“La tarifa social dejó de ser tal para convertirse en una pequeña limosna”. Solo alcanza para tener prendido el piloto del calefón. Durante medio año, un consumo de gas superior a eso ya excede la cobertura. “El esquema vigente de tarifa social es inequitativo, desigual y potencia la pobreza energética”. El lapidario diagnóstico aparece en las conclusiones de un documento de los especialistas Claudio Boada y Fernanda Lacey, directivos de la Unión de Usuarios y Consumidores, que presentaron en el marco del debate por los próximos aumentos de servicios públicos que definirá el Gobierno.

Los problemas con la tarifa social del gas que identifican los expertos son dos: bajó sustancialmente la cantidad de personas que acceden al beneficio, de 1,7 millones a 1 millón, y cayó a su mínima expresión la disminución en la boleta respecto de la tarifa plena. En la actualidad, las familias que pagan tarifa social abonan entre 10 y 20 por ciento menos que el resto de los usuarios, cuando el descuento debería ser no menos de la mitad.

“La tarifa social se fue desdibujando lentamente hasta representar un descuento ínfimo en el total de la factura, o directamente desaparecer cuando se superan los topes de consumo”, advierte el documento.

La tarifa social cobró relevancia al inicio del gobierno de Mauricio Macri por los aumentos siderales de la luz y el gas. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la tarifa social tenía una incidencia marginal porque lo determinante eran los subsidios que pagaba el Estado, que hacían que las facturas fueran bajas de por sí, accesibles para los sectores populares.

El giro que impuso el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) en la política tarifaria, con eliminación de subsidios y aumento de tarifas, generó una explosión de demanda de la tarifa social.

El universo de beneficiarios, desde aquel entonces, comprende a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciban una remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos, inscriptos en el monotributo social, empleadas de casas particulares, personas que cobran seguro de desempleo, titulares de programas sociales, discapacitados y titulares de pensión vitalicia por ser veteranos de guerra.

El esquema original que implementó Cambiemos establecía que los usuarios residenciales “en situación de vulnerabilidad socio-económica” tendrían una bonificación del ciento por ciento en el precio del gas natural, debiendo abonar los costos de transporte y distribución.

Con ese esquema, la pobreza energética de todos modos escaló rápidamente, porque los aumentos fueron tan violentos que la tarifa social no terminó de amortiguarlos para amplios sectores de la sociedad.

“Fueron cientos de miles los usuarios que dejaron de contar con estos servicios, por la imposibilidad de afrontar el pago de las tarifas. Se produjo un enorme retroceso en el acceso a los servicios de gas natural y energía eléctrica”, recuerdan Boada y Lacey.

Sin embargo, en lugar de buscar alguna solución para esas situaciones de exclusión de servicios indispensables, el gobierno de Macri hizo lo contrario. Desde 2018 redujo la cobertura de la tarifa social en los dos planos señalados anteriormente: cantidad de personas alcanzadas y monto del beneficio.

En noviembre de 2017, después de ganar las elecciones de medio término, el gobierno de Cambiemos empezó a aplicar criterios de exclusión más estrictos y dejó de subsidiar el ciento por ciento del precio del gas natural. En su lugar, dispuso que la bonificación sería aplicable sobre bloques de consumo mínimo. Esa política se profundizó luego del crédito de emergencia que Macri pidió al FMI.

La consecuencia fue que de 1,7 millón de usuarios que pagaban la tarifa social de gas en 2016 se bajó a menos de un millón en diciembre de 2019. En la actualidad, luego de que se removieron algunos de los obstáculos para acceder al beneficio, son 1.035.000 los que pagan tarifa social en gas. El terreno a recuperar, como se aprecia, sigue siendo relevante.

La otra decisión clave que tomó la gestión Cambiemos en 2018 fue limitar el subsidio a un nivel de consumo extremadamente bajo. En total, en un año las familias no deben utilizar más de 501 metros cúbicos de gas. El prorrateo mensual, por razones de estacionalidad, determina que en enero y febrero los usuarios pueden gastar como máximo 15 metros cúbicos. “Eso equivale a la llama del piloto de un calefón. Solo la llama del piloto consume 0,5 metros cúbicos diarios”, precisa el informe. Es decir, en esos meses no hay que lavar los platos o bañarse con agua caliente para estar amparado por la tarifa social.

Prácticamente lo mismo ocurre en los meses de marzo, donde el consumo máximo con tarifa social es de 20 metros cúbicos; noviembre, con 23 metros cúbicos, y abril, con 28. En mayo y septiembre son 54 y 55 metros cúbicos, respectivamente, y en los meses de invierno, entre 73 y 89 metros cúbicos.

“En conclusión, la tarifa social que en marzo de 2016 cubría el ciento por ciento del precio del gas duró solo un año y medio. Luego pasó a cubrir unos poquísimos metros cúbicos al mes; algo difícil de cumplir si se pretende calefaccionar una vivienda en los meses de invierno. Claramente dejó de ser una tarifa social para pasar a ser una pequeña limosna que se le da como recompensa a los usuarios que no encienden más que el piloto del calefón”, denuncian los directivos de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Su reclamo es producir un quiebre en esas políticas implementadas por el macrismo y garantizar el acceso universal a los servicios básicos. Para el resto de los usuarios, además, rechazan cualquier aumento de tarifas mientras dure la pandemia, lo que choca con las restricciones fiscales del Estado, argumentan en el gabinete económico.

“Tenemos la oportunidad y estamos convencidos que es el momento de reordenar el esquema tarifario y trabajar con seriedad para que la tarifa social cubra las necesidades de muchas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los servicios públicos domiciliarios son derechos humanos, debemos trabajar para que las tarifas sean justas, razonables y asequibles para todos los usuarios y usuarias”, sostienen Boada y Lacey.

Dentro del Gobierno existen diferentes miradas sobre la cuestión. El interventor del Enargas, Federico Bernal, empuja en la misma dirección que las entidades de usuarios y de hecho fue el promotor de quitar varios de los criterios de exclusión para la tarifa social. La Anses, que es donde se gestiona el beneficio, está en la misma sintonía. En cambio, la Secretaría de Energía, que ahora depende del ministro Martín Guzmán, muestra menos entusiasmo en la tarea. La definición expresada por el ministro de mantener constantes los subsidios a los servicios públicos obligará a mejorar su distribución, como mínimo, si se busca que los sectores populares que se cayeron con Macri recuperen niveles de consumo razonables de gas y electricidad.