La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) cuestionó este domingo la resolución a través de la cual el gobierno le solicitó a las compañías que presenten mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos. La entidad interpuso un recurso administrativo requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación.
“Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”, aseguró COPAL en un comunicado distribuido este domingo.
La entidad aseguró que desde el comienzo de la pandemia, la industria ha sabido demostrar su carácter esencial en la matriz productiva del país y ha continuado prestando servicios en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a las familias argentinas. Sin embargo, el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la Covid-19. “Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”, remarcó la entidad.
