Lucía (nombre ficticio) denunció el lunes último en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género de la capital de Catamarca, los hechos de abuso sexual a los que era sometida por su padre biológico. Para esto tuvo que escaparse de su casa, ubicada en un pueblo del departamento Andalgalá, y esperar más de un mes porque en la Comisaría de la zona le dijeron que no podían tomar ese tipo de denuncias. Estaba viviendo junto a su hija de dos años, en una habitación que pagaba con su pensión por discapacidad, sin ropa ni comida, cuando una conocida se enteró de su caso, la trajo a la ciudad y la acompañó a la Justicia.

Según el relato que hizo ante la Justicia, el 25 de febrero a la noche tomó a su hija de dos años, escondió los documentos para que su padre o su abuela no los encuentren, y salió por la puerta que da al patio. Esa noche llovía, pero a ella no le importó porque el miedo pudo más.

Ese día había cobrado el dinero de la pensión y cuando regresó su abuela y sus hermanos, con quienes convive, la esperaban para reclamarle. Se habían enterado que días antes ella le había confesado a su madre, que vive en otro lugar, que no podía más y que había pensado en denunciar a su padre por lo que le hacía.

Su padre llegó cuando ella estaba terminando de cenar. Estaba borracho y comenzó a pegarle con un palo. Su hija, que es fruto de las violaciones a las que fue sometida, lloraba y su abuela empezó a pegarle para que se calle. Ese llanto le dio fuerzas, por lo que buscó defenderse como antes no había podido. Tomó otro palo y lo golpeó. Después habría llamado a la policía, pero no fueron. Es por esto que decidió huir.

Caminó 5 kilómetros por el monte hasta llegar al pueblo y de ahí a la Comisaría. Los policías le dijeron que no habían respondido a su llamado “porque tuvieron otros requerimientos” y también le explicaron que ellos no podían tomar “ese tipo de denuncias” y le aconsejaron que vaya a la fiscalía de Andalgalá a radicarla. Con el dinero que había cobrado, y que esa vez su padre no pudo quitarle, pagó una pensión y ahí se quedó. Al otro día, su familia supo que estaba en ese lugar y fue a amenazarla para que no hable.

Confundida y con miedo, Lucía sólo sabía que no podía ni quería volver a la casa donde había sufrido. Desarrollo Social del Municipio se enteró de su caso y le prometió llevarle ropa y abrigo y también mercadería, pero ella asegura que no volvieron. Vivió esos días encerrada y con miedo, porque sabía que su padre siempre portaba un arma de fuego y su familia la había amenazado. Fue entonces que una mujer (de quien se resguarda la identidad) que la conocía y supo la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, le dijo que la iba a llevar a su casa en la ciudad para poder ayudarla. Ella aceptó.

En San Fernando del Valle se montó una campaña solidaria para conseguirles ropa y calzado, porque cuando la policía de Andalgalá fue a su casa a buscar sus elementos, el padre le había quemado todo.

El lunes, en horas de la tarde y durante más de 6 horas, ella habló con los sumariantes de la Unidad de Violencia de Género y relató gran parte de lo que vivió en estos años. “Los detalles aberrantes de la violencia que vivió le impedían hablar fluidamente y se desmayaba o entraba en crisis, por lo que tuvo que volver después y continuar”, contó a Catamarca/12 una de las personas que está hoy cuidando a Lucía.

Según contó esta persona, además de la campaña para recolectar ropa, la acompañaron hasta el Hogar para Mujeres Warmi, “pero dijeron que no tienen lugar y que intentaron llamar al lugar donde ella se quedaba en Andalgalá, pero no pueden comunicarse. El tema es que ella está desprotegida en ese lugar. Según me contaron,  hasta la policía le tiene miedo al papá de Lucía por lo violento que es”.

Además, explicó que pidieron ayuda psicológica para Lucía y su hija, por la situación traumática que están atravesando, “pero deben esperar porque todo es burocracia y pedido de turnos y rogar. Hasta el momento todos les hacen preguntas, pero no les dan nada. Nosotras estamos haciendo ahora el trabajo que debería hacer el Estado. También nos preguntamos en qué usan el famoso presupuesto de género si no pueden contener casos extremos en donde hay dos mujeres vulneradas como ahora ”, concluyó.