La Cámara Federal de Casación autorizó el entrecruzamiento de llamadas de Mauricio Macri y de sus funcionarios de confianza en la causa que se investiga el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo. Macri había buscado evitar a toda costa que se avanzara con el peritaje ordenado por la jueza María Servini, que en este mismo expediente, ya citó a declaración indagatoria a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de sus asesores estrella en la llamada mesa judicial.

Los tres integrantes de la Sala III de la Casación Federal, Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci, rechazaron los recursos que había presentado Macri a través de su abogado Pablo Lanusse, con los que buscaban impedir el peritaje de sus teléfonos que ordenó Servini en base a 44 fechas claves vinculadas a la persecución durante el macrismo al grupo empresario que encabezan Cristóbal López y Fabián de Sousa. 

Al planteo de Macri había adherido Rodríguez Simón y también se había presentado el exjefe de asesores José Torello. Todos ellos son parte de la investigación, al igual que el amigo del expresidente Nicolás Caputo, el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana y los exdirectores de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros.

Un argumentos para que no revisen los listados de llamados fue que era una medida que podía afectar su privacidad, como sucede cuando se interceptan comunicaciones. No es el caso: no se trata de escuchar qué habló, sino ver con quiénes se comunicaba. El otro argumento rimbombante es que revisar las comunicaciones de Macri podría afectar la seguridad nacional.

"El hecho de que el Presidente de la Nación esté a cargo de asuntos de seguridad nacional de ninguna manera le concede el privilegio de excluir a sus comunicaciones de toda investigación criminal", respondió el fiscal ante la Casación Javier De Luca. 

"Al contrario, ese cargo implica un deber de rendir cuentas y un escrutinio público mayor que el que pesa sobre un particular", completó.

Pese a los reparos de Macri, los camaristas sostuvieron que la procedencia o no de medidas de prueba --como es el entrecruzamiento ordenado por Servini y que ya completó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO)-- no son susceptibles de ser recurridas. 

Los integrantes de la Sala III, además, dijeron que el entrecruzamiento ordenado por Servini no redundaba en una afectación de los derechos de Macri.

La causa se inició en 2019 tras una declaración de De Sousa en el Juzgado Federal 5, donde se investigaba la quiebra de Oil Combustibles. Inicialmente Servini había ordenado un peritaje de los teléfonos que se extendía desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. 

La Cámara Federal, con los votos de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, le ordenó el año pasado a la jueza que redujera el rango temporal. En ese momento, la vicepresidenta Cristina Fernández denunció que "no hay argentino más impune que Mauricio Macri".

Por este caso Servini llamó a indagatoria a Rodríguez Simón para el 26 de mayo próximo, para que explique su vinculación con los aprietes al Grupo Indalo. Rodríguez Simón, un operador con buenos vínculos tanto con Macri como con Elisa Carrió, ya avisó que se encuentra en Uruguay hasta el 15 de mayo y que regresará para la declaración. La jueza consintió que así sea.

La resolución de la Sala III se conoce en el marco de la crisis que se vive en la Cámara Federal de Casación, donde cuatro de sus trece integrantes afrontan denuncias. Dos de los miembros de la Sala III están con procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura: Riggi y Gemignani.

En el caso de Riggi, fue denunciado por el abogado Carlos Beraldi por haberse hecho con el expediente de este caso e impedir que avanzara la pesquisa que tiene a Macri y a su círculo íntimo bajo la lupa. 

Gemignani, por su parte, fue denunciado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, por los mensajes misóginos que les dedicó a sus colegas el 8 de marzo en el chat que comparten todos los integrantes del máximo tribunal penal del país, llamado "Acuerdo General". 

Después del escándalo, Gemignani atinó a advertirles a sus colegas que si se difundían los chats iba a iniciar acciones legales contra ellos y a abandonar el grupo de WhatsApp.

Los otros dos denunciados son Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por sus visitas a Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos. A Hornos, dos de sus colegas, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, le reclamaron que deje la presidencia del tribunal.

Por estas horas se discute en el máximo tribunal penal del país la convocatoria a un plenario donde deba discutirse la situación de algunos de sus integrantes.