El Ministerio Público de la Acusación dejó sin efecto la licencia sin goce de sueldo en la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) que tomó Marcelo Sain para asumir como ministro de Seguridad de Santa Fe. La decisión fue confirmada por el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini y lleva la firma de la Jefa de Oficina de Asesoría Legal y Técnica del MAP, Sabrina Sánchez. La funcionaria se comunicó formalmente, el 31 de marzo pasado, con el ex ministro para informarle que el fiscal general de Santa Fe deja sin efecto la licencia sin goce de sueldo concedida a Sain mientras durara su desempeño en el gabinete provincial.

En el documento, se expresa que "no obstante" las denuncias presentadas, el fiscal general tiene "facultades" para levantar la licencia anteriormente otorgada al ex ministro. También se remite el documento a la Corte Suprema de Justicia. Se refiere a las presentaciones contra Sain del diputado Pablo Farías, la Cámara de Diputados y Diputadas y el presidente de la Comisión de Juicio Político, Joaquín Blanco, como así también por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti. 

La suspensión de la licencia a Sain le permite regresar a sus funciones en el OI, del que fue su director tras ganar un concurso. Las presentaciones de Diputados tenían como objetivo impedir la vuelta del exministro de Seguridad al cargo judicial. Un total de 27 diputados provinciales rechazaron el regreso o permanencia de Sain. 

Para impedir que el exministro reasumiera en su cargo, enviaron una petición formal al jefe de los fiscales en la que anticiparon el posible juicio político y una reciente denuncia en el Inadi por sus expresiones racistas contra los santafesinos. Entre los argumentos, los legisladores plantearon la incompatibilidad con el cargo anterior, la revisión de su tarea como ministro, los ataques a la libertad de prensa, a legisladores opositores y funcionarios judiciales; su militancia política partidaria y "agresiva"; y que -dijeron- tiene al menos una denuncia penal en contra.

La petición a Baclini fue firmada por diputados del Frente Progresista, Juntos por el Cambio y parte de Somos Vida. No la acompañaron los legisladores del Partido Justicialista. Desde el gobierno provincial y el oficialismo argumentan que se pretende truncar el trabajo de Sain en la investigación de delitos complejos, que dejó al descubierto la trama de complicidades de la policía y sectores de la política. Acusan concretamente al gobierno provincial anterior, a partir de la actuación de ex jefes policiales como Alejandro Druetta, recientemente condenado como organizador de una asociación ilícita mientras estaba al frente de Drogas Peligrosas. 

El OI integra el Ministerio Público de la Acusación como órgano técnico de apoyo a la gestión y depende orgánica y funcionalmente del Fiscal General. En diciembre de 2018, cuando asumió en el OI, Sain indicó que se trata de "un órgano técnico cuya función es asistir a los fiscales –bajo la conducción del Fiscal General– en la investigación de la criminalidad compleja”. Sain decidió darle "mucho valor a la gestión de información y de análisis criminal".