La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó ayer por fraude en perjuicio de la administración pública y concusión a Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez, Mauro Cristóbal Paz y José Antonio Daruich, todos funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia. También fue imputado, aunque en su caso como partícipe necesario, el permisionario de estacionamiento medido José Waldo Mercado. 

La fiscala consideró además que todos integraban una asociación ilícita dedicada a fraguar actas de ese organismo público. La profundidad del accionar aún no se determinó fehacientemente, por eso la acusación de fraude y concusión es por "un número indeterminado de hechos". 

Los cinco hombres fueron detenidos el jueves último en el marco de operativos en los que se allanó la sede central del Registro Civil en busca de pruebas. Ayer accedieron a declarar en la audiencia pero rechazaron contestar preguntas. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, Salinas Odorisio detalló en su decreto de acusación que Mercado aprovechaba su trabajo como permisionario del estacionamiento medido en la ciudad de Salta para captar en la vía pública a "un número indeterminado de personas" a quienes les solicitaba dinero ofreciéndoles facilitar el trámite de obtención de actas del Registro Civil.

La otra parte estaba a cargo de los abogados Romero y Gómez; del estudiante Mauro Paz y de Daruich, quienes "abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos del Registro Civil y actuando en connivencia con el imputado Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda 'trámite oficial'", informó el MPF. El perjuicio al Estado consistía en que el pago que realizaban las personas contactadas no ingresaba a las arcas del erario público.

La fiscala entendió que los cinco hombres formaban parte de "una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial". 

Esta investigación se originó en la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien se enteró de que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación que se tramitan en el Registro Civil. Incluso llegó a saber que los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil. 

Uno de los comercios señalados fue una fotocopiadora y se indicó que se habría cobrado una tasa, cuando las actas que entregaban tenían el sello de "Trámite oficial" que implica que sería entregada por el Registro Civil sin arancel o con un valor muy inferior al cobrado. A esta investigación se agregó más tarde una denuncia radicada el 25 de marzo último por la directora General del Registro Civil, María Verónica Saicha Ibáñez.

El MPF detalló que en la investigación se determinó que una mujer pagó $1500 por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de los actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, es de $250 y de $ 117,17 si el trámite se hacía en forma presencial. 

Para dar una idea de las ganancias que esta actividad reportaba a los cinco hombres ahora acusados, el MPF detalló que en las tareas de vigilancia que hicieron miembros de la División de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se pudo determinar que en promedio, en un día, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de $520 cada una.

Respecto de los abogados Romero y Gómez, conocidos como “Los intocables”, el MPF informó que el primero era subdirector del Registro Civil, y el segundo, cumplía funciones de asesor jurídico. Paz y Daruich se desempeñaban como personal de oficina del Archivo del Registro Civil. 

En la imputación la fiscala destacó la función que desempeñaron los cinco hombres} y "el rol que cumplió cada uno de ellos en las actividades ilícitas y defraudatorias que tienen como damnificado al Estado Provincial y a los ciudadanos que abonan aranceles exigidos fuera de las tasas previstas, obteniendo de este modo un beneficio económico para sí".

Y recordó que la captación de esas personas era la tarea que cumplía el permisionario , a quien le reprochó que "a sabiendas del origen ilícito actuó como nexo para obtener las partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), a cambio de montos discrecionales que luego entrega a los funcionarios provinciales".