En varias comunidades indígenas hay quejas respecto a las elecciones de congresales por comunidades que se realizaron el sábado y cuyo proceso culminará el próximo 8 de mayo cuando elijan a los nueve vocales que conformarán el consejo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). 

Desde el lunes 5 referentes de pueblos originarios se movilizaron con la expectativa de que ayer se tratara en la Cámara de Diputados el proyecto que ya tiene media sanción del Senado para la modificación de la ley 7121, de creación del IPPIS, con el fin de que se que incluya el reconocimiento oficial de los pueblos Lule, Atacama, Tastil, Iogys y Weenhayek, lo que les permitiría participar del proceso eleccionario y contar con representantes en el organismo estatal que debe regir la política pública destinada a los pueblos originarios que habitan en territorio provincial.

El subsecretario de regularización territorial y registro de comunidades indígenas, Ariel Sánchez, dijo a Salta/12 que cuando tengan las actas para del padrón de congresales darán tratamiento a las impugnaciones que anunciaron las comunidades e irán resolviendo las situaciones particulares en el Tribunal de Garantías. El funcionario precisó que han recibido entre cinco o seis observaciones y han ayudado a que queden por escrito. Indicó que el Tribunal podrá solicitar un informe a los veedores, que fueron trabajadorxs del Estado, agentes sanitarixs, enfermerxs, docentes, auxiliares bilingues y en algunos casos, policías. 

Sánchez contó que en Iruya no se pudieron hacer las asambleas debido a las disposiciones municipales por la covid-19 que restrinjen las convocatorias a reuniones. En este caso, se fijará una nueva fecha para la elección de congresales de las comunidades del Pueblo Kolla de Iruya. 

El funcionario destacó que las elecciones se desarrollaron con "normalidad" y, a diferencia de otros años, hay pocas quejas aunque señaló que "falta esta semana", porque a su entender debe haber comunidades rezagadas que aún no les hicieron llegar las impugnaciones.

Las quejas

En Misión San Francisco, del Pueblo Ava Guaraní, en Pichanal, Carina Rojas informó a Salta/12 que presentarán una impugnación a la congresal elegida porque esa selección fue realizada solo por "el presidente (Bernardo Flores) y la cacica (María Flores)" en una reunión con un fraile y un vocal pero sin la participación de la comunidad. "El sábado a la mañana se reunieron el presidente y la cacique y eligieron a la prosecretaria Claudia Tercero. Hubo un cura y un vocal. No hubo más nadie. La candidata para ser la representante surgió solo por sus votos", manifestó.

Rojas explicó que su comunidad tiene 12 mil habitantes y consideró que la congresal no pudo haberse elegido "solo con dos votos". También dijo que el Consejo de la comunidad, que tiene 20 integrantes, no fue notificado. Dijo que hubo personas que escucharon al presidente invitar a una asamblea en el lugar de reuniones "Teko" pero que cuando fueron el sábado no había nadie y la reunión se hizo en otro lugar, "al lado de la casa de los frailes". “No nos avisaron a nosotros, supuestamente se tendría que haber hecho asamblea para elegir representante del IPPIS”, sostuvo. El domingo se reunieron miembros del Consejo para presentar la impugnación de la elección realizada en la que la veedora fue la agente sanitaria Elsa Sosa.

También en la comunidad guaraní Nacional hay quejas respecto al vocal saliente Gabriel Yaguarí, que se postulaba para continuar en el cargo. La presidenta comunal, Patricia Vega, presentó una impugnación.

Carlos Juárez es de Misión Cherenta en Tartagal, donde las elecciones se desarrollaron de forma normal pero apoya la impugnación a Yaguarí y viajó a la Capital con Vega. Según explicaron, las comunidades guaraníes son 98, la elección de vocales de esa zona se hará en la ciudad de Tartagal, donde llegarán congresales de San Martín y Orán.

La queja apunta a que Yaguarí habría incurrido en irregularidades para autoproclamarse congresal electo. Lo acusan de haber llevado a gente extraña a la comunidad a votar a mano alzada y apurando a los integrantes de la comunidad que preparaba los elementos para votar con DNI y urnas. También acusan al veedor Angel Valdez de no haber querido esperar a que la comunidad realizara la elección como planificaba.

La miembra de la Comunidad guaraní El Milagro, de Salvador Mazza, Roxana Durán, expresó descontento porque no pudieron participar de las elecciones. "Nos acercamos para ser partícipes pero la presidenta de la comunidad, Mariela Salgado, ya tenía las actas y a los congresales elegidos, no sabemos exactamente a quiénes porque nos enteramos tarde", afirmó. "La veedora fue solo a firmar lo que ya estaba hecho, no presenció ninguna elección", añadió. Informó que ya se comunicó con la abogada de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Sandra Ruiz, quien se comprometió a recibir la presentación que hagan.

También la cacica guaraní América Calixto, de la comunidad Yanderenta, dijo que hubo irregularidades en la elección del congresal de su comunidad. "De un día para otro nos aparecen caciques nuevos, eso ya viene de hace años", afirmó. "Yo tenía que llamar a asamblea, ayer me dan la noticia de que hay un nuevo cacique Carlos Cuéllar. No se hizo ninguna asamblea, a mí se me vence el mandato el 30 de agosto, en ningún momento se llamó a elección. Me llama la atención que la gente de provincia no se tome el trabajo de averiguar", aseveró. Sostuvo que Cuéllar hizo una elección pero que no participaron los miembros de la comunidad. La cacica dijo que tratará de impugar la elección, y pidió al IPPIS intervenga en este problema.

En  Comunidad El Tráfico, del Pueblo Wichí, en jurisdicción del municipio de Embarcación, se quejó de no haber podido participar de la elección porque no tienen nuevo cacique. Sánchez indicó que esto no es un impedimento. Explicó que la comunidad había llevado a cabo el año pasado una elección para elegir al nuevo cacique porque el anterior falleció pero no fue validada porque ocurrió en contexto de pandemia y esto estaba prohibido. Sin embargo, señaló que luego salió una resolución que habilita a que elija autoridades.

Por otro lado, en la zona de los Valles, en la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, el vocero Ulises Yañes, informó que "no hubo acuerdo y la asamblea decidió que nadie va a participar en la elección del vocal del IPPIS". No se acordó en este caso quien iría a la elección de vocales. Yañes sostuvo que esta también es una decisión que es parte de la "autodeterminación" de los pueblos.

Cinco que piden reconocimiento

Representantes de los pueblos Lule, Atacama, Tastil, Iogys y Weenhayek  se concentraron desde el lunes frente a la Legislatura esperanzados en que se trate un proyecto para darles reconocimiento y participación en las elecciones del IPPIS. Sin embargo, la iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, no figuraba en el orden del día y no se trató en la sesión de este martes en Diputados.

El presidente de la Comunidad Lules de Finca Las Costas, David Torres, dijo a Salta/12 que estuvieron en asamblea con los otros pueblos. A las 11 se reunieron con el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, Raúl Medina, y redactaron un acta compromiso para que no se dilate el tratamiento del proyecto de ley, que necesita el dictamen de dos comisiones antes de pasar a debate en el recinto. 

Sánchez dijo que, mientras esperan el tratamiento en la Legislatura de la modificación de la ley 7121, su Secretaría está en permanente diálogo con los pueblos. 

El cacique Benito Rodríguez, de la comunidad weenhayek Gallardo, que se ubica al costado de la ruta nacional 34, en la zona de Embarcación, dijo a Salta/12 que viajaron 9 comunidades de este pueblo para reclamar reconocimiento en la Legislatura; añadió que hay 12 comunidades del Pueblo Weenhayek en la provincia, y que el resto no pudo viajar por falta de recursos económicos. 

Rodríguez contó que se quedaron el lunes por la noche en la plaza, sosteniendo asambleas y esperando la sesión de este martes, y se quejó por la demoras para el tratamiento del proyecto. Sostuvo que quieren participar del IPPIS para tener representantes que luchen por sus derechos, ya que en el norte están muy olvidados, e indicó que ahora mismo no tienen recursos para volver a sus lugares de origen.

El cacique Isaías Fernandez, de la comunidad weenhayek El Quebracho, de Tartagal, dijo que su pueblo tiene derecho a "participar políticamente y ser reconocido". Consideró que participar del IPPIS favorecería sus luchas y reclamos. Contó que cuando se bajan proyectos para pueblos originarios no acceden porque no tienen reconocimiento. "Estamos aquí, resistiendo para que haya de parte de Diputados una respuesta hacia nosotros. Vamos a seguir en el acampe que estamos haciendo frente a la Legislatura hasta que haya una respuesta o tomaremos otra medida", afirmó.