En la primera sesión del año, la Cámara de Diputados de Salta amplió la licencia por maternidad para abogadas e incorporó la de paternidad para los abogados que ejercen la profesión de manera liberal, que de esta manera podrán suspender plazos procesales y no se le programarán audiencias durante el plazo licenciado.

Para las letradas el plazo se prolonga de 15 a 60 días corridos en caso de maternidad o adopción, debiendo hacer uso de este derecho antes o después del parto, mientras que a los hombres se le permitirá tener diez días hábiles en caso de paternidad o adopción. Esto último constituye una novedad ya que un abogado solo podía tomarse 15 días previstos sin causa, pero no gozaba del beneficio por paternidad.

La iniciativa original había sido presentada por el ex diputado provincial y actual legislador nacional Lucas Godoy. Durante su tratamiento en el Senado le hicieron modificaciones, como la de incluir las adopciones dentro de la licencia, por lo que debió ser tratado nuevamente por la Cámara Baja, que la sancionó en forma unánime.

La nueva ley les impone a las y los profesionales notificar a sus representados acerca de la licencia. Estas medidas incluyen también para quienes ejercen como procuradores.

El titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Caro, fue el encargado de describir la iniciativa y destacó que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados. Por su parte, Santiago Godoy subrayó que este proyecto viene a cumplir con recomendaciones de organizaciones internacionales de Salud, que resaltan la necesidad de los recién nacidos de permanecer cerca de su madre durante las primeras semanas de vida.

La diputada Isabel De Vita también hizo hincapié en ese punto “porque todo lo que ese niño reciba en esa primera etapa es marcador por el resto de su vida, así lo entienden los pediatras y psicólogos que hace un análisis integral de la situación”.

El referente del oficialismo, Javier Diez Villa, calificó como una avance esta modificación, pero consideró que diez días para el padre es poco, porque “en las parejas modernas el rol es indistinto”.

Carlos Zapata, por otro lado, pidió algo similar para los profesionales de las Ciencias Económicas. En tanto el diputado Franco Hernández destacó que esta ley es exclusiva para el que ejerce de manera liberal.

Ahora para que entre en vigencia deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Polémica por el Consejo de la Magistratura

Al inicio de la sesión, a instancias del oficialismo se dispuso nombrar a los nuevos integrantes por la mayoría y la minoría que representarán a ese cuerpo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los postulantes a juez.

En virtud de las renuncias presentadas por Lucas Godoy (titular) y Emilia Figueroa (suplente), el bloque saencista mayoritario propuso a Socorro Villamayor y Javier Diez Villa para ocupar esos cargos, respectivamente, que de esta manera completarán los dos años de mandato que le quedaban a los renunciantes.

El problema se dio cuando se propuso a Gonzalo Caro como nuevo representante por la mayoría en reemplazo de Baltasar Lara Gros. Lo que parecía que había sido un proceso consensuado entre los protagonistas y con el resto de los diputados quedó desestimado cuando la diputada Mónica Juárez pidió la palabra para quejarse que no se le había consultado al respecto, a pesar de ser del oficialismo.

Pero el verdadero problema surgió cuando Lara Gros señaló que él no había renunciado y que lo desplazaron contra su voluntad, por lo que adelantó que era probable que recurra a la Justicia para resolver la situación, por considerar esta decisión como fuera de la ley.

“No estoy en contra de las personas que postulan, pero sí contra las formas. Tenía pensado presentar la renuncia, pero no hubo diálogo entre mis pares”. Y también se encargó de enfatizar que nada había cambiado de su condición en la Cámara como para que se tome esa decisión.

Esta situación llevó a que algunos diputados, incluidos del oficialismo, votaran en contra. Diez Villa pidió la palabra y aseguró que la medida tomada está sujeta a lo que establece la Constitución y que refleja la composición política del cuerpo.

Previamente se votó a los integrantes de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento que continuará teniendo a Esteban Amat como titular por la mayoría, Alejandra Navarro por la minoría, Iván Mizzau como su suplente y Pedro Mellado y Raúl Medina como abogados de la matrícula. La novedad la constituye la inclusión de Patricia Hucena como suplente de Amat, que antes ocupaba Mario Moreno. En todos los casos tendrán un mandato por dos años. 

Este organismo tiene  como función juzgar a los magistrados inferiores del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público por las causales de destitución previstas en la Constitución Provincial y la Ley 7138. También se encarga de allanar su inmunidad cuando se formule contra ellos acusación penal por delitos comunes.