Tras advertir faltantes de insumos y bienes básicos en un contexto de endurecimiento de las restricciones producto del comienzo de la segunda ola de la covid-19 en Argentina, la Secretaría de Comercio Interior intimó a grandes empresas de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada. El objetivo de la norma es prevenir una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno.
La medida aplicada por la cartera que conduce Paula Español rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de 3.955 millones de pesos por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a 3.698 millones de pesos anuales. La intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización mientras persista la emergencia sanitaria.
Esta nueva medida deberá ser acatada por alrededor de mil empresas grandes, seleccionadas por sus montos de facturación anual. Alcanza a todos los rubros productivos como por ejemplo insumos difundidos, materiales para la construcción, electrónica, medicamentos, consumo masivo y otros.
“Sabemos que en este contexto muchas empresas tienen dificultades para producir, transportar, distribuir o comercializar. En este sentido la medida reconoce esas dificultades, y busca promover el abastecimiento y evitar la escasez de insumos y bienes finales”, explicó Paula Español a PáginaI12.
El incumplimiento de la resolución hará que las empresas infractoras puedan recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento (N° 20.680). Algunas de estas son multas de 500 a 10 millones de pesos, que puede aumentarse hasta el triple de la ganancia obtenida en infracción; clausura del establecimiento por hasta 90 días, decomiso de mercaderías, entre otras.
Bajo la misma norma, la Secretaría imputó a mediados de febrero a algunas empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización: Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
En ese momento, las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la Subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo y, a partir de esta evidencia, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021. “Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó en ese entonces el área que conduce Paula Español.
Proteger el consumo
Desde que se decretó la emergencia sanitaria se tomaron medidas focalizadas en la provisión de productos de consumo masivo en general y relacionadas al sector alimenticio en particular. La resolución Nº330/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial es una de ellas: "avanzamos en prevenir estrategias de retención especulativa de productos en todas las cadenas productivas”, explicó a este diario la secretaria de Comercio.
Otra de las medidas adoptadas recientemente es el Sistema Informativo para la implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre): “Desde la Secretaría tenemos la convicción de que debemos cuidar el mercado doméstico y que las relaciones de consumo sean cada vez más equilibradas. Es por eso que hace pocos días lanzamos el Sipre, un sistema informativo que nos permite tener un monitoreo de precios, ventas y stock para prevenir desequilibrios, transparentar la cadena de comercialización e impedir comportamientos especulativos”, agregó Español.
El Sipre es un régimen de información que obliga a empresas grandes de diferentes rubros a presentar ante el organismo detalles de volúmenes de mercadería y precios que se ofrecen a los comercios mayoristas y minoristas de manera periódica.
El sistema permitirá contar con alertas tempranas en materia de abastecimiento en los principales sectores económicos. También se busca detectar dónde están los desequilibrios de precios en los eslabones de la cadena de valor y revisar conductas especulativas ligadas a incrementos injustificados de precios, dificultades de aprovisionamiento de insumos y cambios en los hábitos de consumo.
