Este 2021 será un nuevo año electoral en Salta, y las mujeres y disidencias desde hace tiempo reclaman participación en las listas y también en la distribución de cargos. Además, la provincia viene convulsionada por la cantidad de representantes políticos denunciados por violencia de género, acoso, abuso o intentos de abuso sexual. 

Con ese marco, el viernes pasado se realizó el primer encuentro de mujeres y disidencias del Frente de Todos, de donde surgió la necesidad de un protocolo para abordar la violencia política. En el comité de Capital de la UCR se creó hace poco una Secretaría de Género y Derechos Humanos. La diputada Silvia Varg, de Cambiemos, puso énfasis en la necesidad de que cada partido tenga un tribunal de Ética. También aportaron sus puntos de vista dirigentas del Justicialismo.

La violencia de género atraviesa de forma transversal a los distintos espacios públicos y privados, y además, pese a que muchas veces se la reduce solo a la violencia física, la ley 26.485 ya puntualiza desde 2009 distintos tipos: física, sexual, psicológica, económica- patrimonial, simbólica y desde 2019, se introdujo la violencia política. Esta legislación distingue también las distintas modalidades: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.  

La violencia pública-política es definida como aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación.

Para la concejala del Partido Justicialista, Frida Fonseca, no debe confundirse la violencia de género con las desigualdades de género. Sostuvo que no vio hechos de violencia de género "activa" dentro de los espacios políticos en los que ha participado pero sí "muchas desigualdades". "Tiene que ver con que a las mujeres les cuesta el doble o triple acceder aún estando más calificadas o teniendo más proyección territorial que los varones", indicó. Señaló que esto ocurre porque la sociedad es "patriarcal".  

La diputada Silvia Varg consideró que la ley 26.485 es una herramienta "para prevenir y erradicar la violencia política" y manifestó que en el caso particular de su espacio no están en las mismas condiciones que el resto, debido a que cuentan con una dirigenta mujer que es la actual intendenta Bettina Romero. 

A nivel general, Varg opinó que la invisibilización de las mujeres "es muy notable" en el escenario de partidos políticos de Salta donde los varones siguen ocupando posiciones de poder en la composición de las listas y en las decisiones respecto a las coaliciones que se arman. Sostuvo que "es una larga lucha que continúa" la que vienen dando las mujeres, desde la pelea para poder sufragar, para tener participación mediante la ley de cupo y de paridad, y para que se las deje de considerar incapaces. Para Varg, hay que "desinstitucionalizar los espacios culturales si son machistas".

En el encuentro del FDT se postuló la necesidad de conformar un protocolo contra las violencias machistas. La militanta feminista Mónica Rodríguez sostuvo que por la violencia que se ejerce en los espacios políticos contra las mujeres y disidencias, hacen falta "compañeras que nos representen". 

Rodríguez consideró necesario que la Ley Micaela se implemente dentro de los partidos políticos. "Tenemos que exigir que nuestros representantes tengan capacitación de género. Tenemos partidos machistas y misóginos que no quieren cumplir con la paridad", aseveró en el encuentro de Mujeres y Disidencias. Asimismo, señaló que como militantas con trabajo en territorio y herramientas de comunicación son buscadas y convocadas a participar en épocas de elecciones pero a la hora de la conformación de las listas y en la distribución de cargos son omitidas e invalidadas. "Terminamos siendo usadas y capitalizadas. En vez de ganar autonomía como actoras políticas, terminamos invisibilizadas", expresó.

En Salta hay 60 municipios y solo 4 intendentas; en la "Cámara de Senadores", que sigue llevando ese nombre en masculino, hay una sola mujer: Silvina Abilés; a su vez en la "Cámara de Diputados", solo hay 19 diputadas. La diputada nacional del FDT, Alcira Figueroa aportó estos datos y señaló que de los 426 cargos que hay en las intendencias, concejos deliberantes y la Legislatura provincial, "solo el 34%" están ocupados por mujeres. Asimismo, indicó que la participación de las disidencias es de "menos del 1%".

Figueroa consideró que "en la provincia de Salta no se cumple la modificatoria de participación de las mujeres y disidencias, de paridad de género tanto en listados como cargos electivos". Tampoco basta con que las mujeres o integrantes del colectivo LGBTIQ asuman cargos, "es necesaria la formación de género", sostuvo, y argumentó que se requiere para que puedan presentar proyectos que beneficien a las mujeres y disidencias.

FIgueroa señaló las problemáticas que tiene la provincia respecto a la gran cantidad de femicidios, denuncias por violencia de género, desnutrición y "violencias de todo tipo". Una provincia conducida por hombres en la que las mujeres y disidencias reclaman también ocupar espacios en los lugares de decisión. "Es la hora de las mujeres, de la madre tierra y de la justicia social", manifestó.

Varg evaluó que las mujeres no hicieron una "construcción de poder" dentro de los partidos y por ello, "al poder lo detentan los varones" marcando las evidentes asimetrías. 

En el Partido Justicialista, "si no somos mayoría de mujeres, empatamos. No hay proscripción por carácter femenino", evaluó la diputada Socorro Villamayor.

La dirigenta del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero- tendencia, Gabriela Jorge, manifestó que desde una posición socialista que critica las desigualdades, la explotación y la opresión social desarrollan "una lucha y educación" con sus compañeros militantes "bajo el necesario principio de igualdad y respeto entre compañeros, sean del sexo u orientación sexual que fueren".

Jorge sostuvo que "la violencia hacia la mujer" se da "sobre un cuadro de miseria social creciente y de agudización de la lucha por la existencia individual y como un factor de división de la clase obrera, que es sostenido por el Estado y el conjunto del régimen más allá de las reivindicaciones parciales que por medio de la lucha se puedan imponer". 

Desde su perspectiva, "la lucha por la liberación de la mujer de todo tipo de violencia y opresión está indisolublemente ligada a la lucha contra el régimen social capitalista y por un gobierno obrero. Educamos entonces a los compañeros en la superación del machismo, de la violencia hacia la mujer, como forma ideológica que asume esta violencia. No admitimos que sea practicada por nuestros militantes ni con compañeras militantes, con sus parejas ni con mujeres externas al partido". También señaló que en su partido y en las corrientes de izquierda en general las mujeres ocupan lugares de dirección y también de candidaturas "sin necesidad de cupo". 

La secretaria de género y derechos humanos del Comité de la Unión Cívica Radical, Lourdes Cervera, espacio que se conformó hace dos semanas, puntualizó que tienen dentro del partido un organismo que se llama de "disciplina", y se encarga de analizar "las inconductas de los afiliados partidarios" y que en caso de "considerarlo pertinente, puede avanzar en la expulsión". Aunque dijo desconocer situaciones de discriminación en su partido, opinó que "es muy probable que sucedan pero que no toman estado público partidario".

Cervera consideró que en cuanto a la participación, creen en "la formación de cuadros políticos" que pueden ser hombres y mujeres pero sí les interesa que tengan formación en los temas de género. En cuanto a las disidencias dijo que "no disputan el espacio como tal" haciéndose visibles desde sus identidades, "sino en el juego político". Señaló que entre la juventud radical hay varones que manifiestan "necesidad de aprender". Aunque no obvió que también tienen "dirigentes conservadores" y para con ellos, evaluó necesario sostener debates, "mucho diálogo y discusión". 

En Salta hay concejales denunciados por abuso sexual e intento de abuso sexual. El año pasado la escena de contenido sexual del ex diputado nacional del Juan Ameri en plena sesión virtual en el Congreso le costó el cargo y también generó la crítica de militantas que activaron por la asunción de Figuera en su reemplazo. En la actualidad está siendo juzgado el ex diputado del PV, Tomás "Tury" Rodríguez , denunciado por violencia de género por la ex pareja. En este caso, el actual presidente del PJ, Miguel Isa, fue testigo a favor del denunciado. 

"Me parece que frente a los casos que están ocurriendo en la provincia, los partidos políticos tendrían que tener un tribunal de ética que atienda a los hechos de violencia de género y de sus integrantes", opinó Varg. También consideró "impensado que alguien que viola o golpea esté ocupando un cargo público". 

En el mismo sentido se pronunció la diputada Figueroa: "No tenemos protocolo donde se pida la expulsión o corrección de medidas de los partidos o espacios, no existe la exigencia de que se puedan tomar medidas de corrección o sanción. No puede una persona con historial de violencia o antecedentes ejercer un cargo público".

Villamayor recordó que el partido se está reordenando y dijo que aún no se ha nombrado a integrantes de la comisión de disciplina que debería analizar los casos de violencia de género si llegaran a ocurrir. Consultada con respecto al caso del Tury Rodríguez, consideró que "no es un tema en que el partido pueda involucrarse porque se ha dado en el ámbito privado de él y ya tampoco es diputado". Sostuvo que la situación se ha dado en "su vida personal" por la que "ha tenido una grave denuncia". "No es algo que se dé cómo violencia institucional dentro del partido", expresó.

"La cuestión de género es ineludible, cualquier vulneración de género debe ser atendida por los partidos", sostuvo Villamayor. También contó que el año pasado se aprobó un protocolo a nivel interno para la Cámara de Diputados.