Gladys Armoa Gauto tenía 39 años y era una mujer indigena de la comunidad paraguaya de Ñaupy. El martes por la mañana su hijos la encontraron muerta en la cama de su vivienda con una herida de bala en la cabeza.

Desde la unidad policial más cercana, a unos 10 kilómetros, investigan un presunto asalto ya que en la casa -que también era despensa- faltaba dinero. La comunidad Ñaupy está compuesta por 80 familias y se encuentra a los pies del Cerro Guasú, un monte que forma parte de la cordillera de Amambay en el norte paraguayo. En esa zona fue vista por última vez Carmen Elizabeth Villalba Oviedo “Lichita”, la niña de 15 años que se encuentra desaparecida desde noviembre del año pasado. Lichita es hija de Carmen Villalba, miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se encuentra en prisión desde hace 17 años.

La zona del Cerro es una región con un alto nivel de conflicto que se intensificó cuando el pasado 2 de septiembre dos niñas argentinas de 11 años fueron baleadas durante operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en un campamento del EPP. Abg Osmar Valenzuela, perito indígena del Palacio de Justicia, ayer en conferencia de prensa resaltó que lo sucedido con Gladys Armoa Gauto no tenía ningún precedente dentro de las comunidades: “Según la versión de uno de los hijos, quienes entraron a la vivienda no eran indígenas sino paraguayos, que luego de robarle le dispararon en la cabeza. Es la primera vez que sucede un hecho de este tipo en esa zona. Siempre se lee en las noticias que aparecen cuerpos de personas indígenas tirados por los caminos, pero un hecho así no ha ocurrido nunca, nos llama la atención”, explica el perito.

El 20 de Marzo de este año, dos integrantes de la comunidad Yasuka Vendá, muy cerca del lugar del asesinato de Gladys, grabaron un video denunciando el amedrentamiento de las Fuerzas de Tarea de Conjunta (FTC) luego de haber recibido la visita de una Delegación de activistas por los derechos humanos de Argentina que estaba realizando actividades de observancia en el territorio. En el video, Ilario Ibarra y Estelvina Armoa denunciaban amenazas de los militares y aseguraban: “hacemos este video para que las autoridades sepan que si los militares me matan a mi o alguien de mi familia, los responsables serán las autoridades máximas”. 

No hay todavía ninguna certeza de que Estelvina y Galdys sean familia, sin embargo comparten apellido y una cercanía geográfica. Germán Lovari, fue parte de la Delegación Argentina, durante el mes de Febrero estuvo recorriendo la zona y buscando pistas sobre el paradero de Lichita señaló: “Estuvimos en la comunidad Ñuapy en donde fue asesinada Gladys, hablando casa por casa, la gente nos recibía bien hasta que llegaba el ejército y se asustaba. Venían seis del ejército atrás nuestro. Lo hacían a pie, porque los vehículos habían quedado en el último puesto de la Estancia Cerro Guasú. Fuimos a recorrer ese lugar porque según los relatos de los nativos habían visto a Lichita a principios de febrero. No pudimos constatar nada ya que la población estaba con mucho miedo. Justamente en ese mes de febrero sucedió un operativo de la FTC con más de 30 camionetas y helicópteros que se instalaron en Ñuapy” explica Lovari.

No existe un acceso fácil a las siete comunidades que rodean el Cerro Guasu. Para entrar hay que atravesar las tranqueras de las estancias: “Lamentablemente nos enteramos hoy de un extraño asesinato de una nativa en lo que creemos es algo que nunca pasó en la zona. Dos personas en moto que no eran nativas en un lugar casi imposible de llegar, mataron a una mujer ñaupi de un balazo en la cabeza y se fueron” concluye Lovari.

Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de MuMaLa, también viajó a Paraguay junto a la Delegación argentina. Luego de visitar a las comunidad Yasuka Vendá ella y sus compañeros realizaron reiterados pedidos al gobierno paraguayo solicitando garantías de resguardo para las comunidades: “Las gestiones las hicimos ante el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego. Ese encuentro le pedimos garantías de resguardo tanto para la delegación como para quienes son miembros de la comunidad” cuenta Ferreyra. 

“Cuando estábamos viajando de Asunción hacia el norte, nos encontramos con una campaña de denuncia falsa en los medios de comunicación. Se alertaba a las comunidades que había miembros de la Delegación Argentina amenazando y amedrentando a integrantes de pueblos originarios, con el único objetivo de sembrar el miedo entre quienes podrían llegar a tener algún tipo de información sobre el paradero de Lichita o sobre el esclarecimiento del crimen de las dos niñas,” agregó.

El norte paraguayo no tiene respiro. Las comunidades indígenas y campesinas se han transformado en la herida que sangra de una tierra devastada. Gladys Armoa Gauto, al igual que la mayoría de las personas que viven en las más de 40 comunidades de la zona del Cerro Guasú, agranda aún más esa herida que está muy lejos de sanar.