Desde Santa Fe

La orden que el fiscal regional de Rafaela Diego Vigo les dio esta semana –por escrito- a los fiscales de su área para que “dejen sin efecto las colaboraciones requeridas” al Organismo de Investigaciones del MPA -porque ahora está al mando de Marcelo Sain- le puede costar el cargo. El Poder Ejecutivo lo denunció ayer ante el fiscal general Jorge Baclini, a quien solicitó que anule la directiva del funcionario porque es ilegal. Es una decisión “de facto, sin sustento legal”, la calificó. Vigo “carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de la intervención del Organismo de Investigaciones” en causas en trámite. Por lo tanto, ante esta “situación de gravedad institucional” en el servicio de justicia, el secretario del ramo, Gabriel Somaglia, le pidió a Baclini, no sólo que revoque la orden de Vigo, sino también que eleve “la presente” –como llamó a la denuncia- a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que analice si corresponde el proceso de remoción así como pidió la “intervención al fiscal en turno” para que analice si la conducta del fiscal regional de Rafaela encuadra en la “comisión de algún ilícito penal”.

Somaglia remitió la nota a Baclini ayer a la mañana. La firma él en su rol de secretario de Justicia, pero está claro que se trata de un pedido del Poder Ejecutivo. “Me veo en la obligación” de informarle –le dijo a Baclini- la “situación de severa gravedad institucional” que la orden de Vigo generó “en el servicio de justicia”. Se trata de la resolución 15/2021 del fiscal regional de Rafaela que “ordenó a todos los fiscales” de su área que “dejen sin efecto las colaboraciones requeridas” al Organismo de Investigaciones del MPA en causas en trámite y reclamen la “inmediata devolución de los legajos” que estén custodia de los investigadores.

Vigo “dispuso de facto, sin sustento legal alguno, el cese de la intervención del Organismo de Investigaciones”, que como parte del MPA tiene la obligación legal de investigar la “criminalidad compleja y organizada” y los delitos de funcionarios públicos, entre otros. “El fiscal regional de Rafaela anuló indebidamente la competencia del Organismo en el abordaje de sucesos delictuales que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad”, planteó.

La orden de Vigo a los fiscales del oeste “carece de todo asidero normativo” y se sustenta “en cuestiones absolutamente ajenas” al servicio de justicia. “El fiscal regional de Rafaela carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de la intervención del Organismo de Investigaciones”, ya que “tal decisión no se encuentra comprendida dentro de las atribuciones” que le asigna la ley.

Es más –agregó Somaglia- “el temperamento adoptado” por Vigo “lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales” y son ellos “los que tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones”.

La “conducta” de Vigo, dice Somaglia, “conspira contra el propio MPA, pues impedirá el esclarecimiento de hechos delictivos en curso y futuros”.

El pedido al fiscal general consiste en: 1) “Deje sin efecto la resolución 15/2021” firmada por el fiscal regional de Rafaela el martes pasado. 2) “Ante la manifiesta extralimitación legal del funcionario” para dictar esa medida, despache “la presente” –como llama a la denuncia- a la comisión de Acuerdos de la Legislatura para que se inicie el proceso de remoción en el cargo, previsto para los fiscales regionales. 3) De intervención al fiscal correspondiente, a los fines de que analice si la conducta de Vigo “podría configurar la comisión de algún ilícito penal, atento la palmaria extralimitación funcional materializada con el dictado de la instrucción general 15/2021”.