La extradición desde Australia a Chile de Adriana Rivas, exagente de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet y acusada de varios crímenes de lesa humanidad, volvió a postergarse. El fallo que habilitaría su regreso para ser juzgada en Santiago se demorará 90 días más. La mujer de 68 años está detenida en Sydney desde febrero de 2019. La resolución de su situación judicial es trascendente por lo que proyecta. No es la única represora chilena que se fugó hacia el país de Oceanía. Habría unos 400 ex miembros del aparato represivo del régimen que derrocó a Salvador Allende que hicieron lo mismo. Pero detectados con nombre y apellido, llegarían apenas a diez.

El Tribunal Federal australiano que juzgó el pedido del gobierno trasandino escuchó a las partes y decidió que el fallo sobre la extradición se conozca en los proximos tres meses. Rivas ganó tiempo pero lo hizo basándose en un polémico alegato de su defensor, el abogado Frank Santisi. Su argumento fue que la ley de Amnistía chilena, aprobada el 18 de abril de 1978, protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos cometidos durante la dictadura pinochetista entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Citado por la cadena de noticias pública australiana ABC, el letrado agregó que el decreto ley 2191 firmado por la exministra de Justicia chilena y prima de Pinochet, Mónica Madariaga, “sigue vigente”. No es así, porque la Corte Suprema de Justicia resolvió en 1998 que no aplicaría esta norma en casos de violaciones a los derechos humanos. El mismo Santisi reconoció que muchos jueces ignoran la ley de Amnistía en sus fallos. Esa tendencia provocó que la mayoría de los represores juzgados y condenados en democracia se encuentren alojados en el penal de Punta Peuco, construido durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei en 1995. Ahí estuvo detenido Manuel Contreras, el jefe de Rivas que murió a los 86 años en agosto de 2015.

La abogada de seis de las víctimas chilenas en Australia, Adriana Navarro, ratificó que en la sentencia que accedía a la extradición de Rivas del 29 de octubre pasado firmada por el juez Philip Stewart del estado de Nueva Gales del Sur, se confirmó que “los delitos de lesa humanidad no prescriben”. La partida de Rivas hacia Chile solo se trataría de una cuestión de tiempo.

A la exagente de la DINA se la juzgará por la desaparición de un grupo de militantes del Partido Comunista chileno en el llamado Caso Conferencia. Contra Rivas pesa como agravante que se escapó de Chile en 2011. Había viajado a Santiago para asistir al cumpleaños de una sobrina, la detuvieron brevemente y huyó. La buscó Interpol, pero recién la arrestaron en Australia en febrero de 2019. La represora pudo mimetizarse entre la colonia de chilenos en Sydney, donde trabajó como niñera y personal doméstico. Su pasado en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional no había sido registrado en su país de residencia hasta que la descubrió la périodista uruguaya Florencia Melgar Hourcade en 2013.

La “Chany” – como se la conoce también a la ex secretaria de Contreras – justificó en la entrevista las torturas de la DINA porque “de la misma manera que lo hicieron los nazis, era necesario. Es la única forma de quebrar a la gente”. Rivas está acusada en el marco del Caso Conferencia del “secuestro agravado” de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile en 1976, así como de varios integrantes del Comité Central del partido. Son Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.

¿Por qué la protagonista de este proceso de extradición terminó en Oceanía? Hoy se sabe que agentes de la dictadura chilena y los servicios de Inteligencia australianos hicieron tareas conjuntas en los dos países. La relación entre ambos gobiernos quedó en evidencia cuando se filmó a los refugiados que protestaban contra Pinochet en Sydney. A fines de los ’70 varios exagentes de la DINA llegaron a su nuevo destino. Rivas lo hizo en 1978. Tuvo una vida sin contratiempos hasta que la perdió su afán de figuración. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) Lorena Pizarro dijo en 2015 que el proceso contra Rivas podía ser “la punta de un iceberg”.

Su futuro está otra vez en manos de la justicia australiana. El fiscal Trent Glover se pronunció porque la extradición de Rivas a Chile es procedente. Hasta hoy todas las apelaciones de la exsecretaria de Contreras fueron rechazadas. Su caso será resuelto por la nueva fiscal general del país, Michaelia Cash. Una senadora del partido liberal en el gobierno del primer ministro Scott Morrison.

[email protected]