La reactivación del consumo, la construcción y la producción de bienes y servicios observada en el último trimestre del 2020 y el primer mes de este año permite retomar la senda del crecimiento económico y facilitar el saneamiento progresivo del presupuesto del Estado, a pesar de la pandemia.
En el universo conceptual de los economistas ortodoxos y de aquellos que propalan sus erróneas proyecciones esta recuperación era inimaginable. A la par de la mejora señalada en las variables macroeconómicas, se observa un incremento de las reservas del Banco Central, que se ubican ahora un poco por encima de los 40 mil millones de dólares. A lo que se le suma el equilibrio de la balanza de pagos, lo cual indica que, en su conjunto, las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández fueron las adecuadas para superar la crisis.
La aceleración del crecimiento económico logrado por el programa de sostén de la actividad económica vía el gasto público liderado por el ministro Martín Guzmán, ha permitido el consiguiente incremento de la recaudación impositiva. El aporte de las grandes fortunas ayudará a incrementar aun más los ingresos fiscales.
Se sabe además que el monto de los intereses de la deuda pública, que es un lastre para la economía, es el más bajo desde 2015 y esto debido a la reestructuración de la deuda.
Demanda
La reactivación económica ha permitido suspender el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia IFE. Pero estos serán reactivados si el impacto de la segunda ola de la pandemia fuera, este invierno, superior al esperado.
Esto ha permitido derivar un importante monto del gasto público para reforzar la inversión pública que explica el rápido crecimiento del sector de la construcción y, a la vez, se incrementaron los montos de la Tarjeta Alimentar en 50 por ciento: para quienes tienen un hijo el valor mensual pasó de 4000 a 6000 pesos y para quienes tienen 2 o más hijos, de 6000 a 9000 pesos.
A esto hay que agregar los aumentos limitados pero reales al 80 por ciento de los jubilados que ganan menos. Se incrementó el umbral para el pago del mal llamado Impuesto a las Ganancias que permitirá que 1,3 millón de personas dejen de pagarlo, lo cual se traducirá en un incremento adicional de la demanda de bienes y servicios del consumo privado. Lo que no pagan en impuestos esos sectores lo gastan en bienes de consumo.
Como se ve, el diagnóstico de los economistas ortodoxos que afirma que la política económica llevada adelante por el Gobierno es un ajuste, o sea una disminución del ingreso de los sectores medios y populares, es erróneo y sesgado.
Contractivo
Un déficit presupuestario puede ser recesivo, vale decir que provocará una contracción del PIB, cuando se disminuye el gasto público para compensar una caída de la recaudación fiscal por la disminución de los impuestos pagados por los ricos (retenciones y Bienes Personales), como ocurrió durante el gobierno de Macri.
La caída de la demanda global llevará a un incremento de la deuda pública necesaria para compensar ese déficit, y la recesión económica inducirá una nueva disminución de la recaudación impositiva, que implicará un nuevo aumento de la deuda.
Vale decir que los favores fiscales a los más acaudalados serán pagados por el conjunto de la población. Los ingresos de esos sectores disminuirán a corto plazo y esa caída continuará ya que deberán incrementarse los impuestos indirectos para pagar la deuda. En la primera parte del período de Macri el retroceso de la recaudación necesitó, como se recordará, restringir el gasto público, en particular en la inversión pública, la salud, la educación y las jubilaciones.
Expansivo
Pero el déficit presupuestario puede tener un efecto económico expansivo, como es el caso en la actualidad. Con el gobierno de Alberto Fernández la economía está en una trayectoria presupuestaria ascendente. Se observa, por un lado, un incremento de la recaudación merced al aumento de las retenciones y a la reactivación económica y, por otro lado, a un aumento del gasto público porcentualmente menor al incremento de la recaudación fiscal.
De ese modo, se produce una disminución del déficit fiscal. Esta reducción no se produce debido a una contracción del gasto, es decir de la demanda global, sino por un incremento de los ingresos fiscales.
Sin embargo, el cambio en la calidad de la recaudación impositiva y el gasto público permite incrementar la eficacia de la política fiscal en favor del crecimiento económico. Los ingresos fiscales se hacen progresivos con retenciones, Bienes Personales y aporte de las grandes fortunas, pero tienen un impacto poco significativo en la variable consumo privado de los sectores de altos ingresos y en la inversión.
En efecto, el consumo de los sectores más adinerados se mantendrá estable ya que representa una ínfima parte de sus ingresos y tanto más que una parte del mismo va al atesoramiento en dólares o en activos no productivos o de esparcimiento, productos suntuarios.
La inversión privada realizada por estos sectores depende sobre todo del nivel de utilización de la capacidad instalada que, por el momento, no está a su plena capacidad y comparable al último año de la gestión de Macri, lo que provoca reticencias en los inversores. Estos no invierten debido a lo ganado en el pasado, sino a lo que esperan ganar en el futuro.
El consumo de los sectores de medianos y bajos ingresos se incrementará debido al aumento de sus salarios, ayudas estatales y jubilaciones porque gastan todo lo que reciben. En cuanto a la inversión pública se observa un rápido aumento luego de la paralización de la misma durante el gobierno de Macri.
Orientación
Técnicamente un déficit presupuestario significa que los ingresos fiscales son inferiores a los gastos del Estado, y en sí mismo no es ni peronista ni antiperonista. Pero adquiere un contenido político según se oriente el gasto y la composición de los ingresos fiscales.
Si el déficit resulta de una política expansiva de la demanda pública o privada tendrá un impacto positivo en la actividad económica y el empleo. Al contrario, si es el resultado de una baja de los impuestos favorable al ingreso de los sectores de mayores ingresos tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico y aumentará la pobreza.
Los medios de comunicación antiperonistas en este año electoral siguen sosteniendo que estamos frente a un ajuste liderado por el Gobierno. El análisis de las cifras muestra la amplitud del desastre de la administración Macri, ya que la fuga de capitales fue superiores a las exportaciones de soja.
Las medidas presupuestarias tomadas por el equipo económico de Guzmán e indicadas arriba deben por lo tanto ser analizadas en su contexto. Según el estimador mensual de actividad económica (Emae) del Indec, la pandemia destruyó en 2020 casi el 10 por ciento de la economía nacional.
La economía ya estaba orientada a la baja debido a que la gestión de Macri había provocado durante su mandato una importante caída. De acuerdo a registros de la AFIP, en los últimos cinco años quebraron alrededor de 45.000 empresas, la mitad de las cuales fue durante el periodo de Mauricio Macri, sin pandemia.
El impacto negativo de la gestión macrista fue, por lo tanto, acumulativo y sus efectos hubieran sido aun más graves para los sectores populares si el actual Gobierno no hubiera aplicado la política de ampliación del gasto público, como se hizo en la mayoría de los países.
La próxima ola de contagios provocada por la covid-19 no debería incidir en la creación de riqueza y el PIB podría incrementarse en, por lo menos, 7,5 por ciento, ya que la experiencia reciente muestra que las medidas de sostén económico funcionaron y ahora hay recursos, experiencia y vacunas para enfrentarla.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS, Buenos Aires 2019.
