Los tres jóvenes “hijos del poder” imputados en el caso conocido como “La Manada de Chubut” irán finalmente a juicio oral. Lo resolvió el juez Penal de Trelew César Zariategui, luego de escuchar a las partes en una audiencia preliminar que se extendió por nueve horas. Y donde concluyó que no hay elementos para sobreseer a los acusados, como pidió la defensa. Ahora se debe fijar la fecha de realización y definir la conformación del Tribunal de Juicio. Se espera que el debate oral se lleve adelante a mediados de año. Los tres jóvenes están acusados de abusar sexualmente en forma grupal de una adolescente de 16 años, en una fiesta que se hizo en una casa del balneario Playa Unión, en 2012, por el Día de la Primavera. El discernimiento para poder consentir una relación sexual estará en el centro del debate oral. Para la querella, como relataron las amigas, la denunciante no estaba en condiciones de consentir por su estado de inconsciencia. Para la defensa, en cambio, ella aceptó tener sexo grupal. Entre los defensores de los imputados se encuentran los abogados penalistas más importantes de la ciudad de Buenos Aires.

Aunque el fiscal general Fernando Rivarola buscó el año pasado diluir la acusación con una propuesta de juicio abreviado que les garantizaba penas menores y la libertad a los denunciados --en la que usó la repudiable figura de “desahogo sexual doloso” para describir la conducta de los imputados--, ahora pidió 10 años de cárcel para cada uno. La querella, a cargo de la abogada especializada en derechos humanos Victoria Heredia –-también representante legal de los padres de Lucía Pérez-- junto a Florencia Piermarini, pidió 25 años de prisión para uno de ellos --quien habría conducido a la adolescente al quincho donde luego habría sido ultrajada-- y 20 años para cada uno de los otros dos.

Durante el juicio está previsto que sea citado más de un centenar de testigos. Por la fiscalía declararán como “experta” la antropóloga feminista Rita Segato, por la querella María Elena Barbagelata, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y el psiquiatra Enrique Stola, especializado en el abordaje de violencia sexual (asistió a dos de las víctimas del cura pedófilo Julio César Grassi); por la defensa, el controvertido penalista Marcelo Sancinetti.

“Tal como venimos sosteniendo en este caso particular, teniendo en cuenta la gravedad del delito, los daños padecidos por M.S. y su decisión acompañada --ahora sí-- con debido asesoramiento jurídico y sostén psicológico, corresponde al Estado investigar y sancionar a los responsables luego de un juicio con las debidas garantías. Esperamos que el juicio se resuelva sobre la base de prueba relevante, sin alusión a estereotipos discriminatorios que en general pretenden suplir la prueba del consentimiento”, señaló a Página 12 la abogada Alejandra Tolosa, coordinadora del enlace en Chubut del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una red internacional de ONG de mujeres y activistas feministas. Cladem está preparando un amicuscuriae para presentar en el juicio.

La principal defensa de los imputados es afirmar que la joven habría consentido participar de una escena de sexo grupal con cinco jóvenes. El mismo argumento que los cinco condenados en el caso español de “La Manada” --una violación cometida en banda en los sanfermines de 2016, contra una chica de 18 años-- y que finalmente recibieron una pena de 15 años de cárcel. La querella, tal como describieron sus amigas, sostiene que la adolecente de Chubut estaba inconsciente, tal vez por un estado de intoxicación que podría ser por alcohol.

Del hecho ocurrido en la fiesta de Playa Unión también habían participado otros dos jóvenes, que en aquel momento eran menores de edad y ya fueron sobreseídos: uno de ellos, nieto de un ex gobernador de la UCR e hijo de un médico muy prestigioso de Trelew propietario de una de las mejores clínicas privadas de la provincia, y el otro, hijo de un empresario local.

El juez Penal de Trelew César Zariategui dictó el miércoles el auto de apertura del juicio oral y público. La Oficina Judicial de la provincia tiene que fijar fecha, conforme al cronograma de juicios, para definir cuándo se hará el debate oral y público. También se deberá designar a los tres jueces que conformarán el Tribunal de Juicio.

Los acusados son Luciano Mallemaci --su padre es dueño de una inmobiliaria--, Leandro del Villar --es nieto de un ex senador radical ya fallecido y su familia tiene una empresa de transporte portuario en Puerto Madryn-- y Marcelo Ezequiel Quintana, oriundo de Santa Cruz. Todos llegan en libertad al juicio.

La calificación jurídica de la querella es para los tres imputados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y graves daños a la salud de la víctima; a uno de ellos (Mallemaci) además, abuso sexual agravado. Hay una diferencia con la acusación de la fiscalía: no incluye el acceso carnal.

En la audiencia preliminar, que se hizo el jueves 25 de marzo, no participó la denunciante, pero sí los acusados y sus defensores. La joven --identificada como M.A.-- tiene en la actualidad 24 años y en diciembre se graduó como arquitecta. Vive en la provincia de Buenos Aires. Ella relató los hechos que había sufrido en una publicación de Facebook en 2019. Ese texto fue el puntapié para que Rivarola iniciara una investigación. Por dar a conocer ese episodio violento, la joven contó que tuvo que mudarse de donde vivía porque fue amenazada.

Los defensores de Mallemaci son Francisco Oneto y Roberto Rallín; de Del Villar, Gabriel Palmeiro y Martín Villar, y de Quintana, Guillermo Iglesias. Todos pertenecen a estudios jurídicos porteños. La defensa planteó en la audiencia preliminar que es nula la acusación y por lo tanto pidió que se dicte el sobreseimiento de los tres imputados. Después pidió que se suspenda el juicio hasta que se ponga en vigencia el juicio por jurado popular, cuya implementación en la provincia de Chubut está suspendida por la pandemia de covid-19.

En “Donde no hago pie” (Lumen), el reciente libro testimonial sobre el abuso que sufrió de parte de un tío, ex comisario bonaerense, la periodista y escritora Belén López Peiró, cuenta que un abogado especializado en juicios por jurados le dice que como estrategia de la defensa, los acusados de delitos sexuales están pidiendo ser juzgados de esa forma porque evalúan que la incorporación de la perspectiva de género ha penetrado más en operadores de la justicia --a partir de la Ley Micaela y otras capacitaciones-- que en la población en general y así apuestan a poder manipular a los integrantes del jurado --gente de la misma sociedad a la que pertenecen los denunciados-- para conseguir una absolución. Para llegar a una condena, debe estar de acuerdo una mayoría especial, según la provincia, de entre 10 y 8 de los 12 miembros.

El año pasado, el fiscal general acordó con las partes cerrar el caso con un juicio abreviado y la libertad de los acusados (con una pena de tres años sin cárcel). Entonces, Heredia no era la abogada de la querella. En la propuesta del acuerdo, para describir la conducta de los imputados, Rivarola usó la frase: “desahogo sexual doloso”. La resolución se conoció el 3 de junio, justo el día en que se convoca a marchar con la consigna Ni Una Menos desde 2015, contra las violencias machistas y su expresión más extrema, los femicidios. El tema tuvo amplio eco en medios y redes, que cuestionaron en duros términos al fiscal. El fiscal alegó que la voluntad de la denunciante --que había sido escuchada en una audiencia-- era terminar lo más pronto posible con todo el proceso y que además, no habría prueba suficiente para llegar a una condena. En el acuerdo, a la víctima le ofrecieron una reparación económica.

Pero luego, el 9 de junio de 2020, ese acuerdo de ir a un juicio abreviado fue anulado por el juez Marcelo Nieto Di Biase, al considerar exigua la pena que podría corresponderles a los imputados. ¿Qué quería realmente la denunciante? ¿Su voluntad podría haber estado influida por el fiscal? “Fue un trabajo deliberado para destruirla a ella. Acá se conocen todos”, consideró la abogada de la joven este diario, que asumió la querella en setiembre. El fallo fue apelado por el abogado Guillermo Iglesias, en representación de Quintana. Finalmente, la Cámara en lo Penal de Trelew anuló el fallo Di Biase, pero ninguno de los acusados aceptó el juicio abreviado, con el razonamiento de que si no había suficientes pruebas para condenarlos, en un juicio oral y público podrán limpiar su nombre y ser absueltos.

Ahora el caso se juzgará en un juicio oral, que tal vez, por la sensibilidad del tema, no sea público.