La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las causas por el espionaje ilegal desarrollado durante el gobierno de Mauricio Macri continúen investigándose bajo la órbita de la Justicia federal de Lomas de Zamora y no pasen a Comodoro Py, como pretenden los acusados y donde estos contarían con tribunales amigables. La decisión de arrebatarles la causa al juez de Lomas Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide fue tomada por la Sala IV de la Cámara de Casación Federal, el tribunal hoy en crisis por la connivencia de varios de sus miembros con el gobierno macrista.
La presentación de la ex presidenta se concretó a través de un recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país, elevado en su rol de querellante por su abogado Carlos Beraldi.
"Resulta imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes", argumentó el abogado de CFK.
Beraldi pidió que se revea el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que dejó firme la decisión del pase de las causas por espionaje ilegal en la que están procesados los ex titulares de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani desde el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora hacia los tribunales federales de Retiro.
"Se ha efectuado una indebida interpretación de las normas reglamentarias de la garantía del juez natural", sostuvo el abogado. Además, advirtió que "la decisión adoptada puede determinar el entorpecimiento de una investigación de una gravedad institucional inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad".
El exdirector general de la AFI Gustavo Arribas había planteado que la causa por el espionaje en el Instituto Patria debía tramitar en Comodoro Py porque básicamente la sede de la AFI --y desde donde él emitía las órdenes -- estaba en Ciudad de Buenos Aires. Darío Nieto, el secretario privado de Macri, había hecho lo propio en la causa sobre el accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros y del espionaje penitenciario.
Esas solicitudes fue las que atendió en febrero pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky --señalado por sus múltiples visitas a la Quinta de Olivos para ver a Macri-- y Javier Carbajo. Ambos camaristas coincidieron en que las investigaciones deben tramitar en la CABA porque la mayoría de los hechos de espionaje tuvo epicentro en la CABA y sólo unas ramificaciones en la provincia. Señalaron, precisamente, que las sedes centrales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) están en la Ciudad Buenos Aires y desde allí se habría orquestado el espionaje. "Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora", aclararon Borinsky y Carbajo. En disidencia votó la jueza Angela Ledesma: "Un desplazamiento a esta altura podría neutralizar tales avances --planteó la magistrada-- o, al menos, suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso o analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal".
De recaer en Comodoro Py, la causa tiene altas chances de quedar en manos de la jueza federal María Eugenia Cappuchetti con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli, justamente uno de los actores claves del entramado político, judicial y mediático que dio sustento a las operaciones de espionaje durante el macrismo.
