Dentro de la difícil relación que llevan adelante con la Corte Suprema, en el Poder Ejecutivo ponen cada día mayor atención en una figura desconocida para la opinión pública pero que fue ganando un lugar crecientemente relevante en los pasillos del Máximo Tribunal. Se trata de Silvio Robles, un experimentado lobista de empresarios y políticos que, de la mano del juez Horacio Rosatti, llegó a los niveles más altos dentro del personal de la Corte y se transformó en uno de sus principales operadores políticos.

En realidad, quizás sea más preciso decir que Horacio Rosatti llegó a su lugar en la Corte de la mano de Silvio Robles. Pero para ello hace falta hacer un poco de historia.

Robles fue vocero de Horacio Rosatti durante el año (julio de 2004 a julio de 2005) que éste ocupó el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Cuando Rosatti perdió su lugar, Robles peregrinó por otros ministerios, siempre como vocero de otros integrantes del gobierno. Los más conocidos fueron Felisa Micheli, de Economía, que en ese lapso sufrió el escándalo de la bolsa de dinero descubierta en su baño, y Ricardo Jaime, de Transporte. En el círculo íntimo de Micheli, siempre sospecharon del papel jugado por Robles en su caída.

Apenas cambió el Gobierno, Robles buscó cobijo en las nuevas autoridades y el puente se lo brindó su pareja, Laura Latorre, que durante años funcionó como Jefa de Prensa de Farmacity y mantuvo ese mismo puesto cuando el dueño de la cadena famacéutica, Mario Quintana, asumió como vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri y la invitó a sumarse a la flamante gestión.

A través de Quintana, Robles resultó el principal operador para que Macri nombre por decreto a Horacio Rosatti en la Corte Suprema. Tal como lo cuenta el ex presidente en su libro “Primer Tiempo”, él conoció su nombre por la intermediación de Elisa Carrió y, fundamentalmente, de su hombre en la Justicia Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Tanto Carrió como Rodríguez Simón trabajaban codo a codo con Quintana en esos tiempos, enfrentados al “ala política” del macrismo.

Una vez nombrado, lo primero que hizo Rosatti fue contratar a Robles como Director General y lo puso a cargo de todo lo relacionado con su vocalía. Pero no terminó allí su creciente influencia.

A poco de andar, Rosatti le dio la espalda al otro juez nombrado por decreto por Macri, Carlos Rosenkrantz, que había llegado a la presidencia del Tribunal Supremo, y participó en el “golpe interno” que lo vació de poder. Como resultado de la nueva relación de fuerzas interna, Robles quedó como segundo de Daniel Marchi, el hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, en la administración de la Corte.

Como premio especial, también creció su poder como operador político del Tribunal. Especialmente en el Centro de Información Judicial, el canal de prensa de la Corte Suprema, donde todos reconocen la influencia determinante de Robles en las comunicaciones oficiales del Poder menos democrático del Estado.

Cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, nadie se sorprendió de ver a Robles tratando de recuperar sus viejos contactos peronistas en las inmediaciones del bunker donde se tramitó la sucesión. Eso lo terminó colocando en el centro del “affaire Ruanova”, que terminó con el Presidente reclamando la renuncia de Gonzalo Ruanova a su puesto como subsecretario técnico de la Nación, después de que trascendiera que la oficina de Horacio Rosatti, a cargo de Robles, había conseguido que se contratara en la Corte a la hija del ahora ex funcionario.

Pero lo que más preocupó al Gobierno, fue el rol que le adjudican como operador del establishment tribunalicio para frenar en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Reforma de la Justicia Federal, que ya tiene media sanción del Senado desde agosto de 2020.

Dueño del despacho y la agenda de Rosatti, cualquiera empresario con casos en la Corte que quiera entrevistarlo tiene que pasar por su intermediación, en el Ministerio de Justicia nadie duda en advertir la sombra de los jueces del Tribunal Supremo tras las repetidas recorridas de Robles por los centros de poder mediáticos, económicos y políticos, intercambiando favores y haciendo lobby contra los proyectos oficiales.