A pesar del rechazo mayoritario a la venta del predio de Costa Salguero y el uso de ese espacio para un gran negocio inmobiliario, el Gobierno porteño dio un nuevo paso en su proyecto privatizador: como todavía no logró convertir en ley ese proyecto en la Legislatura, prorrogó hasta fin de año la concesión del lugar --en manos de la empresa Telemetrix desde 1988--, para que nada interfiera en los planes oficiales. Las organizaciones sociales y legisladores que se oponen al enajenamiento de la zona costera exigen que en lugar de continuar la concesión, se destine de una vez esos terrenos al uso público.
La extensión de la concesión, que vencía el próximo 30 de abril, confirma que el predio quedará bajo la misma administración hasta el 31 de diciembre de este año. El destino del espacio viene de un largo debate en la Legislatura de la Ciudad, donde más de dos mil personas participaron de una audiencia pública por el proyecto de ley que impulsa el oficialismo porteño para rezonificar y construir un barrio náutico en la costa del río. El 97,3 por ciento de los participantes rechazó el proyecto y manifestó la necesidad de que el lugar se destine a un gran parque público.
Legisladores y legisladoras del Frente de Todos (FDT) presentaron un proyecto que prevé derogar la Ley 6.289, que permite la venta de las tierras, y establece que el predio se convierta en un Parque Ribereño llamado "Diego Armando Maradona". Para que la Legislatura tenga obligatoriedad de darle tratamiento al proyecto, el grupo de legisladores espera juntar 40 mil firmas, que representan el 1,5% del padrón electoral de la Ciudad.
"El rechazo popular a la privatización de Costa Salguero fue claro. Sacar la concesión sería una forma clara de demostrar que el predio es un espacio público, que allí no tendría que haber ni un hotel ni una cancha de golf", advirtió el legislador Matías Barroetaveña, que presentó un proyecto para demoler las construcciones del predio a partir del 1º de mayo. "Para el Gobierno de la Ciudad es clave continuar con la concesión porque mantiene la idea de que eso es un espacio privado" precisó a Página/12 el legislador y agregó que "la demolición apuntaba a que la gente pueda ir percibiendo que allí está la posibilidad de un parque".
Por su parte, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y autor de la iniciativa que propone la creación del Parque Ribereño, Mariano Recalde, señaló a este diario que la prórroga "significa que (Horacio Rodríguez) Larreta tuvo que postergar la venta, que es su objetivo principal" aunque advirtió que en lugar de empezar "a hacer el parque 'parcial' que prometió, eligió renovar la concesión que había criticado". Los integrantes del bloque cuestionaron además que la decisión sobre la prórroga no pasó por el cuerpo legislativo.
La resolución, que las autoridades de la Ciudad publicaron en el Boletín Oficial recién este martes 9 de abril, tiene fecha del 5 de febrero, pocos días después de que finalizara la masiva audiencia pública. El argumento principal es la falta de precisión sobre el destino de las tierras. "La dan a conocer ahora porque sabían que en febrero iba a generar un gran rechazo", señaló a este diario Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) y agregó que "es parte de la mentira de que para recuperar la costanera necesitan vender las tierras, son argumentos irracionales". El Observatorio, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la CTA Capital y la Defensoría de Laburantes, presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires "para cuestionar la constitucionalidad de esta prórroga, porque según la normativa vigente en la Ciudad toda privatización de la costanera es ilegal", explicó Baldiviezo y recordó que "en Punta Carrasco la concesión terminó en 2010 y la siguen prorrogando".
Ante la solicitud de la propia empresa Telemetrix --que tiene entre sus propietarios a Fernando Polledo, esposo de la legisladora del PRO Carmen Polledo-- para ampliar el contrato vigente, el Gobierno porteño consideró que lo más conveniente es que el lugar continúe como está: "la ocupación del predio, como ocurre actualmente, garantiza la seguridad y mantenimiento general del mismo y, en particular, además, la realización continuada de trabajos de defensa de costa y cuidado del relleno”. La prórroga divide el espacio en dos: el sector que alberga la mayor parte de las construcciones, más cercano a la avenida Costanera, que quedará a cargo de la empresa hasta el 31 de diciembre, y el resto del predio, donde se encuentra, entre otras atracciones, la cancha de golf, en donde el contrato se extiende hasta el 31 de julio. Entre los argumentos para extender la concesión de las tierras, la resolución indica que existe "una alta posibilidad de que pudieran ocurrir intrusiones y actos de vandalismo" en caso de desalojarlo. Por el contrario, desde las organizaciones que defienden el acceso al río consideraron que "era una posibilidad para cambiar el destino de esas tierras".
El proyecto de rezonificación urbanística, aprobado en octubre del 2019 en primera lectura y todavía en debate en la Legislatura, es la pieza que le falta al Gobierno de la Ciudad para avanzar con la venta de las tierras, regulada mediante la Ley 2.689 -sancionada en diciembre de 2019-, y la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hetáreas del sector de Costa Salguero y Punta Carrasco, "una mixtura entre comercios, oficinas, hotelería y viviendas", según explicaron los arquitectos ganadores del Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río "Parque Salguero". En total, las tierras de ambos predios suman una superficie de 333.515 metros cuadrados, de los cuales, según la ley aprobada en 2019, el 65 por ciento debe destinarse al uso público y a los espacios verdes.
"Entendemos que en algún momento van a aprobar la ley porque incluso salió una convocatoria para consultoría, para evaluar la capacidad de soporte de estos terrenos en cuanto a infraestructura. Son estudios de factibilidad que sirven para luego proveer servicios", explicó María José Leveratto, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas. Según la especialista, "en la parte donde está el golf, no lleva mucho más trabajo que el de sacar las vallas y las instalaciones" para que el terreno pase a formar parte del espacio público. "Fuimos muchos los que rechazamos el proyecto ante la Legislatura. Sería bueno que como respuesta el Gobierno le exiga a la empresa que retire sus cosas y se le empiece a dar otro destino al lugar", señaló Leveratto. Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale añadió que "la venta y la concesión son ambas ilegales, este predio podría ser público desde el primero de mayo". Viale consideró que la decisión de Larreta es "una burla a la participación ciudadana" y advirtió que se trata de "mantener todo como está hasta el momento en que vendan las tierras".
