El aumento de la pobreza hasta el 42 por ciento en el segundo semestre del año pasado tiene como una explicación principal a la disparada de precios de los alimentos. La canasta básica alimentaria subió 45,5 por ciento en 2020, por encima de la inflación general, que fue del 36,1 por ciento. Es decir, casi 10 puntos más. La situación empeoró en el primer bimestre de este año: la canasta de alimentos ahora aumenta al 46,4 por ciento y la inflación, al 40,7. Se achicó la brecha, pero ambos indicadores se agravaron.

Alimentos más caros equivale a mayor inflación para los sectores populares, porque destinan una proporción más alta de recursos a esa canasta de consumo. Si los ingresos no suben en igual medida, la pobreza escala.

Ese cuadro general pone bajo reflectores el mapa de precios de los alimentos. La primera conclusión es que en las góndolas no todo es lo mismo.

El grupo de productos típicos de almacén, como aceite, arroz, harina, fideos y lácteos, registra incrementos por debajo de la inflación general. Entre el 8,8 por ciento, como los fideos secos tipo guisero, y el 33,7 por ciento del kilo de pan francés tipo flauta, de acuerdo a las cifras del Indec para febrero. En el medio, un litro de leche entera fresca en sachet avanzó 14,8 por ciento en los últimos doce meses (de 54 a 62 pesos), el kilo de arroz blanco simple lo hizo un 23,6 por ciento (de 66 a 82 pesos) y la botella de litro y medio de aceite de girasol, 28,5 por ciento (de 149 a 192 pesos). La inflación general, como se indicó anteriormente, fue del 40,7 por ciento en el período.

Sobre este rango de productos es que rigen los Precios Máximos desde marzo del año pasado, con actualizaciones autorizadas por el Gobierno. La política impacta esencialmente sobre las grandes compañías alimenticias, que se quejan de su aplicación. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, la cámara que agrupa a esas empresas, es un luchador tenaz en contra de las regulaciones. En septiembre del año pasado decía: “Hay que levantar Precios Máximos; ya no se justifica. La emergencia que lo justificó ya no es tal. Consideramos que es momento de levantarlo porque responde a un grado de emergencia que lleva seis meses”.

A pesar de esa resistencia de larga data, el Gobierno mantuvo el programa y esta semana anunció su continuidad hasta el 15 de mayo, sin aumentos de precios ni cambio en la composición de los productos alcanzados.

Funes de Rioja sostiene que las industrias están perdiendo dinero, porque los costos van por arriba de la recaudación. El gabinete económico lo reconoce en algunos casos, pero la voluntad oficial es mantener el esquema de Precios Máximos mientras dure la pandemia. La evaluación oficial es que gigantes fabriles tienen ganancias previas y capacidad de recuperación, mientras que el 42 por ciento de la población en condición de pobreza no resiste más esfuerzos. De ese 42 por ciento, el 10,5 por ciento son indigentes, lo que significa que no pueden cubrir ni siquiera una canasta mínima de comida.

La pulseada con las industrias cobró más volumen desde mediados del mes pasado, cuando se anunció la creación de un registro en la Secretaría de Comercio Interior en el cual 1000 grandes empresas de alimentos, bebidas, artículos de tocador, limpieza, electrónicos, muebles y materiales de la construcción, entre otros, deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

“Esto implica una nueva carga para las compañías, que estamos en crisis igual que el país, sin tener en cuenta que la Ley de Abastecimiento es inconstitucional”, protestó Funes de Rioja. La referencia a esa norma es porque el nuevo registro la tiene como base de sustentación. Lo mismo ocurre con Precios Máximos. El Estado los puede imponer por la cobertura legal que le da ese instrumento, más allá de las quejas corporativas.

El registro de precios y stocks ya fue oficializado y las empresas deberán entregar la información hasta el 15 de abril. Copal advirtió que haría una presentación judicial para tratar de frenarlo. El Ministerio de Desarrollo Productivo sostiene que la información solicitada es básica y no genera cargas adicionales a las compañías. “Lo que se rechaza es la institucionalización de los controles. Que tengamos a disposición toda la información para hacer cumplir el abastecimiento del mercado a precios razonables”, retrucan en esa cartera.

En esa misión, el desafío para el Gobierno es mucho más exigente respecto de otros dos grupos de alimentos: carne, por un lado, y frutas y verduras, especialmente, por otro.

En estas categorías es donde las políticas oficiales se han mostrado insuficientes o poco coordinadas para contener los aumentos. La presión que genera la suba de precios internacionales es real, pero mientras en los alimentos industrializados hay un despliegue de medidas que logra amortiguarla, en estos otros rubros el impacto es prácticamente pleno.

En el caso de la carne, el kilo de asado subió 85,0 por ciento en los últimos doce meses, de 316 a 585 pesos, según el Indec con datos a febrero. La carne picada común aumentó de 209 a 327 pesos el kilo, un 56,4 por ciento. El kilo de nalga, 69,8 por ciento, de 392 a 665 pesos. El kilo de pollo, 54,9 por ciento, de 108 a 168 pesos. La inflación general en el período, otra vez, fue del 40,7 por ciento.

Frente a semejantes aumentos, la reacción de las autoridades fue buscar un acuerdo de precios para ocho cortes populares que se venden en supermercados y el Mercado Central. El plan tiene un grado de cumplimiento satisfactorio. Logró aminorar las subas. Pero también es cierto que no alcanza a ser una solución porque los volúmenes involucrados representan una porción menor de la demanda, la penetración territorial es limitada y el consumo de carne vacuna retrocedió a mínimos históricos. En contrapartida, las exportaciones de carne, con China a la cabeza, crecieron de manera exponencial.

El Gobierno extendió el acuerdo de los ocho cortes hasta el 15 de abril pero la decisión política es mantenerlo durante todo el año. De todos modos, el gabinete económico trabaja con la instrucción de Alberto Fernández de buscar soluciones más profundas. El Presidente encomendó a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, analizar intervenciones más decididas para aminorar los aumentos en la carne y también en frutas y verduras.

Respecto de estos últimos alimentos, la actuación pública es todavía más débil. No solo para regular los precios al público y entre los diferentes actores de la cadena, sino también en la planificación de la producción primaria, el fomento a la inversión, la transparencia impositiva y laboral, la incorporación de tecnología. Son tareas tan escarpadas como negativos los resultados a la vista. En la mayoría de los casos, las producciones están atomizadas y las grandes disparadas de precios que castigan a los consumidores no generan mayores ingresos a pequeños chacareros o a los cordones de huertas en las grandes ciudades. La especulación otorga fuertes ganancias en otros eslabones de la comercialización.

Eso se refleja en los precios al público. El kilo de zapallo anco subió 72,2 por ciento entre febrero de 2021 e igual mes del año pasado (de 38 a 65 pesos); el kilo de papas, 79,6 por ciento (de 33 a 60 pesos); el kilo de cebolla, 104,4 por ciento (de 35 a 72 pesos); el kilo de manzanas, 154,5 por ciento (de 77 a 196 pesos), el kilo de limón, 204,3 por ciento (de 67 a 203 pesos) y el kilo de naranjas, 270,9 por ciento (de 30 a 112 pesos). Sólo quedaron más cerca de la inflación del período (40,7 por ciento), el tomate, con un alza del 33,7 por ciento (de 53 a 71 pesos), y la lechuga, con 37,7 por ciento (de 108 a 148 pesos).

Frutas y verduras tienen problemas de estacionalidad que por momentos provoca disparadas todavía mayores. En ese punto, el Estado podría planificar la promoción del consumo de los productos más baratos en cada momento, con campañas de difusión, y estudiar la manera de cubrir los faltantes ocasionales en la medida de lo posible.

Ante la suba de la pobreza, por la inflación de los alimentos, en el Gobierno aseguran que la próxima etapa del combate a la inflación estará centrada en lo que ocurre con la carne, las frutas y las verduras. Del éxito de la intervención también depende hasta dónde llegará el índice de precios.