, el policía que era pareja de la joven, y al jefe de la comisaría en la que trabajaba, por considerarlos de responsables del femicidio. Contra Videla, además, sumaron la acusación de homicidio culposo.
"Ninguno de los tres hizo control alguno de eficacia de las medidas" que la justicia había ido disponiendo para proteger a la joven, "medió falta de servcio público de justicia" y hubo "ausencia de compromiso en el seguimiento" y falta de "respeto por dictámenes requeridos por la propia magistratura". Si Videla -renunciado a principios de marzo, tras las críticas por su pasividad ante las denuncias recurrentes que planteaba la joven-, Yevenes y el comisario hubieran cumplido con sus deberes y con lo que indican leyes y códigos de procedimiento en casos de denuncias por violencia de género, "el resultado femicidio no hubiera acontecido", advierte la presentación, en la que el padre, la hermana y el hermano de la joven solicitaron también ser considerados como "parte querellante en forma inmediata".
En la presentación, Esteban, Daniela y Rodrigo Curual, padre y hermanes de la joven respectivamente, exponen a lo largo de 18 puntos detallados el camino de actuaciones realizadas por la joven ante la justicia y la policía, y cómo esas intervenciones eran sistemáticamente respondidas con inacciones flagrantes. "Surge con meridiana claridad el nexo causal entre comportamientos omitidos negligentes y el femicidio acontecido", a tal punto que "con solo recorrer cada uno de los comportamietos omitidos se puede concluir que de haberse adoptado, el resultado femicidio no hubiera acontecido".
El detalle es cronológico y taxativo.
Dos semanas antes del femicidio, cometido el 23 de febrero, la Dirección de Protección Integral de Derechos de la Municipalidad de Villa La Angostura envió al juzgado un oficio que daba cuenta de que "el Sr. Quintriqueo Bautista incumple permanentemente las medidas dispuestas". El documento fue enviado el 5 de febrero, llegó al juzgado 3l 8 y "jamás fue despachado por el magistrado a cargo del Juzgado de Familia".
Once días antes del crimen, una psicóloga y una trabajadora social del hospital de Villa La Angostura aseguran en un informe que "la víctima no cuenta con familia en la localidad y 'refirió episodios de violencia considerados de alto riesgo como amenazas con cuchillo'". Pero ese informe tampoco fue despachado por el entonces juez Videla.
Desde el inicio de la causa, advierte la presentación, el magistrado "pese a contar con diagnóstico psicosocial adverso no toma medida efectiva ni seguimiento idóneo" del caso. Por el contrario, "citó personalmente a audiencia a la víctima (...) y no adoptó ninguna medida protectiva razonable o proporcionada con la información que se desprendía del legajo". Aunque en el expediente constaba que Quintriqueo amenazaba a Curual y tenía a su disposición armas blancas con las que volver reales las amenazas, el juez "nunca ordenó el secuestro de armas", ni castigó o dispuso medidas adicionales para proteger a la joven luego de que el denunciado violara las medidas de restricción de acercamiento. Todo ello, subraya la familia Curual, "pese a que los informes y las denuncias daban cuenta de la comisión de los delitos de desobediencia a una orden judicial (...) amenazas con arma".
En el mismo sentido, aunque debió haber informado a la fiscalía sobre los reiterados incumplimientos y las amenazadas, "no lo hizo".
La cuenta regresiva que el juez ignoró
El camino hasta el 23 de febrero estuvo sembrado de episodios que alertaban sobre el riesgo inmimente que acechaba a la joven. El 6 de enero, de acuerdo con una denuncia de la joven que recoge la presentación, Quintriqueo se metió "sin autorización" en casa de Curual y "la interroga desplazándose por el interior del inmueble (...) sobre si ella estaba con otra persona". Cuando ella le pidió que se fuera, el denunciado "le manifiesta: 'tené cuidado' y le muestra un cuchillo". Dos días después, cuando Curual fue a casa del agresor para buscar a la hija que tenían en común, él "la 'zamarrea y tira contra el suelo' mientras le pide explicaciones sobre su vida personal". Ella radica la denuncia en la comisaría donde revestía Roberto Yevenes, su entonces pareja; él "omite comunicar en forma inmediata al fiscal la comisión de los delitos denunciados".
Diez días después, una psicóloga y una trabajadora social "forenses oficiales (...) señalaron que luego de entrevistar a la víctima y a su victimario" consideraban que la joven estaba en riesgo alto, vulnerabilidad social por su corta edad, falta de presencia familiar, con necesidad de seguimiento, conflictividad desde la primera denuncia en julio de 2020, con portación de armas naturalizada, negada y con miedo". El informe detalló que la joven recordó que el hermano de su ex pareja había cometido un homicidio "en la vía pública con cuchillo".
Sin embargo, el juez se limitó a acusar recibo del informe, sin dictar "siquiera una sola medida idónea y delegando en terceros sin potestades de vigilancia y cuidado directo". Al día siguiente de ese acuse de recibo, Curual denunció nuevamente a su agresor por violar la restricción de acercamiento (él la vio en la calle y se acercó para amenazarla), y otra vez su pareja, el policía Yevenes, "omite comunicar en forma inmediata al fiscal la comisión de los delitos denunciados".
El jefe de Yevenes, Guillermo Alfaro, a cargo de la Comisaría 28, "estaba fehacientemente notificado de la prohibición de acercamiento dispuesta contra Quintriqueo, pudiendo haber dispuesto la detención por flagrancia y la comunicación con delito de desobediencia" a la fiscalía, "lo que habría permitido inclusive requerirse y disponerse la prisión preventiva", estimó la familia de la joven Curual. Sin embargo, eso no sucedió.
Los dos días siguientes, la joven advirtió que Quintriqueo la seguía en taxi. El 1 de febrero lo denunció nuevamente. Recuerda la presentación que Curual "lo consideró (...) como un acto de intimidación, así como temer por su integridad física, dado que el agresor consume cocaína y circula con cuchillo"; el juez "no adopta ni medida asegurativa alguna ni se comunica la comisión del delito a la fiscalía". La respuesta fue imponer "multa de 2360 pesos, sin oír a la víctima, sin comunicar el delito de desobediencia nuevo ni anterior ni las amenazas efectuadas con anterioridad, ni dispone arresto, secuestro de los cuchillos que portase" el denunciado a quien se limitó "a escuchar (...) como último acto de impulso del proceso".
