El abogado Héctor Huespe denunció penalmente ayer al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y a los fiscales penales Alejandro Maldonado y Carlos Ariel Gil Urquiola. 

Los acusa de tener responsabilidad en su “detención ilegal” y el secuestro de su teléfono móvil en el marco de la audiencia indagatoria a la que fue convocado anteayer, 6 de abril, por una acusación de “instigación a usurpación“ en relación al conflicto que enfrentó a vecinos del barrio Campo Verde con el gobernador Gerardo Morales. "En Jujuy no hay estado de derecho y el MPA avala estas violaciones”, afirmó Huespe.

El abogado del foro jujeño representa a los vecinos de Campo Verde que fueron reprimidos el 8 y 17 de marzo pasado, cuando defendían un espacio verde en el barrio.

Huespe fue citado a indagatoria por el fiscal Alejandro Maldonado que lleva la investigación. La audiencia se realizó en parte de manera virtual, ya que su abogado defensor, Adrian Iconomovich, tiene síntomas de covid-19.

La audiencia tomó otro color cuando Huespe empezó a filmar con su celular, en precaución porque, según dijo, en situaciones anteriores en los que fue citado le pidieron firmar un hoja en blanco de un expediente que no estaba foliado.

Ante esa situación el fiscal Maldonado decidió que personal policial retuviera el celular del abogado y que sería trasladado a la Alcaldía. "Me agarraron del cuello y me apretaron hasta ahorcarme, no podía respirar. Me tiraron al suelo y me quitaron no solo el celular, sino también los papeles”, relató Huespe. Mientras que el fiscal adujo que “el imputado estaba violento” y que eso por fue llevado a 20 metros de la sala de indagatoria, durante 40 minutos.

Huespe asegura que de ese lugar regresó golpeado, e incluso mostró las marcas. El abogado rechazó las afirmaciones del representante del Ministerio Público de la Acusación. “No le pareció mejor al fiscal para tranquilizar al loquito ofrecer un vaso de agua con azúcar”, refutó. “Los golpes están registrados y él (fiscal) sabe cómo me llevaron detenido. Si borraron algo de mi teléfono, voy a mandar a mi teléfono que lo periten”, aseguró en referencia al secuestro de su móvil.

Hoy el celular que fue retenido en la fiscalía a cargo de Maldonado fue entregado o requerido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales, a cargo de Carlos Ariel Gil Urquiola, aunque ni Huespe ni su abogado defensor fueron notificados sobre esa medida. “El MPA se está metiendo en mi oficina, mi celular tiene información de mis clientes, están violando el secreto profesional. En este momento están sacando la información de mi teléfono”, denunció Huespe.

En este sentido, la abogada Claudia González, presidenta de la Asociacion de Abogados de Jujuy, señaló en declaraciones a medios locales: "Los abogados estamos preocupados y angustiados. No sabemos si los fiscales van a reconocer que tienen el teléfono de Huespe”.

"Huespe está imputado"

“Huespe está imputado, hago lo que me marca el Código y se cumplió la medida", afirmó el fiscal Maldonado ante la consulta de este medio. 

El funcionario describió que el abogado "estaba citado para prestar declaración indagatoria, se hace presente. Se realiza mediante videoconferencia por el sistema Jitsi oficial. La audiencia se empezó a desarrollar y él se mostró irrespetuoso, se sacaba el barbijo. No acataba las disposiciones que se establecen en el Código”.

Según el fiscal, Huespe se mostró como “una persona ofuscada" y por eso habló con otro de sus defensores, el abogado Luis Paz, "para que lo tranquilice y no lo pudo hacer. En todo momento él (Huespe) pretendía filmar la audiencia, lo cual no está permitido porque no es una audiencia pública”, relató Maldonado.

Respecto a la detención denunciada por Huespe, el fiscal Maldonado reconoció que “no había orden de detención", sin embargo, añadió que, como "estaba violento", tuvo que "bajar y pedirle que se tranquilice y que no puede grabar. Él dice audiencia pública y se equivoca porque eso es en el juicio del debate, eso sí es público”, sostuvo.

Maldonado recalcó que Huespe entorpecía el desarrollo de la audiencia y por ello dispuso trasladarlo a la Alcaldía para que se tranquilizara y se pudiera llevar a cabo el trámite de la indagatoria ya que hay una sola sala de audiencia.

Asimismo, el fiscal negó que Huespe haya sido agredido mientras estuvo demorado. "Él estuvo trasladado hasta calle Alvear y yo fui con él y en ningún momento se lo agredió como él dice. Falta a la verdad. Para resguardo tengo filmación de eso. Cualquier cosa que él alegue tendrá que probarlo o denuncie”, aseguró. 

En cuanto al teléfono móvil de Huespe, Maldonado se desentendió y lo derivó a Gil Urquiola: “Debe preguntar a la fiscalía que está cargo de esa investigación. No es mi fiscalía, solo me limito a la causa de Campo Verde por el tema de la usurpación. Cumplí la audiencia con la colaboración del doctor Paz en forma presencial", insistió.

Ayer miércoles Huespe denunció penalmente al fiscal general Sergio Lello Sánchez y a los fiscales Maldonado y Gil Urquiola.

A 24 horas del hecho, el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy informó que requirió al fiscal general Lello Sánchez un informe pormenorizado de los sucesos del 6 de abril. "En el entendimiento de que la independencia en el ejercicio libre de la profesión y el trato digno y equiparado a la magistratura –del Art. 2 de nuestro Estatuto de la Abogacía y la Procuración- no admite excepciones, y que ella es talante fundamental de la correcta prestación del servicio de justicia".

El Colegio pidió también que el fiscal general informe "si existen prohibiciones al ingreso con el teléfono celular en las audiencias, toda vez que a la fecha de esta presentación esta Institución desconoce que exista tal prohibición", recordó.

"El Colegio de Abogados debió haber sido notificado del procedimiento ilegal al que me sometieron. Es una garantía que tenemos los letrados: nuestros archivos no pueden ser secuestrados, no puede existir un allanamiento sin previa intervención del Colegio de Abogados”, sostuvo ayer Huespe.

Violencia y criminalización 

ATE Verde y Blanca y la CTA se solidarizaron ayer con el abogado Héctor Huespe y repudiaron lo que calificaron como una "persecución" en su contra.

Como ya desde la semana pasada se rumoraba que el abogado podía llegar a ser detenido, se presentó un habeas corpus preventivo.

Huespe es abogado de Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy (AFAAJ), y representa a los vecinos del barrio Campo Verde, entre otros colectivos populares.

“Reiteramos que en Jujuy el derecho a transitar, el derecho a protestar, el derecho a la legítima defensa, están en riesgo. Misma situación atraviesan los abogados y abogadas de la provincia, que ven como su trabajo se ha convertido en una labor de riesgo, ante el silencio cómplice y pasivo del Colegio de Abogados”, aseguraron en un comunicado, emitido antes de que la organización de letrados difundiera que había pedido informes.

“Ante este nuevo atropello, volvemos a señalar a los responsables de la violencia, persecución y criminalización en la provincia de Jujuy: Gerardo Morales, Agustín Perassi (ministro de Gobierno), Guillermo Corro (ministro de Seguridad) y el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, reiteradamente denunciado, junto a sus secuaces", aseguró la AFAAJ).