Este domingo se llevarán a cabo elecciones en Ecuador y Perú, y la segunda vuelta en algunos departamentos de Bolivia. Chile, por su parte, decidió postergar los comicios que se iban a realizar este fin de semana, para el 15 y 16 de mayo próximo, debido a la situación sanitaria causada por la covid-19.

Los ecuatorianos y las ecuatorianas acuden nuevamente a las urnas en la segunda vuelta electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2021-2025. El pasado 7 de febrero, la fórmula Andrés Arauz-Carlos Rabascall de Unión por la Esperanza obtuvo el 32,72 por ciento frente a la fórmula de Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, Alianza Creo–PSC, con el 19,74, luego de un período de incertidumbre y denuncias de fraude frente a la corta diferencia entre el segundo y tercer lugar con el candidato Yaku Pérez.

Esta segunda vuelta cobra mayor relevancia en cuanto al respeto a la institucionalidad democrática, luego de todas las instancias de judicialización, como las resoluciones y pedidos de la Contraloría General del Estado o las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación que obstaculizaban la labor del CNE, y las intervenciones externas, como la llegada del Fiscal General de Colombia para reunirse con su par de Ecuador a raíz de una acusación falsa sobre un financiamiento que habría recibido Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

El principal desafío de quien resulte electo este próximo domingo se deriva de los resultados de las elecciones a asambleístas, debido a la cantidad de votos recibidos por fuerzas políticas como Pachakutik e Izquierda Democrática, que no pudieron pasar a la segunda vuelta, pero cuyo caudal electoral llevó a que ninguna fuerza política tenga mayoría propia en la Asamblea Nacional. Frente a este panorama, la búsqueda de acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas es primordial no sólo para lograr gobernabilidad, sino también para poder revertir la crisis sanitaria, social y económica en que se encuentra el país tras el gobierno de Lenin Moreno.

Perú se encuentra en el tramo final de campaña de las elecciones para elegir al Presidente de la República, sus dos Vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2021-2026, en un contexto político de bastante convulsionado.

En el último período pasaron por la Presidencia de la República cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino –quien presentó su renuncia a menos de una semana de haber asumido el cargo– y el legislador Francisco Sagasti, quien finalmente fue elegido por el Congreso como mandatario interino hasta las elecciones de este año. Recordemos también hace poco más de un año, en enero de 2020, se realizaron elecciones extraordinarias congresales luego de la disolución del Congreso por parte del entonces Presidente, Vizcarra, que tuvo como resultado la consolidación de la dispersión del sistema de partidos.

Hoy, a solo días de las elecciones, y con 18 candidatos presidenciales, las encuestas muestran un escenario de fuerte fragmentación en el voto, que no sólo redundará en un Congreso altamente atomizado, sino también en la realización de una segunda vuelta que se desarrollaría el 6 de junio si, tal como refleja la intención de voto, ninguna de las candidaturas logra superar el cincuenta por ciento.

Una muestra de esto se observa en la mínima diferencia entre el candidato con mayor intención de voto, Yohny Lescano, del histórico partido Acción Popular, y quien está en el sexto puesto, hay menos de cinco por ciento de diferencia. Entre quienes se ubican en estos primeros lugares se encuentran también Keiko Fujimori, hija del ex presidente, quien fue candidata a la presidencia en 2011 y 2016, logrando llegar a la segunda vuelta en esas elecciones; Rafael López Aliaga, un empresario hotelero de extrema derecha, tildado por algunos como “El Bolsonaro de Perú”, millonario, extremista con discurso autoritario y antiderechos; Hernando de Soto, un economista de derecha de 79 años, responsable de la política de shock económico de Alberto Fujimori, que ha subido en la últimas encuestas diciendo que no dejará entrar “ni delincuentes ni pobres” de otros países.

Entre estos candidatos también se encuentra Verónika Mendoza, quien ha logrado aglutinar al electorado progresista y de izquierda en la coalición Juntos por Perú, e intentará pasar a la segunda vuelta para discutir qué proyecto político permitirá superar la grave crisis que vive el país.

Estas elecciones representan una oportunidad para Perú, de recuperar la institucionalidad democrática del país y lograr canalizar las demandas de políticas públicas que permitan reducir las desigualdades históricas existentes y afrontar la grave crisis sanitaria causada por la pandemia de la covid-19.

En este súperdomingo electoral, también se llevarán a cabo la segunda vuelta de las elecciones realizadas el 7 de marzo en algunos departamentos de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija; en todos ellos el MAS-IPSP accedió a la segunda vuelta. Sin dudas es una elección clave para la gobernabilidad, considerando que hasta ahora en tres departamentos ganó el MAS-IPSP y en dos ganaron fuerzas opositoras, y en un contexto donde varios referentes de la región, ex presidentes y cancilleres denunciaron las intromisiones del secretario general de la OEA Luis Almagro en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, preocupación que se refuerza por la memoria reciente del Golpe del Estado de noviembre de 2019.

A cuatro días de las elecciones previstas en Chile para el 10 y 11 de abril, donde se elegirían constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores, el Parlamento sancionó una ley para aplazarlas para el próximo 15 y 16 de mayo, producto del rebrote de contagios y muertes que vivió el país en las últimas semanas a causa del coronavirus.

A pesar de la decisión de Chile, este superdomingo tendremos las elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia, tres países cuya institucionalidad democrática ha sido vulnerada en los últimos años.

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).