El gobernador Gustavo Sáenz anunció en la apertura de sesiones extraordinarias de la Legislatura que enviará un proyecto de ley que crea un fuero especializado en materia de violencia familiar y de género que tendrá competencias múltiples, abarcando aspectos del derecho de familia, civil y penal. Especialistas y militantes salteñas consideraron que debe haber una consulta previa a las organizaciones territoriales, presupuesto y que debe producirse la creación de estos fueros especializados en el interior provincial donde no llegan muchas de las políticas públicas de Capital y las víctimas están más oprimidas.
Sáenz habló de la revictimización "que implica el tener que transitar por distintas oficinas y someterse a múltiples procedimientos. En esa lógica es que resulta necesario realizar transformaciones estructurales del sistema de justicia para atender mujeres que solicitan su intervención".
La abogada especializada en género, Josefina Arancibia, explicó a Salta/12 que la idea de un fuero único que contemple las acciones civiles, penales y de familia no es novedosa, sino que ya se viene solicitando desde los espacios feministas.
En Salta en 2014, con la declaración de la ley de emergencia Nº 7857 se dispuso la creación de cinco juzgados especializados en violencia familiar y de género, dos en el centro, uno en Tartagal, uno en Orán y otro en Metán. Después se aprobó la creación de dos más, el tercero en capital y uno en Joaquín V. González, ninguno de éstos últimos se ha puesto aún en funcionamiento.
Arancibia señaló que en estos lugares falta personal con perspectiva de género y además tienen una "competencia limitada", solo para el dictado de las medidas cautelares y "no dictan otras medidas de la ley 7.888". "Muchas veces cuando (las letradas) solicitamos alimentos provisorios nos contestan que vayamos por la vía que corresponda, es decir, los juzgados de familia", ejemplificó.
Esto genera distintas intervenciones, por un lado debe tramitarse la denuncia si es que hubo lesiones o amenazas en el fuero penal, por otro lado, los asuntos de alimentos y regimen de visitas o guarda en los juzgados de familia, y en un juzgado civil lo atinente a las demandas civiles, etc. "Esto genera múltiples intervenciones" que "muchas veces la mujer que sufre violencia no entiende", afirmó la abogada.
Para Arancibia, un fuero único "viene a salvaguardar" las deficiencias que presenta el actual sistema de Justicia en lo que se refiere a la violencia de género. Sostuvo la inquietud de que "si se crea un solo juzgado no alcanzaría para cubrir la demanda de Capital" y también que será necesario que se abran en el interior donde las "políticas son escasas o casi nulas" en esta materia.
La abogada del servicio comunitario ALFA que brinda asistencia y patrocinio gratuito a víctimas de violencia familiar y de género, Guadalupe Morales, coincidió con el hecho de que faltan organismos para atender a las víctimas en el interior. Contó que en ALFA llevan causas de San Antonio de los Cobres, General Güemes y Joaquín Víctor González, y expresó que en estos lugares la situación "es mas opresiva, no hay medios ni existe una conciencia tal que les permita a las víctimas denunciar". Por ello consideró importante que la iniciativa de los fueros especializados también se implemente en el interior provincial.
Morales evaluó que en Salta el sistema de justicia actual "es difuso" y consideró una buena iniciativa la de un fuero especializado, si se implementa. Contó que en España funcionan fueros especializados que han facilitado la unión de criterios de jueces y han aumentado la eficacia en las respuestas que dan a las víctimas. "Empezó a mermar el hecho de que las denuncias queden en la nada", expresó. "Un mismo juez o jueza viene a entender en todas las causas", indicó.
Para la letrada puede resultar muy útil que un fuero especializado pueda intervenir con perspectiva de género y tomar medidas en todos los aspectos, penales, familia y civiles. En la actualidad ni siquiera hay comunicación entre los distintos juzgados para que jueces y juezas estén al tanto de lo que se maneja en los expedientes.
Para Morales, los juzgados de violencia familiar y de género podrían ampliar su competencia "para entender en todas las cuestiones", "necesitarán una inversión importante, de personal, insumos, y que formación en género para evitar que se dicten resoluciones con criterios diferentes dentro de un mismo tema. Aclaró que es algo que plantea desde su perspectiva. En concreto el gobernador no explicitó cómo se implementaría el fuero especializado que anunció. La abogada manifestó que es necesario que estos espacios en la justicia prioricen el "respeto a la víctimas de violencia de género".
La integrante de la Multisectorial de Mujeres y ex directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Alicia Ramos, también hizo referencia a que lo anunciado por Sáenz, viene siendo una demanda de las organizaciones feministas desde hace más de 20 años. Las activistas que realizan acompañamientos en territorio son las que vienen poniendo en evidencia "la peregrinación de las mujeres víctimas en los pasillos del poder judicial, en distintas oficinas con un costo de revictimización, sobre todo de no solución de la emergencia y de los problemas".
Ramos señaló que la violencia de género requiere un abordaje multidisciplinario y con articulación de los distintos organismos del Estado. Consideró que "está faltando la participación de las mujeres y disidencias, sobre todo cuando integran organizaciones sociales que trabajan en territorio y tienen perspectiva de género", en este punto, manifestó que el proyecto que se va a presentar debería contemplar una instancia de consulta a la militancia feminista.
La referenta analizó que hay "una falta de coordinación institucional", y que es necesario cambiar de paradigma para dar respuestas a las víctimas. Hay en este sentido una "necesidad de evitar la fragmentación" para que "no se victimice y revictimice". Por otro lado, opinó que la judicial es una de las dimensiones de lo que atañe a violencia de género que es "multicausal" y "abarca distintos aspectos de la vida de la víctima". Ramos indicó que las desigualdades de género son estructurales, por ello es necesario que haya un abordaje integral, con organismos que actúen articuladamente y en consonancia.
"Nosotras vemos que la institucionalidad que tenemos en la provincia para nada cumple la premisa de un abordaje integral , territorial, articulado e interministerial", manifestó Ramos. Consideró que hay un retroceso en materia de políticas públicas de género en el actual gobierno y cuestionó que se haya disuelto la subsecretaría de políticas de género. También criticó que la temática de género quedara bajo competencias del Ministerio de Seguridad y de Desarrollo Social.
Arancibia también manifestó que no hay asistencia efectiva a las víctimas en la provincia y por ello consideró fundamental que se designe un presupuesto específico a la cuestión de género y que se clarifique la asignación de éste, para que el discurso del gobernador no quede solo en "algo declamativo". Mientras tanto, evaluó que "las respuestas son dadas a medias". "La asistencia le compete al ejecutivo. Los refugios no están en condiciones, muchas mujeres han denunciado que les servían comida en mal estado", sostuvo.
La abogada también dijo que las trabajadoras y profesionales del Polo Integral de las Mujeres están con contratos temporarios, "están también siendo maltratadas y la mayoría son mujeres". "Hay una cuestión que impacta en lo institucional, no solo a las personas que van a pedir asistencia sino a las personas que trabajan ahí, esto se debe regularizar, y brindar el insumo material para una correcta atención", aseveró.
La letrada también hizo referencia a que faltan botones antipánico, las pulseras electrónicas, que las consignas policiales no se cumplen, y se han producido muchos femicidios donde había denuncias previas y algunos fueron perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad. "Hace falta compromiso de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público", expresó .
También otro cuestionamiento hacia la justicia salteña, es que tiene en funciones en la actualidad al juez Federico Diez denunciado por violencia de género. Arancibia planteó además que no hay sanciones para quienes ejercen funciones públicas y no dan las respuestas correctas.
La propuesta del gobernador, surge en un momento en que la demanda de las últimas marchas feministas en la provincia y a nivel país viene siendo la de una reforma judicial feminista. Esta demanda se debe a los femicidios que se han producido en que las víctimas tenían denuncias previas por violencia de género contra sus agresores, y no obtuvieron las respuestas necesarias de parte de la justicia para protegerles la vida. Una de las víctimas salteñas que pasó por esto fue la docente Paola Tacacho quien residía en Tucumán.
