Para Gustavo Oliva, la gravedad de lo que sucedió en la escuela secundaria porteña Mariano Acosta no pasa la legalidad o no del accionar policial, que se presentó en el establecimiento para evitar una clase pública que tendría lugar ayer por la mañana en la calle, sino por la puesta en contexto de ese hecho: “La gravedad de este asunto debe entenderse en el contexto político y económico de habilitación del disciplinamiento social en el que se da”, planteó en diálogo con este diario el ex senador bonaerense  especialista en educación y ex director del Colegio Nacional de La Plata.  

–¿Es legal que un policía ingrese a una escuela sin que lo hayan llamado?

–La responsabilidad de lo que pasa dentro del establecimiento es de la directora o el director de la escuela. La policía tiene que acudir frente a un llamado de la autoridad, salvo que, por ejemplo, esté ocurriendo una persecución y que la persona perseguida se haya escondido en la escuela. Si existe un hecho que sucederá en la vía pública, en el que está o estaría involucrada la comunidad educativa, la autoridad policial puede coordinar acciones con la autoridad escolar, la autoridad policial puede consultar a los directivos. Y si quiere hablar con la directora, toca timbre en la escuela, pero probablemente no deje el arma en el patrullero. Más allá de eso, el peligro de lo que sucedió en el Acosta es el contexto en el que se da y su vínculo con todo lo demás.   

–¿Cómo juega con el contexto?

–Como lo que sucedió en la Universidad de Jujuy, lo que sucedió en el Acosta, lo que sucedió y sucede con los sindicatos, docentes y no docentes, son señales. Antes, 12, 13 años atrás, los pibes cortaban una calle y había desvío de tránsito. La policía automatizó durante toda la década esa conducta, no intervenía. En los últimos años empezaron a haber señales muy fuertes de un viraje en el posicionamiento del Ejecutivo nacional. La gravedad de este asunto debe entenderse en el contexto político y económico de habilitación del disciplinamiento social en el que se da: la intención por parte del Gobierno nacional de disciplinar a una sociedad en función de la implementación de un programa económico que precisa de ciudadanos golpeados desde la falta de trabajo y recursos recursos, pero fuera de la calle, desorganizados. Para eso, el Estado apela a su aparato represivo. Para que esto no siga avanzando, necesitamos insistir en la defensa de nuestro derecho a expresarnos: si queremos una sociedad, unos sindicatos, unos estudiantes libres o limitados cada vez más por el Estado a través de su aparato represivo. Al Gobierno, hoy la sociedad, los sindicatos, los estudiantes en la calle le hacen peligrar su programa económico.  

–Más allá de su legalidad o no, es una señal grave... 

–Es grave, sí. Las fuerzas policiales suelen operar como un “enter”. Si vos le diste “enter” y disparaste un criterio político macro de que no vas a permitir la protesta social, sindical, estudiantil, obrera, etcétera, tus tareas estrella serán vigilar y castigar. Al Mariano Acosta fueron a vigilar que los jóvenes no corten la calle y molesten al resto de la sociedad. Y si necesitaban castigarlos, también lo hubieran hecho, como hicieron con los docentes en la Plaza de dos Congresos. Ahora, tenemos que tener reflejos rápidos, la sociedad, los políticos, el periodismo, los padres de los chicos, en tratar de tutelar esta situación. 

–¿Y de qué manera se puede poner freno al intento de disciplinamiento social?

–Tengo la sensación de que todos los días se desmorona un poquito es la sociedad que había antes, de libertad y de protección del Estado frente a cualquier arbitrariedad. Y como se desmorona eso, crece por el contrario la injusticia. Si bien hay sectores de nuestra población que están enfrentando al modelo, hay lugares en los que aún falta poner en movimiento el cuerpo para expresar una disconformidad sobre la intención del Ejecutivo de disciplinarnos.