Con la vuelta de las restricciones para contener la segunda ola, el Gobierno evalúa medidas económicas para contener a los sectores afectados. El oficialismo estudia ampliar el programa de recuperación Productiva (Repro), mediante el cual se le pagan parte de los salarios a los trabajadores del sector privado. Además, podrían prorrogarse préstamos a tasas bajas las actividades afectadas por los cierres. En cuanto a las tarifas, todavía se mantiene en análisis la oportunidad del aumento.
Ante la implementación de las medidas para la circulación que durarán hasta fines de abril, no está previsto brindar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tal como se dio el año pasado en tres oportunidades para 9 millones de personas. Desde el Gobierno aseguran que no se trata de un tema fiscal. “Vamos a financiar medidas si la economía lo requiere, hay que ser prudentes en lo fiscal, pero sin poner el freno de mano”, afirmó una fuente oficial.
El motivo de la falta de “paquete Covid” en este contexto, afirman desde el Frente de Todos, es que no es necesario dado que la mayoría de las actividades económicas seguirán funcionando, mientras que en la cuarentena del año pasado sólo estaban habilitados supermercados y farmacias. Si bien en el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso no hay gastos previstos para asistencia por la pandemia, fuentes oficiales afirman que siempre se puede mover partidas, y que desde que arrancó el año ya le transfirieron un extra al Ministerio de Desarrollo Social de 66 mil millones de pesos.
La medida más inminente será la ampliación del Repro. Este programa fue puesto en marcha el año pasado, pero creció con fuerza a partir de enero, desde que finalizó el programa ATP. Actualmente, el pago salarial del Repro es por un monto menor a lo que fue el ATP. Para los sectores no críticos es de 9000 pesos por trabajador, para los críticos de 12 mil pesos, para los de salud de 18 mil pesos, y para los de cultura y turismo de 16 mil pesos.
Lo que está en análisis es poder elevar estos montos para poder cubrir mayor proporción del salario. Además, se espera que aumente la cantidad de empresas que lo soliciten. En enero habían sido 10.200 empresas, y la cantidad fue bajando: en febrero 9200 y en marzo 7600. Así, el mayor costo fiscal se dio en enero, por 4500 millones de pesos, y para marzo había caído a 3800 millones. El Estado buscará asistir a las empresas que tengan que cerrar, como puede ser un salón de fiestas, y a las que tengan que trabajar parcialmente, como bares y restaurantes. “Un Repro más pulenta”, así es como lo definen desde Casa Rosada.
“Vamos a financiar lo que haga falta porque tenemos la instrucción de no apartarnos de la producción y el empleo”, afirmó una fuente oficial. Como medidas de refuerzo ante el final del IFE, fuentes del equipo económico remarcan que aumentó 50 por ciento la tarjeta Alimentar, la AUH llegará a 700 mil nuevos chicos, subieron 100 por ciento las becas progresar, y el potenciar trabajo llegará a 1 millón de trabajadores.
Otra de las medidas en carpeta tiene que ver con que haya préstamos para los sectores más críticos, tal como se dieron el año pasado para la industria cultural, con un año de gracia y tasa cero en las primeras 12 cuotas.
Mientras tanto, el Gobierno espera que las modificaciones en Ganancias impliquen un alivio. Para las empresas, esperan que 9 de cada 10 paguen menos. Para las personas, significará que desde mayo casi 1,3 millones de trabajadores tendrán mayor ingreso disponible en el bolsillo para destinar al consumo. Mientras tanto, desde el Gobierno esperan que la inflación desacelere a partir de abril de los niveles del primer trimestre.
Además, pese a que Guzmán dijo que habría un aumento de tarifas en los próximos meses, hay sectores en el Gobierno que lo ponen en duda en el caso de que la segunda ola frene la recuperación económica. “No parece ser el momento para dar un saque”, afirmó una fuente del equipo económico.
Para financiar las medidas, se seguirán usando aportes del Banco Central, se buscará aumentar el financiamiento neto en el mercado local, y además se usarán recursos del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Hasta el momento lo pagaron 1200 personas por 7500 millones de pesos, y el Gobierno tiene confirmado que recibirá 30 mil millones, en base a las declaraciones juradas ya presentadas, que es el 10 por ciento de lo que tenían proyectado. El plazo para entrar al plan de pagos y pagarlo en cuotas es hasta el 28 de abril. En cuanto a las judicializaciones, ya hubo 81 presentaciones a la justicia. Desde la AFIP apelarán, y de hecho ven con buenos ojos que en el que se discutía la cuestión de fondo, salió favorable al organismo, y el empresario decidió hacer el pago.