Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a legisladores republicanos, aprobó una ley que permite a las empresas de telecomunicaciones vender la información de navegación en Internet de sus usuarios. La norma pone fin a la regulación del ex presidente Barack Obama, que obligaba a que los usuarios den su consentimiento para que puedan vender su historial de búsqueda, sus hábitos de consumo, su localización u otra información implícita en su “huella digital”. La avanzada republicana fue presentada como el “fin de la privacidad en Internet” por la mayor parte de la prensa mundial, incluyendo la Argentina.
Sin embargo, la privacidad en Internet ya se encontraba bastante limitada. Por un lado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos están autorizadas no sólo a conocer la huella digital, sino también almacenar y filtrar las comunicaciones vía mail, chat, celular y hasta las pronunciadas frente a los televisores inteligentes, tal como mostró un reciente documento filtrado por Wikileaks. Parte de ese espionaje, autorizado sobre los no estadounidenses por una legislación que nace tras los atentados a las torres gemelas y sobrevivió a la Patriot Act, suele ser revendida a empresas con fines comerciales en el mercado negro de la información. En cierta forma, la ley republicana permite por el camino inverso, el espionaje hacia los ciudadanos de Estados Unidos, ya que nada impide que las agencias de seguridad también compren la huella digital de los estadounidenses a las empresas de telecomunicaciones.
Por otro lado, las empresas que administran plataformas que transmiten información a dispositivos electrónicos conectados a la web (OTT, Over The Top) como Google o Facebook, ya hacían uso comercial de la huella digital de sus usuarios. Si bien la legislación no permitía que vendieran o difundieran a terceros esa información, si podían utilizarla como parte del atractivo de sus servicios de publicidad. La obligatoriedad de los usuarios de esas plataformas de hacer personalizadas sus búsquedas, localizaciones, permite a las OTT contar con una amplia base de información personalizada para desarrollar publicidad en línea, un negocio que en 2015 movió 59,6 mil millones de dólares sólo en Estados Unidos, según Interactive Advertising Bureau. Es por ello que Trump y el bloque republicano presentaron su ley como el fin del monopolio de las OTT sobre el negocio de la publicidad online, donde ahora pasarían a pisar fuerte también las empresas de telecomunicaciones.
En el medio de esa pelea de intereses económicos y del poder por el manejo de información entre las agencias de seguridad de los Estados Unidos, sus corporaciones de telecomunicaciones y las OTT, naufraga la privacidad de los ciudadanos del mundo que navegan por Internet. Una privacidad que algunos especialistas sólo ven posible si se avanza en una regulación a favor del “anonimato en las redes”. Es decir, que los usuarios puedan navegar sin dejar sentada su huella digital, tal como ofrecen algunas plataformas como Tor Browser cuyo uso es aún poco habitual.
@AndresAsiain
